En la intersección entre Oriente y Occidente, el centro internacional de Hong Kong ha prosperado durante mucho tiempo gracias a su dinámico discurso público, prensa vibrante y comercio dinámico.
Ahora, un número creciente de hongkoneses están considerando huir de la ciudad, ya que temen que las preciadas libertades, que distinguen el territorio de China continental, se desvanezcan bajo la última invasión de Beijing.
El 1 de julio, en el 23° aniversario de la transferencia de soberanía del gobierno británico al chino, entró en vigencia una ley de seguridad nacional expansiva. Delitos como la secesión, la subversión y la «colusión con fuerzas extranjeras» conllevarían una pena máxima de cadena perpetua,
La ley provocó temores de que Hong Kong, una vez un lugar donde la gente podía abiertamente criticar al régimen, se convertiría en otra ciudad de China continental bajo el control autoritario del Partido Comunista Chino (PCCh).
«Esta es una tragedia global», dijo a La Gran Época el Dr. Michael A. Walker, presidente de la Cátedra de Investigación de Libertad Económica del Instituto Fraser. El 3 de julio, el instituto con sede en Canadá emitió una carta denunciando la ley, al tiempo que pedía una «respuesta global» para abordar el deterioro de la situación en Hong Kong. Desde el 3 de julio la carta empezó a ser firmada por una coalición de grupos de expertos de 39 países.
Represión al discurso
La policía de Hong Kong actuó rápidamente, arrestando a 10 sospechosos de violar la ley cuando miles de manifestantes se reunieron en Causeway Bay el 1 de julio para oponérsele. En algunos casos, fueron arrestados por poseer banderas, pancartas y volantes con lemas que abogaban por la independencia de Hong Kong.
Mientras tanto, un restaurante en Shau Kei Wan, una de las miles de tiendas que apoyan abiertamente el movimiento prodemocrático de Hong Kong, se vio obligado a eliminar mensajes de protesta y carteles de sus paredes el 2 de julio, después de recibir una advertencia de la policía.
Cuatro policías armados aparecieron en la tienda por la mañana y fotografiaron el interior, dijo el dueño del restaurante a La Gran Época. Citando la nueva ley de seguridad nacional, la policía amenazó con arrestarlo si continuaba mostrando calcomanías que expresan su apoyo al movimiento.
Más tarde esa noche, el gobierno de Hong Kong anunció que el lema de protesta popular «Liberar a Hong Kong, la revolución de nuestros tiempos», estaría prohibido, declarando que era una violación de la nueva ley porque «connota» un mensaje pro-independiente, separatista y subversivo.
“¿Hong Kong sigue siendo Hong Kong? ¿En qué se diferencia hoy Hong Kong de otras ciudades chinas como Guangzhou y Shanghai? » dijo en una entrevista Gordon Lam, el dueño del restaurante. Obligado a cumplir con la orden policial, la tienda cerró temporalmente para limpiar las pegatinas. El gobierno, dijo, está utilizando la ley para destruir su libertad económica y libertad de expresión. «Esta ley de seguridad nacional está destruyendo a fondo los valores centrales de Hong Kong», dijo a La Gran Época.
Varias tiendas han comenzado a eliminar mensajes prodemocráticos previendo la represión que se avecina. Las bibliotecas también sacaron libros a favor de la democracia de sus estanterías. El 4 de julio, la policía (con la excusa de que se estaba violando la nueva ley) le quitó una bandera estadounidense a una manifestante durante una marcha local que celebraba el Día de la Independencia de Estados Unidos.
El destacado activista Nathan Law, quien testificó en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos el 1 de julio, huyó de Hong Kong a un lugar no identificado, y dijo que, si se quedaba, su «discurso y apariencia pondrían en grave peligro mi propia seguridad, dadas las circunstancias».
Aparato de seguridad
Las autoridades chinas afirmaron que la ley apuntaría a un pequeño segmento de la sociedad, pero las definiciones amplias y vagas de los delitos, así como un artículo que estipula que los residentes, que no son de Hong Kong, también podrían ser procesados, han llevado a expertos legales y observadores de derechos humanos a temer que tanto los residentes como los extranjeros, que provocan la ira del régimen, puedan estar a su merced una vez que pisen suelo de Hong Kong.
Dichas leyes «nunca deberían usarse para criminalizar la conducta y la expresión que están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos», dijo la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en una declaración del 3 de julio, expresando alarma por la posible «interpretación y aplicación discriminatoria o arbitraria».
La ley de seguridad nacional también exige que se establezca una nueva oficina de seguridad en la ciudad.
El 3 de julio, Beijing designó a Zheng Yanxiong, conocido por su papel en la represión de las protestas anticorrupción de 2011 en la aldea de Wukan, en el sur de China, para dirigir el nuevo buró de seguridad, que responde directamente al gobierno central.
«Solíamos pensar en la ‘policía secreta’ como algo abstracto. Ahora es un miedo muy real”, dijo Law en la audiencia del 1 de julio. En 2016, Law ganó una elección para convertirse en legislador local, pero fue descalificado después de protestar por el control de Beijing sobre Hong Kong durante su ceremonia de juramento.
Reacción global
A causa del coro de reacciones internacionales, el régimen chino, como en el pasado, ha dicho que la ley y su implementación son «asuntos internos».
«¿Qué asuntos tienen que ver con usted?» dijo Zhang Xiaoming, subdirector de la oficina de Beijing para los asuntos de Hong Kong, durante una conferencia de prensa del 1 de julio, cuando se le preguntó sobre posibles sanciones de los gobiernos occidentales.
El Congreso de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley que impondría sanciones a los funcionarios chinos que violen la autonomía de Hong Kong y a los bancos que hacen negocios con ellos. El Reino Unido prometió extender los derechos de inmigración a unos 3 millones de habitantes de Hong Kong, una decisión con la que aproximadamente dos tercios del público británico estuvieron de acuerdo, según una encuesta reciente. Los legisladores del partido gobernante de Japón están haciendo campaña para cancelar la próxima visita del líder chino Xi Jinping, a la luz de los acontecimientos en Hong Kong.
La ciudad es «la primera línea en la lucha por la libertad contra el autoritarismo», dijo Benedict Rogers, un activista de derechos humanos establecido en Londres y crítico vocal de la invasión de Beijing sobre Hong Kong.
«Si se le permite al régimen salirse con la suya impunemente, entonces no se detendrá con Hong Kong», dijo al programa American Thought Leaders de La Gran Época.
«El Partido Comunista Chino ya está invadiendo nuestras libertades, en su país y en el mío, y no debemos permitir que eso continúe».
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