Un tribunal federal de apelaciones debería rechazar la oferta de la Administración Biden para levantar el bloqueo a su orden de la vacuna contra el COVID-19 para los empleadores privados, dijeron las empresas en una nueva presentación.
En su lugar, dijeron al tribunal que debería ampliar la suspensión para asegurar que la administración deje de «forzar» a las empresas para cumplir con la orden.
Un panel del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito bloqueó temporalmente a principios de este mes la orden, que fue promulgada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo y se aplicó a todas las empresas con 100 o más trabajadores en el país. El panel dijo que había «graves problemas legales y constitucionales» con la orden.
El caso está ahora en manos del Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de EE.UU., que decidirá si mantiene la suspensión o la retira mientras prosigue el procedimiento.
El 23 de noviembre, el gobierno de Biden pidió esto último, insistiendo en que retrasar la orden «costaría muchas vidas al día, además de un gran número de hospitalizaciones, otros efectos graves para la salud y enormes gastos».
Los abogados del gobierno argumentaron que la OSHA tiene la autoridad legal para emitir una orden a través de la Ley de Salud Ocupacional y Seguridad.
Las empresas que impugnaron la orden no están de acuerdo. Piden al tribunal que amplíe la suspensión.
El 17 de noviembre, la OSHA suspendió la orden debido al bloqueo, pero los funcionarios de la Administración Biden han continuado instando a las empresas a exigir la vacunación y han dicho que no están ajustando su calendario —la fecha límite para el cumplimiento es el 4 de enero de 2022— actuando como si finalmente fueran a ganar en los tribunales.
«La Casa Blanca insiste en forzar el cumplimiento de la orden a pesar de que se ha suspendido», dijeron las empresas, incluida la Red de Creadores de Empleo, en una presentación ante el tribunal más tarde el martes.
«El gobierno ha cortejado el desacato al insistir repetidamente en que todavía espera que las empresas privadas cumplan con la orden de la vacuna, incluyendo su fecha límite del 4 de enero, a pesar de que el Quinto Circuito suspendió la orden casi en el momento en que se emitió. El objetivo es claro: una campaña in terrorem diseñada para confundir al público en general y convencerlo de que debe cumplir con una orden que no está realmente en vigor», añadieron.
Se pidió al tribunal que ampliara la suspensión para dejar claro que el gobierno no puede obligar a las empresas a imponer requisitos de vacunación.
La red envió previamente una carta de advertencia a Biden y presentó una solicitud al tribunal para que acelerara la consideración de la orden debido a las declaraciones de la Casa Blanca.
Las partes interesadas en presentar mociones similares fueron informadas por el tribunal de que pueden hacerlo hasta el 30 de noviembre. Las respuestas a esas peticiones deberán presentarse antes del 7 de diciembre. Las respuestas a las mismas pueden presentarse hasta el 10 de diciembre.
Todavía no se han programado los argumentos orales.
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