Cuarenta parlamentarios canadienses de varios partidos están instando al gobierno federal a pedirle al Partido Comunista Chino (PCCh) que ponga fin a la persecución contra los practicantes de Falun Gong en China. También quieren que Asuntos Globales incluya una mención específica de Falun Gong entre otros grupos perseguidos en su marco de política de China.
“Nosotros, los parlamentarios abajo firmantes, instamos al gobierno a que incluya a Falun Gong explícitamente en el Marco Político con China de Asuntos Globales de Canadá (mientras se mencionan otros grupos perseguidos), condenamos el ataque continuo del PCCh contra esta fe pacífica y pedimos el fin de la persecución en China”, dijeron los parlamentarios en una carta dirigida al primer ministro Justin Trudeau y a la ministra de Asuntos Exteriores Mélanie Joly.
Una sección relacionada con el «Plan Departamental 2022-23» del Marco Político con China de Asuntos Globales dice: «Canadá continuará hablando en contra de la represión de China de los pueblos uigures y tibetanos, y de todas las minorías religiosas en China».
La misiva llega antes del 20 de julio, que marca 23 años desde que el PCCh lanzó “una campaña sistemática y brutal para erradicar Falun Gong, una práctica espiritual guiada por los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia”, dice.
Está firmado por 31 diputados conservadores, dos senadores conservadores, cinco diputados liberales, la diputada verde Elizabeth May, y la senadora independiente Kim Pate.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, creció en popularidad rápidamente luego que se hiciera público en China en 1992, con encuestas oficiales del gobierno que mostraban que entre 70 y 100 millones de personas en todo el país se consideraban practicantes de esta tradicional práctica espiritual. Sin embargo, según Falun Dafa Infocenter, las autoridades del PCCh, incluido el entonces líder Jiang Zemin, vieron la popularidad de Falun Gong como una amenaza y el 20 de julio de 1999 iniciaron una campaña de persecución de gran alcance para erradicar la práctica.
Desde entonces, un número incalculable de practicantes han sido injustamente encarcelados, muchos torturados hasta la muerte, mientras que muchos otros huyeron del país para escapar de la persecución. Luego que surgieran informes a principios de la década de 2000 de que el régimen estaba involucrado en la sustracción forzada de órganos de prisioneros de conciencia de Falun Gong para impulsar el lucrativo negocio de trasplantes de órganos de China, el difunto exdiputado David Kilgour y el abogado canadiense David Matas iniciaron una investigación sobre el problema en 2006. Su informe posterior corroboró las acusaciones.
Un tribunal independiente en el Reino Unido presidido por Sir Geoffrey Nice QC, quien anteriormente dirigió el enjuiciamiento del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic en el Tribunal Penal Internacional, concluyó en 2019 que los practicantes de Falun Gong son una de las principales fuentes para abastecer el comercio de sustracción forzada de órganos en China. El tribunal examinó las pruebas disponibles y escuchó a más de 50 testigos.
“Las atrocidades están bien documentadas por expertos/organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, organismos gubernamentales y las Naciones Unidas”, dice la carta de los parlamentarios, al tiempo que hace referencia a la conclusión del panel independiente.
Agrega: “Por ejemplo, en junio de 2021, una declaración de 12 relatores especiales de las Naciones Unidas dijeron que estaban “extremadamente alarmados” por información creíble de que la sustracción forzada de órganos tiene como objetivo a los practicantes de Falun Gong detenidos. Esto ocurre luego que la Resolución 343 de la Cámara de Representantes de los EE. UU. fue aprobada por unanimidad en 2016, la cual “expresa preocupación por los informes persistentes y creíbles de sustracción sistemática de órganos” contra practicantes de Falun Gong por parte del régimen chino en “grandes cantidades”.
La carta cita un informe de 2015 de Freedom House que afirma: “Cientos de miles de practicantes fueron condenados a campos de trabajo y penas de prisión, lo que los convierte en el mayor contingente de presos de conciencia del país”.
“Casi una década antes, el relator especial de la ONU, Manfred Nowak, informó que “los practicantes de Falun Gong representaban el 66 por ciento de las víctimas de presuntas torturas mientras estaban bajo custodia del gobierno”, agrega la carta.
Citando un estudio dirigido por investigadores canadienses publicado en Genocide Studies and Prevention revisado por pares, la carta señala que “los académicos han concluido que la erradicación de Falun Gong por parte del PCCh es un genocidio”.
La carta también menciona el caso de la ciudadana canadiense Qian Sun, quien está detenida en prisión en China por su creencia en Falun Gong. Agrega que 12 familiares de canadienses están sufriendo el mismo calvario en China porque eran practicantes.
“Lamentablemente, nunca ha habido tanta disparidad entre una crisis humanitaria y el silencio de la comunidad internacional como la observada en la persecución contra Falun Gong durante las últimas dos décadas, donde expertos en derechos humanos y legales afirman que están ocurriendo crímenes de lesa humanidad”, dice la carta.
“Contamos con el gobierno para defender los derechos humanos internacionales de todos los grupos perseguidos. En particular, la comunidad de fe de Falun Gong merece una mención explícita en el actual Marco Político con China de Asuntos Globales, del que ha sido excluida, ya que en China siguen siendo objeto de actos horribles y odio, así como aquí en Canadá”.
“Es hora de que hablemos por ellos”.
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