La campaña del presidente Donald Trump confía en que al menos una legislatura estatal recuperará el poder para seleccionar a los electores y cambiará para apoyar a Trump, dijo el lunes la abogada de la campaña Jenna Ellis.
Mientras que la campaña sigue adelante con las demandas en los estados pendulares, Ellis dijo que ella y el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, se han enfocado en acudir a las legislaturas estatales y alertarlas de que tienen la autoridad constitucionalmente delegada para asegurarse de que seleccionen a sus delegados.
«Así que cuando todas estas normas y leyes en sus estados han sido ignoradas, es en realidad su obligación constitucional, su responsabilidad y su poder exclusivo asegurarse de retirar a sus delegados y no permitir que estas falsas certificaciones simplemente sigan adelante», dijo Ellis durante una aparición virtual en Fox Business.
La campaña confía en que la legislatura estatal de Georgia lo haga, y espera que las legislaturas de Michigan, Pensilvania y Arizona lo sigan.
«Estamos muy seguros de que al menos en Georgia y esperamos que también en Arizona, en Pensilvania y también en Michigan, estas legislaturas estatales se tomen realmente muy en serio la integridad de las elecciones, reclamen sus delegados antes del día 14 y hagan su propia investigación independiente sobre la integridad de las elecciones, y luego certifiquen ante el Colegio Electoral los delegados que realmente reflejen la voluntad del pueblo, no estos resultados falsos y corruptos», dijo.
Los legisladores estatales de Georgia presionaron el lunes para obtener suficientes votos en una petición para convocar una sesión especial con el fin de recuperar el poder de seleccionar a los electores.
«Lo que buscamos es tener una sesión especial para revisar esto y luego determinar si la elección fue válida o no», el senador estatal republicano William Ligon dijo a The Epoch Times. «Y si no fue válida, entonces la legislatura… tendrá que votar por quiénes serán los electores».
Los republicanos tienen una mayoría de 103-75 en la Cámara de Representantes de Georgia y una mayoría de 35-21 en el Senado de Georgia.
En Arizona, un grupo de 28 miembros y miembros electos de la legislatura estatal pidieron descertificar la elección, citando irregularidades y acusaciones de fraude.
El representante Walter Blackman, republicano, dijo a una multitud, mientras anunciaba el esfuerzo, que la elección había sido robada.
«Los demócratas están tratando de quitarnos el voto otra vez. No solo están tratando de quitarnos los votos de los estadounidenses negros, están tratando de quitarnos los votos de los estadounidenses», dijo.
El presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Rusty Bowers, republicano, no está de acuerdo con el esfuerzo de recuperar el control de la elección de los electores. El GOP controla la Cámara de Arizona con 31-29 y tiene una mayoría de 17-13 en el Senado estatal.
La Corte Suprema de Arizona aceptó el lunes escuchar una demanda republicana que cuestiona la certificación de los resultados de las elecciones.
Un grupo de 11 legisladores de Pensilvania presentó recientemente una demanda para que un juez ordene al gobernador Tom Wolf, un demócrata, que retire la certificación de los resultados de las elecciones. Un grupo más grande pidió al Congreso que disputara los 20 electores del estado cuando la Sesión Conjunta del Congreso se reúna el 6 de enero.
Los republicanos tienen una mayoría de 113-90 en la Cámara de Representantes de Pensilvania y una mayoría de 28-21 en el Senado estatal.
La campaña Trump pidió el lunes al máximo tribunal de Michigan que dictaminara que el proceso electoral del estado violaba la Constitución de Michigan, y Giuliani instó a los legisladores durante una audiencia del comité de la Cámara estatal este mes a intervenir debido a un presunto fraude.
El Partido Republicano controla tanto la Cámara como el Senado en Michigan.
Algunos creen que el tiempo para impugnar los resultados de las elecciones se acaba el 8 de diciembre, conocido como la fecha de «puerto seguro».
«Los estados tienen hasta el 8 de diciembre, conocido como la fecha límite de ‘puerto seguro’, para resolver cualquier disputa electoral», dijo el mes pasado el diputado Raja Krishnamoorthi (D-Ill.).
Pero el plazo, que se entiende que libera a un estado de más impugnaciones a la competencia electoral, si resuelve las disputas legales y certifica sus resultados al menos seis días antes de las reuniones del Colegio Electoral del 14 de diciembre, no está escrito en piedra, ni tampoco hay otros plazos, argumentó un grupo de vigilancia de la integridad de las elecciones la semana pasada.
La única fecha establecida constitucionalmente en el proceso electoral es el 20 de enero, cuando el próximo presidente de Estados Unidos tome posesión del cargo, según el Proyecto Amistad, de la sociedad no partidista Thomas More.
Con información de Tom Ozimek.
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