El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el 28 de agosto que está demandando al Distrito Escolar Unificado de Chino Valley por su política de notificación a los padres recientemente aprobada, que requiere que las escuelas notifiquen a los padres si su hijo desea identificarse como transgénero.
El Sr. Bonta afirma que la política —promulgada por el distrito en julio— viola la Constitución de California y los derechos federales de privacidad de los estudiantes, por lo que pretende detener su aplicación de inmediato.
«Cada estudiante tiene derecho a aprender y prosperar en un entorno escolar que promueva seguridad, privacidad e inclusión, independientemente de su identidad de género», dijo Bonta en una declaración que anuncia la demanda. «La normativa de outing forzada (hacer pública su identidad de género) pone injustamente en peligro el bienestar físico, mental y emocional de los estudiantes no conformistas que carecen de un entorno de aceptación en el aula y en casa».
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La demanda alega que la norma infringe varios derechos civiles y constitucionales de los estudiantes, incluida la Cláusula de Igual Protección de California —que reconoce a las personas LGBTQ+ como una clase protegida contra la discriminación— y el derecho constitucional de California tanto a la «privacidad informativa» como a la «privacidad de la autonomía».
Además, la demanda del Sr. Bonta cita los códigos estatales de educación y gobierno que garantizan la igualdad de derechos y oportunidades para los estudiantes y prohíbe la discriminación por motivos de identidad de género y expresión de género.
Will Swaim, presidente de la organización educativa sin ánimo de lucro California Policy Center, declaró a The Epoch Times que todo el conflicto se reduce a una simple pregunta: «¿Quién tiene autoridad sobre un niño?».
«El lugar más seguro para los niños es estar con sus padres», dijo el Sr. Swaim. «Para mí es inconcebible argumentar filosóficamente que de alguna manera el gobierno tiene un mejor interés o un interés más apremiante en nuestros hijos que nosotros como padres».
El Sr. Swaim dijo que pensaba que el Sr. Bonta está manipulando las leyes estatales para construir un caso en el que los derechos de los menores triunfan sobre los de los padres.
«El Sr. Bonta] está tratando de trabajar en las sombras de la ley estatal para ver si se entrecierra de cierta manera tal vez haya un caso en el que los niños menores de edad tengan derechos de privacidad para suplantar a los de sus padres, y no solo suplantar los derechos de sus padres para gobernarlos, [sino también] asumir la responsabilidad por ellos», dijo el director.
El dice que las leyes simplemente permitirían al gobierno o a las escuelas sustituir el papel de los padres en la vida de sus hijos.
«El argumento [del otro lado] es que estos maestros o administradores escolares de alguna manera saben más», dijo el director de la organización educativa.
Denuncia contra Bonta ante el Colegio de Abogados
A principios de este mes, el Sr. Swaim presentó una denuncia contra el fiscal Bonta ante el Colegio de Abogados de California en nombre de la organización educativa sin ánimo de lucro que supervisa.
En la denuncia, el Sr. Swaim sostiene que el Sr. Bonta tergiversó la orientación del Departamento de Educación de California como si fuera una ley e hizo lo mismo con respecto a la ley federal, según una carta sobre el tema, dirigida al distrito en julio.
En la correspondencia, el Sr. Bonta instó al distrito a votar en contra de la normativa, alegando que iba en contra de la orientación del Departamento de Educación de California, que establece que, «revelar la identidad o expresión de género de un estudiante a los demás puede poner en peligro la seguridad del estudiante. Por lo tanto, preservar la privacidad de un estudiante es de suma importancia. El derecho de los alumnos transgénero a mantener en privado su condición de transgénero se fundamenta en las leyes antidiscriminatorias de California, así como en las leyes federales y estatales».
El Sr. Swaim alega además que el Sr. Bonta repitió las mismas declaraciones falsas en un anuncio de agosto para iniciar una investigación de derechos civiles en el distrito, sobre la norma.
Según el Sr. Swaim, el Colegio de Abogados del Estado de California ha accedido a investigar la queja de su organización sin ánimo de lucro.
En una declaración del 25 de agosto en relación con la queja, el Sr. Swaim dijo que el Sr. Bonta cita la orientación del Departamento de Educación del estado con respecto al asunto, lo que no es una ley.
«La orientación es solo una orientación», dijo el Sr. Swaim. «No es una ley estatal o federal vinculante».
El Sr. Swaim también dijo que el Sr. Bonta «parece deliberadamente malinterpretar los pocos casos que cita» en la carta.
Por ejemplo, el Sr. Bonta citó el caso judicial Whalen vs. Roe de 1997, diciendo que «revelar que un estudiante es transgénero sin el permiso del estudiante (…) puede violar el derecho del estudiante a la privacidad», indicó el director.
Sin embargo, el Sr. Swaim argumenta que la sentencia de ese caso «no sugiere que los estados deban —o incluso puedan— ocultar información médica o relacionada con la salud a los padres o tutores de niños menores».
También afirma que el Sr. Bonta «infla completamente la importancia» del caso judicial de 2005 C.N. vs. Wolfe.
«Allí, la novedosa reclamación de privacidad de un estudiante sobrevivió a una moción de desestimación en una corte federal de distrito, pero el fallo del juez fue simplemente que el caso podía continuar en la corte, no una decisión sobre el fondo del caso, y no tiene valor de precedente en absoluto», señaló el Sr.Swain, agregando que «es importante destacar que ese caso no abordó ni discutió los derechos de los padres en absoluto».
El director de la organización educativa también indicó que las reclamaciones del Sr. Bonta tenían un «impacto en el mundo real», señalando que el sindicato de profesores del distrito aconsejó a sus miembros que hicieran caso omiso a la norma de la junta.
El sindicato de maestros de Chino Valley Unified presentó el 8 de agosto una queja laboral ante la Junta de Relaciones de Empleo Público de California contra el distrito después de que éste aprobara dos normas controvertidas, entre ellas la que exige a los maestros notificar a los padres cuando su hijo se identifica como transgénero.
En la demanda, los Profesores Asociados de Chino alegan que el distrito violó su contrato con el sindicato al no negociar con él antes de promulgar ambas normas.
El sindicato no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.
Desde que el consejo de Chino Valley Unified aprobó su norma, que exige específicamente a las escuelas notificar a los padres por escrito en un plazo de tres días si su hijo se identifica como transgénero, está involucrado en actos de violencia o comparte pensamientos suicidas, otros tres consejos escolares -Temecula Valley Unified, Murietta Valley Unified y Anderson Union High School District- han promulgado políticas similares.
Otro distrito del sur de California, Orange Unified, votará una política similar el 7 de septiembre.
El Colegio de Abogados de California no estaba inmediatamente disponible para dar sus comentarios.
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