El 5 de octubre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos accedió a la solicitud del gobierno de acelerar la consideración de la apelación del gobierno a la orden que insertó un perito especial, o un tercero independiente, en el caso de los registros del expresidente Donald Trump.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 11º Circuito concedió la solicitud, ordenando al gobierno que presente un escrito inicial antes del 15 de octubre, que Trump responda antes del 11 de noviembre y que el gobierno responda a la respuesta de Trump antes del 18 de noviembre.
Antes del cambio, las tres fechas eran el 20 de octubre, el 19 de noviembre y el 10 de diciembre.
Acelerar el proceso «serviría a la eficiencia judicial porque un fallo a favor del gobierno puede hacer innecesarios otros procedimientos ante el perito especial y el tribunal de distrito», dijeron los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) en su presentación. Sin un fallo rápido, los abogados advirtieron de un «litigio prolongado».
Trump se opuso a la solicitud, argumentando que violaba las normas federales, que dan a los apelados 30 días para responder a las presentaciones principales. El gobierno no ha demostrado por qué Trump debería tener «menos tiempo que el previsto en las reglas para preparar y presentar sus argumentos ante este tribunal en este caso sin precedentes», dijeron.
La orden del tribunal de apelaciones que concede la solicitud del DOJ no incluye una justificación de la decisión.
El juez de circuito Adalberto Jordan, nominado por Obama, concedió la moción.
Aún no se ha programado el debate oral.
Jordan dijo que consultó con el juez jefe William Pryor Jr., nombrado por George W. Bush, sobre los argumentos orales, y un panel especial decidirá «cuándo y cómo» escuchar los argumentos orales. El Departamento de Justicia quiere que los argumentos orales se produzcan rápidamente, tal vez incluso antes de que se publiquen todos los escritos. Los abogados de Trump están presionando para que el argumento oral ocurra después de que se presenten todos los escritos.
«El presidente Trump cree que es apropiado fijar el argumento oral en enero de 2023 o más tarde», dijeron los abogados en una presentación reciente.
Antecedentes
Los funcionarios del DOJ alegan que la jueza de distrito de Estados Unidos Aileen Cannon, nominada por Trump, insertó indebidamente a un perito especial en el caso y bloqueó indebidamente a los funcionarios del gobierno el uso de los registros con marcas clasificadas que fueron incautados en la casa de Trump en agosto por agentes del FBI. Los funcionarios argumentan que el tribunal no tenía jurisdicción para emitir esa orden. Un panel de jueces del 11º Circuito estuvo de acuerdo en el segundo punto, y en septiembre suspendió parte de la orden de Cannon.
Esa suspensión está pendiente del resultado de la apelación.
Mientras se sopesa la apelación, el juez de distrito Raymond Dearie, designado por Reagan y que actúa como perito especial, se prepara para revisar los más de 11,000 documentos no clasificados que fueron incautados en la casa de Trump.
Una de las razones por las que el gobierno quiere acelerar la apelación es para evitar que Dearie continúe su trabajo.
«Si esta Corte está de acuerdo en que el tribunal de distrito carecía de jurisdicción, los procedimientos adicionales ante el perito especial y el tribunal de distrito terminarían», dijeron los abogados del DOJ en su moción. «Alternativamente, si este tribunal confirma el ejercicio de la jurisdicción del tribunal de distrito, pero concluye que el demandante no puede hacer valer el privilegio ejecutivo contra el Poder Ejecutivo en estas circunstancias, como sostiene el gobierno, tal fallo reduciría sustancialmente los procedimientos del perito especial».
El gobierno ha dicho que un perito especial no es necesario porque su «equipo de filtro» seleccionó los materiales potencialmente protegidos por el privilegio antes de que los agentes del caso entraran en Mar-a-Lago, aunque ha habido al menos dos violaciones del protocolo. Trump y sus abogados dicen que el perito especial es necesario para proteger los intereses del expresidente y para asegurarse de que el privilegio se aplica correctamente.
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