El FBI dice que está investigando las más de dos docenas de ataques contra centros de apoyo al embarazo y grupos vinculados al movimiento provida.
«El FBI está investigando una serie de ataques y amenazas dirigidas a centros de recursos para embarazadas y organizaciones religiosas en todo el país», dijo un portavoz de la oficina a The Epoch Times en un correo electrónico.
«El FBI se toma todas las amenazas en serio y seguimos trabajando estrechamente con nuestros socios en la aplicación de la ley y permaneceremos vigilantes para proteger a nuestras comunidades», añadió.
Tras la publicación en Internet de un borrador de la opinión de la Corte Suprema el 2 de mayo —el tribunal condenó posteriormente la filtración, al mismo tiempo que confirmaba que el documento era legítimo— los radicales proabortistas han destrozado e incendiado una serie de instalaciones, entre ellas el HOPE Pregnancy Center de Filadelfia (Pensilvania) y His Nesting Place Home for Mothers & Childre de Long Beach (California).
Un grupo de militantes que se autodenomina Jane’s Revenge se ha atribuido muchos de los incidentes y ha dicho en una reciente amenaza que era «temporada abierta» contra cualquier centro provida que no cerrara.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional no han comentado los ataques, a pesar de las crecientes peticiones de los legisladores para que los aborden.
El FBI forma parte del DOJ.
«Nos gustaría recordar a los miembros del público que si observan algo sospechoso o tienen información sobre posibles amenazas, lo comuniquen a las fuerzas policiales inmediatamente, llamen a su oficina local del FBI o envíen una pista a tips.fbi.gov», dijo el portavoz del FBI.
El Departamento de Justicia tampoco ha hecho caso a las peticiones para perseguir a las personas que han protestado ante los domicilios de seis jueces de la Corte Suprema, todos ellos nombrados por presidentes republicanos, que podrían firmar el dictamen final que anule el caso Roe vs Wade.
La ley federal prohíbe protestar frente a los domicilios de cualquier juez con la intención de influir o intimidar a ese juez, pero el fiscal general Merrick Garland, nombrado por Biden, ha dicho que no puede comentar si hay alguna investigación sobre los manifestantes y el Departamento de Justicia no ha acusado a ninguno de cometer infracciones.
La ley estatal de Virginia también prohíbe este tipo de protestas, pero el fiscal general Jason Miyares, republicano, ha dicho que los funcionarios locales deben hacer cumplir esa ley, y hasta ahora los funcionarios locales se han negado a hacerlo.
Tres jueces viven en Virginia; los otros tres que están siendo acosados viven en Maryland, donde las autoridades no han hecho ningún arresto además de poner bajo custodia a un hombre con una pistola cerca de la casa del juez Brett Kavanaugh.
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, y el de Maryland, Larry Hogan, ambos republicanos, están entre los que han instado a las autoridades federales a actuar, pero sin resultado.
Youngkin propuso esta semana una enmienda a la ley que permitiría a las autoridades estatales realizar los procesamientos, y convertir el crimen en un delito mayor en lugar de uno menor.
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