Cerca de una docena de proyectos de ley de control de armas avanzaron rápidamente a través de la legislatura estatal de Virginia en las últimas semanas, mientras que algunas de las medidas más controvertidas, como la prohibición de poseer y vender «armas de asalto», fueron anuladas.
Los demócratas ganaron recientemente el control de la Cámara de Representantes y el Senado del estado y prometieron promulgar políticas de control de armas más duras, diciendo que ayudarán a reducir los tiroteos y las muertes. El partido tiene ahora el control total de la Asamblea General —por primera vez en más de dos décadas— y el gobernador, el vicegobernador y el fiscal general de Virginia también son demócratas.
Los grupos de defensa de los derechos de las armas y los defensores de la Segunda Enmienda condenaron las medidas porque violan sus derechos constitucionales y no harán nada para detener a los criminales, según dijeron a The Epoch Times. El 20 de enero, una manifestación por los derechos de las armas que se oponía a la legislación convocó al menos a 22,000 defensores de la Segunda Enmienda de todo el país.
Cada cámara en la legislatura de Virginia debe actuar en su propia legislación antes del 11 de febrero.
El 24 de enero, el Comité de Seguridad Pública de la Cámara de Virginia votó a favor de avanzar siete medidas de control de armas, que probablemente se dirigirán a la Cámara de Delegados en pleno en los próximos días antes de ir al Senado, y tendrán que ser firmadas por el gobernador Ralph Northam para convertirse en ley. Mientras tanto, el Senado de Virginia aprobó desde entonces cuatro proyectos de ley de control de armas, que están siendo enviados a la Cámara para su posterior discusión.
Las medidas recientemente aprobadas por el Comité de la Cámara incluyen la verificación universal de antecedentes, la legislación que limita la compra de armas de fuego a una por mes, la penalización de los propietarios de armas que no denuncien la pérdida o el robo de las mismas en un plazo de 24 horas, y la autorización a las localidades para prohibir las armas en los edificios gubernamentales.
El comité, sin embargo, no aprobó un proyecto de ley que prohibiría las «armas de asalto», mientras que la contraparte del Senado de ese proyecto también fue eliminada hace semanas durante una audiencia del Comité Judicial del Senado.
«El Comité de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes aprobó vergonzosamente el esquema de control de armas de Bloomberg-Northam», dijo la vocera de la NRA Catherine Mortensen a The Epoch Times por correo electrónico.
Mortenson dijo que el comité bloqueó las preguntas de los legisladores e impidió que los electores hablaran, describiéndolo como una «desgracia para el proceso democrático». La mayoría de los proyectos de ley de los comités de la Cámara de Representantes fueron aprobados por los partidos políticos (13 a 9).
«Los virginianos merecen que los legisladores escuchen testimonios y realicen una seria investigación de cada proyecto de le y—como lo hizo la Comisión Judicial del Senado— antes de votar sobre las medidas que despojarán a los ciudadanos respetuosos de la ley de sus derechos constitucionales y los dejarán indefensos», dijo.
En una declaración del 24 de enero, tras la aprobación de los proyectos de ley de la Comisión de la Cámara de Representantes, Eileen Filler-Corn, presidenta de la Cámara de Delegados, dijo que los virginianos hablaron claramente cuando votaron en las elecciones de noviembre de 2019. Dijo que los votantes acudieron «para exigir a la Asamblea General que tomara medidas para que sus comunidades fueran más seguras».
Northam dijo anteriormente que firmaría las medidas de control de armas como ley. Él y otros legisladores demócratas del estado acreditaron su enfoque en el control de armas para ayudarles a ganar el control total de la Asamblea General, según The Associated Press.
El sheriff del condado de Culpeper, Scott Jenkins, dijo a principios de este mes a The Epoch Times que el avance de los proyectos de ley sobre el control de armas «va a hacer que Virginia vuelva a ponerse roja de tantas maneras que no esperan».
Jenkins dijo que la fuerte presión por un mayor control de las armas «despertó a un [segmento de la] población en el estado que estuvo tranquilo por mucho tiempo».
«Y eso no explica las batallas judiciales que se avecinan, porque hay muchos de nosotros dispuestos a luchar en la corte de la manera correcta también», agregó.
El Senado de Virginia, mientras tanto, aprobó un proyecto de ley de «bandera roja» (SB 240) el 22 de enero por un margen de 21 a 19. Fue el último proyecto de ley que avanzó por el Senado, que ya aprobó otras tres medidas de control de armas.
La cámara del Senado ha aprobado medidas que requieren la verificación de los antecedentes de todas las ventas de armas de fuego, la limitación de las compras de armas de mano a una por mes y la autorización de los poderes de los gobiernos locales para prohibir las armas en los edificios públicos y otros lugares.
El proyecto de ley de la bandera roja, una vez firmado como ley, permite a las autoridades solicitar a ciertas cortes «una orden de emergencia de riesgo sustancial para prohibir a una persona que represente un riesgo sustancial de lesión para sí misma o para otros que compre, posea o transporte un arma de fuego».
Los críticos de la legislación le dijeron a The Epoch Times que las leyes de bandera roja permiten el robo de propiedad personal de ciudadanos respetuosos de la ley que no han cometido ningún crimen.
«Es un programa inconstitucional precrimen como se esperaría ver en alguna nación comunista atrasada», dijo anteriormente Dudley Brown, presidente de la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas de Fuego, a The Epoch Times.
Después de la manifestación por los derechos de armas del 20 de enero, que concluyó pacíficamente, Northam emitió un comunicado diciendo que «continuaría escuchando las voces de los virginianos». Mientras tanto, una petición de Change.org que se inició sobre las medidas ha reunido más de 68,000 firmas pidiendo la impugnación de Northam.
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