Cerca de 22,000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) han solicitado exenciones al mandato federal de vacunación contra el COVID-19 del gobierno de EE. UU., pero todas las solicitudes permanecen en el limbo, según documentos recién obtenidos.
Las agencias clave dentro del DHS podrían enfrentarse a una pérdida masiva de trabajadores si no se resuelven las solicitudes, advierte un organismo de control.
Más de 8100 empleados de Aduanas y Protección Fronteriza, entre los que se encuentran agentes de la Patrulla Fronteriza, han solicitado una exención médica o religiosa al mandato impuesto por el presidente Joe Biden en 2021. Además, más de 5800 trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte han solicitado exenciones, mientras que más de 2800 empleados del Servicio de Inmigración y Aduanas han solicitado exenciones por motivos religiosos o médicos.
Ninguna de las solicitudes ha sido respondida todavía, dijo el DHS a la Functional Government Initiative (FGI), el organismo de control que obtuvo los datos.
El mandato se detuvo
Biden ordenó a las agencias que implementaran el mandato en septiembre de 2021. Si bien se les dijo a los trabajadores del gobierno que se vacunaran, también se les informó que podían solicitar exenciones médicas o religiosas.
La administración Biden fue demandada a causa del mandato, con demandas que alegaban que era inconstitucional. Feds for Medical Freedom, un grupo de trabajadores del gobierno, presentó una de las demandas.
El grupo ganó una orden judicial contra el mandato en enero. El juez federal de distrito Jeffrey Brown, designado por Trump, dijo que el mandato quedaba fuera de los poderes del presidente.
La fuerza laboral del gobierno respeto a las vacunas, basándose en el fallo, dijo a las agencias que «no tomaran ninguna acción para implementar o hacer cumplir» el mandato.
En cumplimiento de la orden judicial, «el DHS detuvo el proceso de revisión y no ha tomado ninguna acción para implementar o hacer cumplir el requisito de vacunación» a partir del 24 de enero, dijo Rosemary Law, una funcionaria del DHS de la Ley de Libertad de Información, a FGI en documentos revisados por The Epoch Times.
Esto significa que no se ha concedido ninguna exención, indicó.
En el limbo
El organismo de control afirma que el gobierno debería continuar procesando las solicitudes, para que los empleados sepan si están en riesgo de ser despedidos.
«Por supuesto que deberían haberlas procesado para que las personas que han rellenado estas solicitudes de exención tengan una idea de por dónde van a ir porque, ahora mismo, tenemos a 22,000 personas preguntándose si tendrán un trabajo», dijo Pete McGinnis, portavoz de la FGI, a The Epoch Times.
Muchos de los empleados que han solicitado una exención trabajan en asuntos de inmigración, entre ellos miles colocados en la frontera entre Estados Unidos y México o cerca de ella. La administración Biden ya está lidiando con una crisis de inmigración ilegal que ha batido récords en el número de detenciones en la frontera, y el despido de los funcionarios de inmigración empeoraría las cosas, añadió McGinnis.
Los funcionarios del DHS no respondieron a una solicitud de comentarios.
De los otros elementos del DHS, la cantidad de trabajadores que han solicitado exenciones son: más de 1700 en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, casi 1300 en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., 680 en la Guardia Costera de EE. UU., casi 500 en el Servicio Secreto de EE.UU., 333 en la sede del DHS, 167 en los Centros de Formación de las Fuerzas de Seguridad Federales y más de 100 en la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras.
Desde entonces, el caso relativo al mandato ha avanzado. Un comité de la corte de apelaciones anuló la decisión de Brown, pero luego disolvió ese fallo mientras la corte en pleno se prepara para escuchar los argumentos de las partes.
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