El recién nombrado abogado especial pidió el 2 de diciembre a un juez estadounidense que detenga la revisión independiente de los documentos que el FBI incautó en la casa del expresidente Donald Trump en Florida.
El abogado especial Jack Smith le dijo a la jueza de distrito de Estados Unidos Aileen Cannon que el trabajo del juez de distrito de Estados Unidos Raymond Dearie debe ser detenido a la luz de un fallo de la corte de apelaciones el 1 de diciembre que Cannon nombró indebidamente a Dearie como perito especial, o árbitro independiente.
Un panel del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el 11º Circuito dictó la sentencia, que revocó la orden de Cannon de nombrar a Dearie.
Sin embargo, el tribunal también suspendió la orden durante siete días para dar tiempo a Trump a apelar al tribunal de apelaciones en pleno o a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En el ínterin, Cannon, una persona nominada por Trump, debería detener el trabajo de Dearie ella misma, dijo Smith.
Su petición vino en forma de solicitud de una prórroga de una semana para los próximos plazos que habían sido fijados por Dearie.
«A la espera de la emisión del mandato del Undécimo Circuito, las partes y el perito especial tienen plazos y trabajo que quedarán sin efecto cuando se emita el mandato», dijo Smith, recién nombrada por el fiscal general Merrick Garland.
Detener la revisión «conservará los recursos de este Tribunal, del perito especial y de las partes, de acuerdo con la Regla Civil 1, que rige esta acción civil», añadió.
Si se presenta una apelación y tiene éxito, «el Tribunal, el perito especial y las partes reanudarán el trabajo donde lo dejaron bajo los plazos extendidos con solo una semana de retraso», dijo también Smith.
Smith dijo que los abogados de Trump no habían dicho si apoyaban o se oponían a la moción.
La respuesta de Trump
En una respuesta horas después, los abogados de Trump dijeron que Cannon no debería conceder la petición.
«El Undécimo Circuito acortó el tiempo para emitir el mandato, disminuyendo así el ya limitado tiempo disponible para que el presidente Trump busque opciones legales», dijo Lindsey Halligan, uno de los abogados.
«El presidente Trump se opone a la modificación de la actual orden de gestión del caso en este momento».
Halligan también planteó la celebración de una conferencia de estado, o una reunión sobre el caso entre las partes, el 6 de diciembre o en cualquier momento posterior.
Si se celebra antes de que Cannon se pronuncie sobre la moción, la conferencia contaría con los abogados del gobierno argumentando a favor de concederla, mientras que los abogados de Trump expondrían su oposición.
Perito especial
En septiembre, Cannon nombró a Dearie, una persona nominada por Reagan, como perito especial en el caso.
Los peritos especiales trabajan para resolver las diferencias entre las partes en asuntos que incluyen el privilegio.
Cannon dictaminó que a Trump «se le estaba privando de documentos personales potencialmente importantes, lo que por sí solo crea un daño real» y que «se enfrenta a un daño potencial incuantificable por medio de la divulgación indebida de información sensible al público».
«Además, el demandante corre el riesgo de sufrir un perjuicio por la retención y el uso potencial por parte del Gobierno de materiales privilegiados en el curso de un proceso que, hasta ahora, ha estado cerrado al demandante y que ha suscitado al menos algunas preocupaciones en cuanto a su eficacia, aunque sea de forma inadvertida», añadió.
Los agentes del FBI se incautaron de más de 11,000 documentos en Mar-a-Lago, la finca de Trump en Palm Beach, durante una redada el 8 de agosto que fue aprobada por un juez magistrado estadounidense.
Según una lista de inventario del gobierno, los agentes también se llevaron más de 1600 artículos de periódicos y revistas, carpetas vacías, prendas de vestir, libros y regalos.
Los funcionarios del gobierno creen que Trump violó la Ley de Espionaje y otras leyes en su manejo de materiales, incluyendo registros con marcas clasificadas. Trump ha dicho que desclasificó esos registros y denunció la redada como injusta.
Sentencia del Tribunal de Apelaciones
El panel de la corte de apelaciones dijo que Cannon carecía de jurisdicción para nombrar un perito especial bajo el principio de jurisdicción equitativa, o la autoridad para actuar en interés de la justicia, porque no se ha anunciado una acusación y porque Trump no ha demostrado que la incautación fue ilegal.
«La ley es clara. No podemos escribir una norma que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del gobierno después de la ejecución de la orden. Tampoco podemos escribir una regla que permita solo a los expresidentes hacerlo», dijo el panel.
«Cualquiera de los dos enfoques supondría una reordenación radical de nuestra jurisprudencia que limita la participación de los tribunales federales en las investigaciones penales. Y ambos violarían las limitaciones fundamentales de la separación de poderes».
Los abogados del gobierno habían argumentado que el nombramiento era ilegal. Cannon «no debería haber ejercido la jurisdicción sobre este caso en primer lugar», dijo Sopan Joshi, uno de los abogados, durante una audiencia reciente.
James Trusty, un abogado que representa a Trump, dijo que el nombramiento de Cannon era apropiado porque Trump no podía establecer que la redada era ilegal sin acceso a los documentos.
«Se trata de un juez que nos está dando la oportunidad de crear inicialmente una reserva de jurisdicción equitativa limitada para que exploremos si hay o no una reclamación válida», dijo Trusty.
El panel estaba formado por los jueces de circuito William Pryor, nominado por George W. Bush; Britt Grant, nominado por Trump; y Andrew Basher, nominado por Trump.
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