La administración del presidente Joe Biden pidió el 8 de julio a la Corte Suprema que suspenda una orden de una corte inferior que le impide poner en práctica unas directrices que reducen el número de inmigrantes ilegales que pueden ser detenidos y deportados.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. esta semana obligó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a “detener toda implementación de las directrices que había estado trazando el curso de la agencia durante meses” y a miles de trabajadores del DHS “se les ha dicho que deben hacer caso omiso de su formación y dejar de considerar las instrucciones del Secretario”, dijo la procuradora general Elizabeth Prelogar, designada por Biden, a la Corte en una solicitud de suspensión.
El miércoles, la corte de apelaciones confirmó el fallo de un juez de distrito que encontró que las directrices en cuestión, emitidas en 2021 por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no se adhieren a la ley federal que instruye al gobierno de EE. UU. a arrestar, detener y expulsar a los extranjeros ilegales condenados por ciertos delitos.
El juez federal de distrito Drew Tipton, designado por Trump, ordenó al gobierno poco después de que se emitiera la guía que no la aplicara.
Mayorkas había dicho a su agencia que no tomara medidas contra los inmigrantes ilegales únicamente debido a una condena, mientras que también calificaba de improcedente actuar contra un extranjero únicamente por estar en el país de forma ilegal.
Mayorkas ha afirmado que Estados Unidos carece de los recursos para tomar medidas contra todos los inmigrantes ilegales, cuyo número se estima entre 10.5 y 22 millones.
En otro caso relacionado con la misma orden, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EE.UU. anuló a principios de este año un requerimiento preliminar a nivel nacional contra la orden, señaló Prelogar a la máxima corte del país.
Ella dijo que la Corte Suprema debería suspender el fallo de Tipton en su totalidad, o como mínimo, en todos los estados además de Texas y Luisiana, que presentaron el caso que desencadenó el fallo.
“Ese juicio está frustrando la gestión del Secretario del Departamento que encabeza y entorpeciendo los esfuerzos del DHS para concentrar sus recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza más grave para la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de las fronteras de nuestra nación», dijo.
Los esfuerzos de la administración Biden de reducir la aplicación de la ley contra los inmigrantes ilegales y el número sin precedentes de extranjeros que ingresan al país han generado una serie de batallas judiciales. El caso podría obligar a los jueces a abordar una cuestión que eludieron explícitamente cuando dijeron recientemente que Biden podría poner fin al programa «Permanecer en México» de la era Trump, que obligó a muchos solicitantes de asilo a esperar en México hasta que se atendieran sus solicitudes.
En la opinión mayoritaria, los jueces dijeron que «no necesitan y no deciden si el requisito de detención» esbozado en la ley federal «está sujeto a principios de discreción de aplicación de la ley, como argumenta el Gobierno, o si las prácticas actuales del Gobierno simplemente violan esa disposición”.
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