El número de detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos descendió bruscamente en el primer mes de 2023, pero aun así batió el récord de enero.
Los arrestos de inmigrantes que cruzaron ilegalmente al país desde México ascendieron a 156,274 en enero, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esto supuso un descenso del 40 % con respecto a diciembre de 2022, pero la cifra más alta de la historia para un mes de enero.
Funcionarios de la administración atribuyeron la disminución a las nuevas políticas que se han implementado bajo la dirección del presidente Joe Biden, como un programa que permite a los nacionales de cuatro países, incluido Cuba, obtener autorización de trabajo si cumplen con ciertos criterios.
«El significativo descenso de los encuentros con la Patrulla Fronteriza, muy por encima de lo esperado en función de las tendencias estacionales, es indicativo del éxito de las medidas anunciadas por la Administración», señaló la CBP en una declaración. La Patrulla Fronteriza forma parte de la CBP.
Como prueba, la agencia señaló que las detenciones de nacionales de los cuatro países en cuestión seguían descendiendo en picada.
Parte de la razón del descenso fue que la administración concedió la libertad condicional a 11,637 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El nuevo programa aprovecha el poder que el Congreso otorgó a los funcionarios de inmigración para conceder la libertad condicional, o autorización temporal, lo cual están aplicando a miles de personas que de otro modo estarían en el país ilegalmente.
Veinte estados interpusieron una demanda por esta medida, alegando que viola la ley federal. En la ley, el Congreso dice que el poder de libertad condicional solo podría concederse «caso por caso».
El presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, Dan Stein, dijo que las cifras de enero «no representan un fuerte descenso de la inmigración ilegal», sino que muestran «un esfuerzo transparente por enmascarar la crisis fronteriza mediante programas ilegales que permiten a los extranjeros inadmisibles entrar en Estados Unidos por otros medios».
Además del programa de libertad condicional, Stein señaló que la administración desarrolló una aplicación que permite a los migrantes notificar a la CBP su intención de solicitar asilo incluso antes de llegar a Estados Unidos. A esos inmigrantes se les permite entrar en Estados Unidos si superan una comprobación de antecedentes.
Cualquier inmigrante ilegal puede solicitar asilo, pero las condiciones para concederlo son estrictas y la mayoría de las solicitudes no prosperan. Los tribunales que atienden las solicitudes están tan saturados que la mayoría de las personas que solicitan asilo pueden pasar años en el país sin que se resuelvan sus casos.
«Incluso con estos planes recién ideados, el número de migrantes encontrados en la frontera sur de forma ilegal se mantuvo en niveles históricamente altos, siendo 156,274 el mayor enero jamás registrado», dijo Stein.
Las nuevas cifras significan que la Administración está a punto de batir los récords anteriores de mayor número de detenciones en un año fiscal y en un año natural.
Dichos récords fueron batidos por la administración Biden en el año fiscal 2022, que finalizó el 1 de octubre de 2022, y en el año natural de 2022.
Detalles de la aplicación de la ley
Muchos de los inmigrantes ilegales, aproximadamente el 69 %, detenidos en enero, eran adultos solteros.
Entre los detenidos, 108,573 fueron adultos que viajaban solos y 38,087 eran unidades familiares o grupos de familiares que viajaban juntos.
Los menores no acompañados o niños que llegaron sin un adulto responsable fueron 9393. Durante el gobierno de Biden los menores no acompañados han llegado a la frontera con cifras históricamente elevadas.
Muchos de los inmigrantes ilegales —unos 66,000— fueron expulsados en virtud del Título 42, la orden de salud pública que la Corte Suprema ha obligado a la administración a mantener en vigor.
El resto fueron procesados al amparo del Título 8, la ley federal de inmigración que permite solicitar asilo.
Según esta ley, los funcionarios deben mantener bajo custodia a los solicitantes de asilo hasta que se resuelvan sus casos, pero no ha sido así durante años.
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