Funcionarios chinos de Xinjiang sancionados por EE. UU. tienen antecedentes de crímenes de DD. HH.

Por Eva Fu
13 de Julio de 2020
Actualizado: 13 de Julio de 2020

Perseguir a los musulmanes uigures en la región de Xinjiang, en el extremo occidental de China, es solo uno de los muchos abusos contra los derechos humanos cometidos por los cuatro funcionarios chinos que fueron recientemente sancionados por la administración estadounidense.

Las sanciones, impuestas bajo la Ley Global Magnitsky el 9 de julio, impidieron que cuatro funcionarios chinos, así como su familia inmediata, ingresen a Estados Unidos. Las sanciones también bloquearán las propiedades estadounidenses que están bajo los nombres de los individuos y prohibirán las transacciones estadounidenses con ellos, dijo el departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En Xinjiang, hogar de aproximadamente 11 millones de uigures, al menos 1 millón de uigures y otras minorías étnicas musulmanas han sido detenidos en campos de internamiento y sometidos a tortura y adoctrinamiento político en un esfuerzo por obligarlos a renunciar a su fe. Pero esa persecución no se limita a Xinjiang.

Informes de derechos humanos y registros del gobierno chino han revelado una serie de abusos de derechos humanos cometidos bajo la vigilancia de los funcionarios, dirigidos a defensores de derechos humanos y grupos religiosos, incluidos los practicantes de Falun Gong.

Esta disciplina de meditación para la mente y el cuerpo basada en principios morales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia, también conocida como Falun Dafa, se ha enfrentado a una brutal persecución desde 1999. Es probable que en las últimas dos décadas millones de practicantes hayan sido detenidos y cientos de miles torturados, según estimaciones de el Centro de Información de Falun Dafa.

Minghui.org, un sitio web con sede en EE. UU. que sirve como centro de intercambio de información sobre la persecución en China, ha confirmado la muerte de más de 4500 practicantes, pero dada la dificultad para transmitir información confidencial hacia fuera de China, es probable que los números reales sean mucho mayores.

Los expertos en derechos humanos dicen que la experiencia del régimen chino con la represión a Falun Gong se convirtió en un modelo para que las autoridades de Xinjiang repriman a los uigures y otras minorías musulmanas.

Los practicantes de Falun Gong participan en una manifestación pacifica que conmemora el 20 aniversario de la persecución a Falun Gong en China, en el West Lawn de Capitol Hill el 18 de julio de 2019. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

El libro de jugadas anti-Falun Gong

Chen Quanguo, jefe del Partido Comunista Chino de Xinjiang y el funcionario chino de más alto rango que fue impactado con las sanciones estadounidenses, comenzó a perseguir a los practicantes de Falun Gong siendo funcionario de alto nivel en su ciudad natal, en la provincia de Henan.

De 2000 a 2005, subió de rango por participar en la campaña de persecución, y finalmente se convirtió en vicesecretario del comité permanente de Henan. Chen supervisó la destrucción de los folletos, libros y discos compactos de Falun Gong, además de expulsar a los funcionarios del gobierno que practicaban Falun Gong, informó The Wall Street Journal en 2019, citando registros provinciales. Los informes del gobierno parecen haber sido eliminados desde entonces.

Después de que Chen se convirtiera en el jefe del partido en Xinjiang en 2016, el período marcó “la persecución más severa” para los practicantes locales de Falun Gong, que se arriesgaban a ser arrestados mientras tomaban el transporte público, se reportaban al trabajo o visitaban las oficinas gubernamentales para asuntos personales, según Minghui. org.

Antes y después del cónclave crítico del partido, el XIX Congreso Nacional, en 2017, la policía de Xinjiang interrogó a todos los practicantes locales de Falun Gong, deteniendo a aquellos que se negaron a renunciar a sus creencias o colocando sus nombres en una lista de buscados. Algunos también fueron puestos bajo arresto domiciliario, según un informe de Minghui de 2018. Los practicantes de otras áreas que estaban pasando por los puntos de control de seguridad de Xinjiang también fueron arrestados, señaló.

En 2017, la región aumentó su gasto en seguridad en más de 27.5 mil millones de yuanes (3.93 mil millones de dólares), casi el doble de la cifra del año anterior, según muestran los presupuestos gubernamentales. Si bien el gobierno de Xinjiang no especificó a dónde se destinaron los fondos, la región ha visto un aumento de control a través de cámaras de vigilancia, monitoreo telefónico y recolección de datos de ADN desde entonces.

Una cámara de seguridad monitorea los alrededores mientras un trabajador se silencia mientras baja una escalera en un paso peatonal cercano en Beijing el 26 de enero de 2011, donde los residentes han vivido en medio de una mayor seguridad desde la preparación de los Juegos Olímpicos de 2008. Los medios de comunicación estatales informaron el 25 de enero que las autoridades de la inquieta provincia china de Xinjiang instalarán decenas de miles de cámaras de seguridad en la capital regional Urumqi, que fue sacudida por mortales disturbios étnicos en 2009. Xinjiang es una región vasta, árida y rica en recursos que limita con Asia Central y alberga a más de ocho millones de uigures, una minoría musulmana de origen turco. (Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP a través de Getty Images)

En los últimos tres años, los practicantes de Falun Gong en Xinjiang también se enfrentaron a arrestos por razones que van desde tener “pensamientos incorrectos”, negarse a abrir la puerta a la policía y usar otras aplicaciones móviles en lugar de WeChat, la aplicación de mensajería china ubicua y respaldada por el gobierno —sobre la cual dicen investigadores que han estado recopilando datos de usuarios tanto en China continental como en el extranjero para refinar sus mecanismos de censura.

Entre los arrestados se encontraba Yan Yixue, de 90 años, que se encuentra recluido en régimen de incomunicación desde a fines de mayo, poco antes de que el partido convocara su plenaria anual de Dos Sesiones. En 2018, fue detenida durante un año en un centro de lavado de cerebro, donde la policía la golpeó por practicar ejercicios de Falun Gong mientras estaba encarcelada. Estuvo esposada en un taburete de hierro, incapaz de moverse, durante casi medio mes. Ella organizó una huelga de hambre en protesta, según Minghui.org.

Agentes de la policía y del comité de vecindario en Xinjiang también con frecuencia ingresan a las casas de los practicantes locales de Falun Gong y los fotografían para actualizar la base de datos de reconocimiento facial del gobierno, según Minghui.org.

Sarah Cook, analista sobre China del grupo de derechos humanos Freedom House, ha escrito ensayos que analizan patrones similares sobre cómo los funcionarios chinos persiguen a los practicantes de Falun Gong comparados con las minorías musulmanas en Xinjiang, donde afirma que las autoridades estaban siguiendo un “libro de jugadas anti-Falun Gong en Xinjiang”.

“Es como cualquier tipo de gestión de proyectos. Una vez que lo has hecho antes, va mucho más rápido la segunda vez”, dijo Cook a The Epoch Times en una entrevista previa. “Saben exactamente lo que están haciendo”.

Otros dos funcionarios en la lista de sanciones de EE. UU., Zhu Hailun, exjefe adjunto del partido en Xinjiang, y Wang Mingshan, jefe de la oficina de seguridad pública de la región (similar a la policía), también participó en la persecución a Falun Gong, según una investigación por la Organización Mundial para Investigar la Persecución de Falun Gong, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos.

La organización relacionó al menos una muerte con Wang: la de Sheng Kezhi, de 77 años, practicante de Falun Gong de la capital de Xinjiang, Urumqi. Su esposa e hija, también practicantes de Falun Gong, sufrieron años de detención extrajudicial. Después de que su esposa fue nuevamente detenida en 2012, Sheng falleció por el estrés.

“Lo que el Partido Comunista Chino está haciendo a su propio pueblo es repugnante”, dijo el senador, Ben Sasse (R-Neb.), en un comunicado de prensa luego de las noticias sobre las sanciones, y agregó que “tenemos que hacer más para resaltar las atrocidades del PCCh hasta que sean obligados a rendir cuantas por sus abusos”.

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