El 1 de julio, Beijing defendió su controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong y criticó a los Estados Unidos por sus posibles sanciones contra funcionarios chinos.
Zhang Xiaoming, subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao —la principal agencia de Beijing para manejar las políticas de esos territorios— dijo en una conferencia de prensa que los países que querían sancionar a los funcionarios chinos pensaban con «la lógica de los ladrones».
Añadió que la ley era «asuntos internos» de China y dijo que no formaba parte «de las responsabilidades» de estos países.
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció la semana pasada que impondrá restricciones de visado a los funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) involucrados en la erosión de la autonomía y las libertades de Hong Kong. La portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus dijo en Twitter que las restricciones de visado también se dirigirán a los funcionarios del PCCh que están detrás de la ley de seguridad nacional.
La ley de seguridad nacional entró en vigor el 30 de junio después de las votaciones ceremoniales de la legislatura títere de China, la Asamblea Popular Nacional (APN). La ley penaliza a las personas por cualquier acto de subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas máximas de cadena perpetua.
Zhang dijo que Beijing había anunciado sus propias restricciones de visados para los individuos estadounidenses que hayan actuado con malicia en cuestiones relacionadas con Hong Kong.
En sus comentarios, Zhang citó los recientes anuncios del secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo y del secretario de Comercio Wilbur Ross sobre la revocación del estatus comercial especial de Hong Kong y el cese de sus exportaciones de equipos de defensa a Hong Kong, así como la imposición a Hong Kong de restricciones de exportación similares a las que se impusieron a China en lo referente a tecnologías de defensa y de doble uso de EE.UU.
El 29 de junio, Pompeo anunció en Twitter que Estados Unidos «no será disuadido a la hora de tomar medidas para responder» a las amenazas del PCCh de restringir los visados a los ciudadanos estadounidenses, caracterizando la medida del PCCh como una «negativa a aceptar la responsabilidad de romper su compromiso con el pueblo de Hong Kong».
Zhang dijo el 1 de julio que si el gobierno de EE.UU. «toma alguna medida», Beijing y el gobierno de Hong Kong «seguramente tomarán represalias».
También respondió a las sugerencias de que China estaba reemplazando «un país, dos sistemas» —un marco por el cual Beijing prometió preservar la autonomía de Hong Kong al transferir la soberanía de la ciudad de Gran Bretaña a China en 1997— con «un país, un sistema».
Si ésa era la intención de Beijing, Zhang argumentó que Beijing podría simplemente imponer las leyes chinas, incluyendo el derecho penal, en Hong Kong. Dijo que la ley era para encaminar «un país, dos sistemas» en la dirección de «un país».
Shen Chunyao, jefe de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la APN, que también estaba en la conferencia de prensa, afirmó que la nueva ley tenía «un amplio apoyo entre todos los ciudadanos chinos, incluidos los de Hong Kong», y que la ley «reflejaba sus voluntades».
Una encuesta realizada por el periódico local Ming Pao a principios de junio mostró que el 64 por ciento estaba en contra de la decisión de Beijing de eludir la legislatura de Hong Kong para proponer una ley de seguridad nacional en la ciudad gobernada por China.
Los grupos parlamentarios prodemocracia de Hong Kong también celebraron una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, en la cual la legisladora Claudia Mo dijo que la libertad de prensa podía ser declarada «muerta» tras las nuevas medidas de supervisión contra las organizaciones de medios de comunicación que incluye la ley de seguridad nacional.
Una disposición de la ley de seguridad nacional estipula que el gobierno de Hong Kong tomará «las medidas necesarias para fortalecer la comunicación pública, la orientación, la supervisión y la regulación de las cuestiones relativas a la seguridad, incluidas las relacionadas con las escuelas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación e internet».
Anita Yip, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Hong Kong, expresó su preocupación el miércoles por la falta de una definición clara de los cuatro delitos de la ley: secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, según informó el medio local RTHK.
«Todos entendemos que la razón de la preocupación es que todos sabemos que la seguridad nacional se define de manera muy flexible, de una manera muy amplia en China, y la comprensión de [lo que supone] la seguridad nacional en China y Hong Kong siempre ha sido diferente debido a los dos sistemas», dijo Yip.
«Por lo tanto, tenemos razones para creer que puede estar sujeta a un poder de interpretación inaceptablemente amplio», añadió.
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