El Reino Unido debe denunciar al régimen chino por sus violaciones de derechos humanos contra las minorías uigures en Xinjiang, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab.
«Está claro que se están produciendo graves y atroces violaciones de derechos humanos, por lo cual en Ginebra, en la ONU, nosotros planteamos esto a los 27 socios –es la primera vez que se hace– para denunciar al gobierno de China por sus violaciones de derechos humanos de los uigures, también de Hong Kong», dijo el domingo Raab en el programa dominical ‘The Andrew Marr Show’, de la BBC.
Según las cifras citadas por la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China y la ONU, se cree que hasta un millón de uigures y otras minorías étnicas están detenidos en centros de reeducación chinos.
Exdetenidas uigures dijeron previamente a The Epoch Times que fueron sometidas a tortura, forzadas a denunciar su fe y obligadas a jurar lealtad al Partido Comunista Chino (PCCh), mientras estaban detenidas por razones desconocidas en instalaciones a menudo superpobladas. Por su parte, las mujeres uigures están siendo sometidas a esterilización forzada, aborto forzado y planificación familiar coercitiva, según reveló un informe reciente.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció 1 de julio que la agencia había incautado 13 toneladas de productos originarios de Xinjiang, que parecían estar hechos de cabello humano.
«Es profundamente, profundamente preocupante», dijo Raab. «El aspecto humano de esto, desde la esterilización forzada hasta los campos de reeducación, recuerda a algo que no hemos visto en mucho, mucho tiempo».
«De hecho, queremos una relación positiva», dijo, «pero no podemos, no podemos ver un comportamiento como ese y no denunciarlo, aunque por supuesto, con nuestras socios de la manera correcta».
Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a cuatro funcionarios chinos implicados en abusos de los derechos humanos contra los uigures, incluido el secretario del Partido de la región de Xinjiang, Chen Quanguo, quien es miembro del poderoso Politburó del PCCh.
A principios de este mes, Gran Bretaña introdujo nuevas sanciones contra personas involucradas en abusos de derechos humanos o en el crimen organizado.
El Partido Laborista de la oposición y algunos legisladores del Partido Conservador del primer ministro, Boris Johnson, han dicho que las sanciones deben ser utilizadas para afectar a los funcionarios chinos por los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y por la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.
También en declaraciones a The Andrew Marr Show, Lisa Nandy, secretaria de relaciones exteriores en la sombra del Partido Laborista, llamó a los abusos en Xinjiang «sorprendentes», añadiendo que el Reino Unido «tiene un papel que jugar en esto».
«Una cosa muy rápida y sencilla que el gobierno del Reino Unido podría y debería hacer es imponer sanciones a los funcionarios chinos que están involucrados en la persecución de los uigures, y podrían hacerlo mañana», dijo.
El régimen chino ha amenazado con tomar represalias contra cualquiera de esas medidas.
«Si el gobierno del Reino Unido llega tan lejos como para imponer sanciones a cualquier individuo en China, China ciertamente dará una respuesta firme a ello», dijo Liu Xiaoming, el embajador chino en el Reino Unido, durante el programa de la BBC.
«Ustedes han visto lo que pasa en Estados Unidos: ellos sancionan a los funcionarios chinos, nosotros sancionamos a sus senadores, a sus funcionarios. No quiero ver que este ‘ojo por ojo’ suceda en […] las relaciones entre China y el Reino Unido», dijo.
En respuesta, Dominic Raab negó que Gran Bretaña sea demasiado débil como para desafiar a China a través de este canal.
Raab dijo que él y la secretaria del Interior, Priti Patel, concluyeron una revisión de los acuerdos de extradición del Reino Unido con Hong Kong, y que el lunes pondrá al día a la Cámara de los Comunes sobre las medidas adicionales del gobierno sobre Hong Kong y China.
Canadá, Australia y Estados Unidos ya han suspendido sus tratados de extradición con Hong Kong en respuesta a la ley de seguridad nacional, que criminaliza a la gente por cualquier acto de subversión, secesión y colusión con fuerzas extranjeras contra el Estado del partido comunista, con penas máximas de cadena perpetua.
El primer ministro británico, Boris Johnson, declaró que la ley, promulgada oficialmente el 30 de junio, «constituye una clara y grave violación de la Declaración Conjunta Sinobritánica», ya que «viola el alto grado de autonomía de Hong Kong y está en conflicto directo con la ley básica de Hong Kong».
Con información de Reuters.
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Desde el 20 de julio de 1999 el comunismo chino lucha por eliminar 100 millones de personas
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