La campaña del candidato demócrata a la presidencia Joe Biden está recaudando fondos para luchar contra las demandas de la campaña de Trump en estados clave, donde está en duda la credibilidad de los resultados electorales.
En un correo electrónico enviado el martes por la noche, la campaña dijo que estaba relanzando su «Biden Fight Fund» (Fondo de batalla Biden) y estaba buscando ayuda de sus seguidores para recaudar USD 30 millones.
«Confiamos en nuestra victoria, y Joe Biden y Kamala Harris están ansiosos por ponerse a trabajar para el pueblo estadounidense, pero las demandas de Trump llevarán esta pelea a los tribunales, y debemos poder afrontar las batallas legales que se avecinan», decía el correo electrónico.
«Tanto litigio es caro, pero debemos estar preparados para luchar contra estas demandas independientemente y asegurarnos de que Trump no las gane solo porque no tenemos los fondos para contraatacar».
El presidente Donald Trump y su campaña han lanzado desafíos legales en varios estados pidiendo a los tribunales que protejan la integridad del proceso de votación y escrutinio.
Se han presentado demandas en Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada y Michigan. Si bien algunas demandas han sido desestimadas desde entonces, otras se están abriendo camino a través de los sistemas judiciales estatales y federales. Los abogados de uno de estos casos, a los que la campaña de Trump solicita unirse, han presentado una solicitud de revisión a la Corte Suprema.
Trump y su campaña han expresado abiertamente la necesidad de proteger la santidad de las urnas, argumentando que solo se deben contar los «votos legales». Argumentan que las boletas enviadas por correo con matasellos del 3 de noviembre, pero recibidas después del día de las elecciones no deben contarse y que los votos que se contaron sin la presencia de observadores republicanos en los centros de conteo de boletas también deben considerarse «votos ilegales».
Mientras tanto, la campaña de Trump también ha presentado demandas que buscan bloquear la certificación de resultados en varios estados, por supuestas irregularidades y violaciones electorales. El 10 de noviembre, la campaña de Trump presentó una demanda contra la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, y otros funcionarios en un tribunal federal, alegando irregularidades y violaciones electorales «generalizadas» en el condado de Wayne.
El abogado de la campaña de Trump, Thor Hearne, dijo que había «tremendas irregularidades con las boletas de voto en ausencia», incluidas «múltiples boletas que se procesan en las máquinas varias veces».
Esa demanda también alega que a los observadores republicanos se les impidió tener acceso adecuado al proceso de conteo y busca determinar la precisión del equipo o software de tabulación utilizado en el estado, debido a informes de mal funcionamiento del software.
La demanda de la campaña de Trump se produjo un día después de que un tercero presentó una demanda alegando fraude electoral en los procedimientos de recuento de votos. La demanda alega que los funcionarios electorales del condado permitieron el procesamiento fraudulento de los votos, lo que incluye decirles a los trabajadores electorales que fechen los votos con anterioridad y que no verifiquen las firmas en los votos ausentes. Varios testigos han presentado declaraciones juradas que dan fe del presunto fraude electoral.
El presidente ha dicho que espera que sus gestiones legales lleguen a la Corte Suprema. La campaña de Trump ha solicitado unirse a una demanda de Pensilvania, presentada por republicanos estatales, que desafían un fallo de un tribunal estatal donde se requiere que los funcionarios electorales acepten votos por correo y en ausencia hasta tres días después de las elecciones del 3 de noviembre.
El Partido Republicano de Pensilvania sostiene que la extensión del plazo viola la ley federal que establece el día de las elecciones como el primer martes después del primer lunes de noviembre, y que solo la legislatura estatal puede decidir extender el plazo, no los tribunales.
En octubre, algunos miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos indicaron que estaban interesados en otorgar una solicitud para revisar esa decisión.
Ivan Pentchoukov contribuyó a este artículo.
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