Los «horribles» abusos de los derechos y el atropello del orden mundial por parte de China requieren una respuesta «coherente y coordinada» de Washington y sus aliados, según un informe anual (pdf) publicado por la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC) el 31 de marzo.
Según la CECC, todos los esfuerzos de Beijing, ya sea la represión sistemática de los derechos humanos en el ámbito interno, la coerción económica global o la agresiva diplomacia de «guerreros lobo», ponen de manifiesto sus tácticas de intimidación.
«Este informe llama la atención sobre las limitaciones del modelo de gobierno de China para satisfacer las necesidades del pueblo chino y respetar los derechos fundamentales tanto en China como en el resto del mundo», declaró el jueves el presidente del CECC, el senador demócrata Jeff Merkley, en un comunicado de prensa.
El informe de 2021, de 334 páginas, fue publicado conjuntamente con el representante James McGovern (D-Mass.), copresidente de la comisión, que consideró el documento como una obligación moral de hablar en nombre de los reprimidos y censurados bajo el régimen comunista.
Represión en casa
La CECC recomienda al Congreso de Estados Unidos y a la administración Biden que pidan al Partido Comunista Chino (PCCh) que garantice las libertades básicas a todos los ciudadanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los musulmanes uigures, los tibetanos, los practicantes de Falun Gong, los cristianos y el pueblo de Hong Kong.
El informe anual se presentó 10 días después de que una madre de 66 años muriera detenida en China tras ser alimentada a la fuerza y torturada por practicar Falun Gong, una disciplina de meditación espiritual que se basa en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Los practicantes han sido brutalmente perseguidos por el régimen chino durante más de dos décadas, informó el Centro de Información de Falun Dafa. Al morir, sus familiares vieron su esófago abierto y su rostro manchado de sangre.
«En la China continental, las autoridades abandonaron cualquier pretensión de que el gobierno chino respete las creencias y prácticas religiosas o las culturas de las minorías étnicas», dice el informe.
El régimen condenó al menos a 622 practicantes de Falun Gong en 2020, «con el mayor número en las provincias de Liaoning, Shandong, Sichuan, Hebei y Jilin», dice el informe, citando a Minghui.org, un sitio web con sede en Estados Unidos que sigue la persecución del grupo espiritual en China.
Mientras tanto, aunque China ha rechazado durante mucho tiempo las acusaciones de abusos en la región de Xinjiang, los abundantes hallazgos, que incluyen, entre otros, violencia sexual, esterilizaciones forzadas, inserciones de dispositivos intrauterinos y abortos, sacan a la luz el genocidio que China cometió contra los uigures y otras minorías musulmanas, según la comisión.
También se pide al Congreso que adopte un «enfoque de tolerancia cero» con respecto a las importaciones de trabajo forzado, que suponen un «riesgo significativo» para las cadenas de suministro mundiales, «en una amplia gama de industrias que incluyen la recolección de algodón, la producción de paneles solares, la confección, la electrónica y los equipos de protección personal».
Además de la continua represión de las minorías religiosas por parte de China, en septiembre de 2020, el régimen aplicó una nueva política en la región de Mongolia Interior para imponer la enseñanza del chino mandarín exclusivamente, lo que acabaría gradualmente con la identidad cultural de millones de personas de etnia mongol.
Este modelo de gobierno dirigido por el Partido en China, según el informe, tiene como objetivo lograr «un autoritarismo de alto nivel con total desprecio del espíritu humano».
Fuera de la China continental, el asalto de Beijing a las libertades de Hong Kong también ha alcanzado «un nivel sin precedentes» tras la promulgación de la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, declaró la CECC. Desde entonces, el centro financiero asiático ha visto cómo se reescribían las normas electorales, se descalificaba a los candidatos prodemocráticos, se aplazaban arbitrariamente las elecciones, se disolvían los medios de comunicación independientes y se encarcelaba a los activistas.
La comisión bipartidista y bicameral también pide que se amplíen las vías de inmigración para quienes huyen de la persecución del PCCh y que se amplíe la prohibición de exportar material antidisturbios a la policía de Hong Kong.
Abusos en el extranjero
En el extranjero, el régimen impuso restricciones a la importación de productos de países con los que China mantiene tensiones bilaterales, como Noruega, Australia, Filipinas y Corea del Sur, según el informe. Estas «nuevas y dramáticas medidas» equivalen a una coacción económica transfronteriza y a la asfixia de la libertad de expresión en todo el mundo, especialmente para aquellos que se atreven a criticar su férreo control.
«Las autoridades legales deben crear un fondo de reserva mundial para ayudar a las empresas, industrias y municipios afectados por la coerción económica selectiva», sugiere la CECC, con el fin de crear una coalición mundial y reducir la vulnerabilidad frente a la coerción económica de China.
En respuesta a la vigilancia digital de China en el extranjero, la comisión dijo que la administración Biden y el Congreso también deberían colaborar para establecer un «Grupo de Acción y Vigilancia de la Censura en China» interinstitucional para abordar la censura y la intimidación de China a los ciudadanos, residentes legales y empresas estadounidenses.
China podría tener 540 millones de cámaras de vigilancia en uso en 2021 y seguir exportando este tipo de sistemas a otros estados autoritarios, señala el informe.
Sin embargo, la defensa de los valores no debe favorecer la discriminación antiasiática ni alimentar la propaganda de Beijing, según el informe.
«El Partido ha tratado de explotar las protestas en Estados Unidos, como las relativas a la discriminación antiasiática, así como la retórica xenófoba, para promover sus objetivos».
Sugiere que la administración extienda a cualquier ciudadano estadounidense un derecho de acción privada para entablar un litigio civil por despido improcedente o descenso de categoría por apoyar los derechos humanos en China.
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