America’s Frontline Doctors, una organización sin fines de lucro, presentó una moción el 19 de julio en busca de una medida cautelar inmediata para detener la autorización de uso de emergencia (AUE) de las vacunas anti-COVID para tres grupos de estadounidenses: cualquier persona menor de 18 años, cualquier persona recuperada de COVID-19 y aquellos que no han recibido el consentimiento informado según lo define la ley federal.
La moción fue presentada contra Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y contra otros acusados en un tribunal de distrito federal del Distrito Norte de Alabama.
“La declaración de emergencia y sus múltiples renovaciones son ilegales”, alega la denuncia (pdf).
De acuerdo con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, cuando el secretario del HHS declara que un uso de emergencia es apropiado, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) puede autorizar el uso no aprobado o AUE de las vacunas.
El 4 de febrero de 2020, el entonces secretario del HHS, Alex Azar, declaró una emergencia de salud pública y dijo que las circunstancias existentes justificaban la autorización de uso de emergencia.
La denuncia alega que no se cumplen los requisitos legales para emitir y mantener la AUE de la vacuna anti-COVID.
En primer lugar, no existe una emergencia subyacente ni una «enfermedad o afección grave o potencialmente mortal», señala la denuncia.
Según los datos de mortalidad emitidos por los acusados, el virus del PCCh tiene una tasa de supervivencia general del 99,8 por ciento a nivel mundial, «a la par con la gripe estacional».
Sin embargo, los datos de los demandados están deliberadamente inflados, según la demanda, ya que el HHS ha cambiado las normas aplicables a las personas encargadas de redactar los certificados de defunción y les exige que la causa de la muerte se atribuya principalmente a COVID-19. Desde el pasado mes de marzo, los certificados de defunción indicaban «COVID-19 [como] la causa subyacente con mayor frecuencia».
La forma en que se diagnostica el COVID-19, utilizando valores ampliados de las pruebas PCR, que también fueron autorizadas para uso de emergencia, garantiza «un número inaceptablemente alto de falsos positivos», continuó la denuncia.
En segundo lugar, la demanda dice que las vacunas anti-COVID no son efectivas a la hora de tratar o prevenir una enfermedad o afección, lo que incumple otro de los requisitos para la emisión y el mantenimiento de las autorizaciones.
La denuncia citó datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): se informó un total de 10,262 infecciones del virus del PCCh (detección de SARS-COV-2, 14 o más días después de recibir las dosis requeridas) de personas completamente vacunadas entre enero 1 y 30 de abril.
“Es importante señalar que se demostró que las vacunas solo reducen los síntomas, no bloquean la transmisión”, agrega la denuncia.
En tercer lugar, los beneficios no superan los riesgos conocidos y potenciales de cada vacuna. Esos riesgos aumentan especialmente en la salud reproductiva, muerte potencial, daño neurológico, cepas más virulentas y otros.
Por último, existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles a las vacunas, como la Ivermectina, Budesonida, Hidroxicloroquina y otras.
Información inadecuada sobre la vacuna
Los demandantes también alegan que los profesionales de la salud y los candidatos a vacunas no están siendo adecuadamente informados, como exige la ley federal.
“Nunca nadie me brindó información sobre posibles reacciones adversas, ni me brindaron información sobre tratamientos alternativos. No sabía que se trataba de una terapia genética en lugar de una vacuna tradicional. Nuevamente, tampoco sabía que las vacunas no fueron ‘aprobadas’ por la FDA”, dijo la demandante Angelia Deselle en una declaración incluida en la demanda.
El Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) se estableció para brindar información sobre los eventos adversos potencialmente causados por las vacunas. La denuncia señaló que el VAERS no es preciso y que el gobierno federal no proporciona datos de otras fuentes como el ejército, Medicare y Medicaid.
Según la denuncia, un paciente no puede dar su consentimiento informado sin una comprensión de los riesgos.
Los menores de 18 años y los recuperados de COVID-19
“Los datos de los CDC indican que los niños menores de 18 años tienen una tasa de recuperación de COVID-19 del 99,998 por ciento sin tratamiento”, dice la denuncia. «Inyectar a esta subpoblación de menores de 18 años con las vacunas los amenaza con un daño inmediato y potencialmente mortal».
El mes pasado, los CDC dijeron que se informaron más de 1200 casos de inflamación cardíaca en adolescentes y adultos jóvenes luego de la aplicación de las vacunas de dos inyecciones de Pfizer o Moderna.
“No hay interés público en someter a los niños a programas experimentales de vacunación, para protegerlos de una enfermedad que no los amenaza”, dijo la Dra. Angelina Farella, pediatra con más de 25 años de experiencia, en una declaración. Farella es una experta de America’s Frontline Doctors.
La denuncia afirma que los estadounidenses que se han recuperado del COVID-19 no deben vacunarse.
En el documento se cita un estudio reciente de la Clínica Cleveland que demuestra que la inmunidad natural a través de una infección previa es más fuerte que cualquier beneficio conferido por una vacuna anti-COVID. Otro estudio publicado en el New England Journal of Medicine muestra que para aquellos que adquirieron inmunidad tras contagiarse de COVID-19, el 89 por ciento de ellos informaron efectos secundarios adversos después de recibir la primera inyección de la vacuna.
“Los pacientes recuperados de COVID tienen un riesgo extremadamente alto ante una vacuna», dijo el experto de los demandantes, el Dr. Richard Urso, en una declaración. “Tienen todos los componentes necesarios de la memoria inmunológica. La vacunación puede activar una respuesta hiperinmune que conduce a una lesión tisular significativa y posiblemente a la muerte”.
Testimonio de denunciante: 45,000 muertes después de las vacunas
Jane Doe, una programadora de computadoras con experiencia en el campo del análisis de datos de atención médica, presentó una declaración jurada que indica que el número real de muertes después de la vacunación anti-COVID es de aproximadamente 45,000 personas.
“Es mi estimación profesional que la base de datos de VAERS, si bien es extremadamente útil, está subestimada por un factor conservador de al menos 5”. El 9 de julio de 2021, hubo 9048 muertes reportadas en VAERS”, dijo Jane Doe en su declaración (pdf).
“Pregunté datos de reclamos médicos de CMS con respecto a vacunas y muertes de pacientes, y he evaluado que las muertes que ocurren dentro de los 3 días posteriores a la vacunación son más altas que las reportadas en VAERS, en un factor de al menos 5. Esto indicaría que el número real de las muertes relacionadas con la vacuna fue de al menos 45.000 personas”.
Jane Doe señaló que la vacuna contra la gripe porcina se retiró del mercado debido a 53 muertes reportadas después de que iniciara la aplicación de esa vacuna.
“La evidencia hace que sea irrefutable que los Demandantes y otros en el público sufrirán un daño irreparable… si se niega esta moción”, afirmaron los demandantes. «Finalmente, la evidencia inclina la balanza de las dificultades y el interés público… de manera decisiva a favor de los Demandantes».
En un correo electrónico enviado a The Epoch Times, el HHS se negó a comentar sobre la demanda: «Como cuestión de política, no comentamos sobre litigios pendientes».
El presidente Joe Biden resaltó las vacunas por ser seguras y efectivas.
“Sabes, algunas personas tienen preguntas sobre la rapidez con que se desarrollaron las vacunas. Dicen que se han desarrollado tan rápido que no pueden ser tan buenas. Bueno, esto es lo que necesitan saber: las vacunas se desarrollaron durante una década de investigación en virus similares y han pasado por estrictos ensayos clínicos de la FDA”, dijo Biden el mes pasado.
“La conclusión es la siguiente: Se los prometo: están a salvo. Están seguros. Y lo que es más importante, [las vacunas] son extremadamente efectivas”.
La administración Biden anunció a principios de este mes que comenzaría la divulgación puerta a puerta en comunidades específicas para aumentar las tasas de vacunación anti-COVID.
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