La administración del presidente Joe Biden no ha devuelto a un solo inmigrante ilegal a México bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) luego que la Corte Suprema le ordenó reiniciar el programa el mes pasado.
Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos están en conversaciones con funcionarios en México para reiniciar el programa, pero México hasta ahora se resiste a una reanudación formal, según los documentos judiciales presentados esta semana.
«Las conversaciones con México están en curso y avanzan de buena fe, pero, hasta el momento, México aún no está de acuerdo en aceptar devoluciones en virtud del reinicio del MPP ordenado por la Corte», escribió Brian Ward, abogado del Departamento de Justicia de EE. UU., en una sola interposición.
Los formularios se enviaron al juez federal de distrito Matthew Joseph Kacsmaryk, un candidato de Trump quien inicialmente ordenó a la administración Biden reiniciar el programa, comúnmente conocido como “Permanecer en México” o MPP.
El programa de la era Trump se centra en hacer que muchos inmigrantes que buscan asilo esperen en México mientras se atienden sus casos. Más de 55,000 fueron devueltos hasta el 28 de octubre de 2019 bajo el programa. El gobierno de México acordó durante la administración anterior brindar protección y atención a los inmigrantes, aunque posteriormente se informó que algunos vivían en malas condiciones.
La Corte Suprema confirmó el fallo de Kacsmaryk el 24 de agosto, concluyendo que la finalización del programa por parte de la administración fue “arbitraria y caprichosa”, lo cual viola la ley federal.
El fallo ordenó al gobierno de Biden “hacer cumplir e implementar el MPP de buena fe hasta el momento en que haya sido rescindido legalmente de conformidad con la”Ley de Procedimiento Administrativo y hasta que el gobierno de los EE. UU. tenga suficiente capacidad de detención para arrestar a todos los inmigrantes ilegales que deben ser deportados bajo el Título 8 Sección 1255 del Código de los Estados Unidos «sin liberar a ningún extranjero debido a la falta de recursos de detención».
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el mismo día que había comenzado a conversar con el gobierno de México para reiniciar el programa, pero en las nuevas interposiciones indicó que se ha avanzado poco.
“Para reiniciar el MPP, los dos gobiernos deben llegar a un acuerdo sobre una serie de asuntos fundamentales, que incluyen: la composición de las personas que están sujetas al MPP, en qué circunstancias y ubicaciones pueden ocurrir los regresos a México y reingreso a los Estados Unidos para asistir a las audiencias judiciales, cuántas personas pueden inscribirse en determinados lugares, y los tipos de apoyo que estas personas recibirán en México. Todos estos temas, y otros, permanecen bajo negociación activa”, dijo Ward, el abogado del gobierno de Estados Unidos.
“Es importante destacar que el MPP no puede funcionar sin el acuerdo de México de aceptar a personas que regresan de Estados Unidos bajo el programa”, agregó.
Al mismo tiempo, el gobierno de EE. UU. está trabajando en la organización de otras partes del programa, como la exploración de fondos y la obtención de contratos para reconstruir las instalaciones utilizadas para las audiencias de los inmigrantes ilegales que forman parte del programa.
Las instalaciones utilizadas anteriormente fueron reutilizadas y tendrían que ser reconstruidas teniendo en cuenta las medidas de COVID-19, dice el gobierno de EE. UU. El costo inicial está fijado en USD 14.1 millones para la construcción con otros USD 10.5 millones por mes necesarios para operar las instalaciones.
Los contactos no se ejecutarán hasta que se llegue a un acuerdo con México.
El gobierno de México ha dicho poco sobre el MPP más allá de afirmar que no estaba obligado por las decisiones de la corte estadounidense, pero que discutiría el asunto con funcionarios estadounidenses.
La actualización del gobierno de EE. UU. se realizó para adherirse a la orden de Kacsmaryk, que decía que mientras el gobierno de EE. UU. trabajaba para reiniciar el MPP, tendría que presentarle un informe cada mes, a partir del 15 de septiembre, sobre el progreso realizado y la situación con respecto a la inmigración ilegal en el país.
Los agentes fronterizos estadounidenses realizaron más de 200,000 arrestos en la frontera sur en agosto, uno de los meses que más detenciones registró, mientras la administración de Biden lidia con una afluencia masiva que no muestra signos de disminuir.
Los estados a lo largo de la frontera han intentado contraatacar en los tribunales. La orden de reanudar el MPP provino de una demanda presentada por los estados de Missouri y Texas.
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