El fiscal general de Oklahoma, John O’Connor, el gobernador Kevin Stitt, el estado de Oklahoma y 16 miembros de la Guardia Nacional del estado han demandado al gobierno de Biden en un intento de bloquear la aplicación de su orden de vacunación, considerándola inconstitucional y argumentando que la orden equivale a una extralimitación federal.
En una demanda (pdf) presentada el jueves, en la que se nombra como demandados al presidente Joe Biden, al secretario de Defensa Lloyd Austin y a docenas de funcionarios y agencias federales más, el Estado argumenta que la orden viola la Constitución y no tiene base legal.
Los miembros de la Guardia Nacional que no se vacunen contra el COVID-19 antes de la fecha límite del 30 de junio de 2022 no podrán participar en simulacros, entrenamientos y otros deberes, a menos que se les conceda una exención de acuerdo con la política del departamento, según un memorando enviado a los oficiales militares por el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin.
«Esta orden de vacunación interfiere ciertamente con las prerrogativas soberanas del Estado de Oklahoma. Socava las leyes, la política pública, la dignidad y los intereses del Estado de Oklahoma en el manejo del campo de la salud pública, incluyendo las vacunas», escribió el estado en su demanda.
La demanda también argumenta que «el presidente ha emitido unilateralmente este decreto sin nada parecido a una autorización del Congreso» y que «el Congreso no ha promulgado ninguna ley en la que permita al presidente», añadiendo que ninguna de las disposiciones legales invocadas en la orden ejecutiva de Biden «faculta ni remotamente al presidente para emitir una orden de vacunación o, realmente, una orden de cualquier tipo».
«De todos modos, resultaría muy difícil convencer de esto porque, bajo la Doctrina de Cuestiones Importantes, un asunto de tan vasta importancia política y económica como esta orden de vacunas requiere la autorización explícita del Congreso», dijeron los funcionarios estatales.
«El Congreso no ha dado esa autorización explícita. Por estas razones, esta orden también infringe la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), tanto porque no está en conformidad con la ley y excede la autoridad estatutaria del Ejecutivo como porque es arbitraria y caprichosa», dijeron los funcionarios estatales.
Los funcionarios estatales argumentan que al tratar de despojar a la Guardia Nacional de Oklahoma de la financiación del Departamento de Defensa para los miembros que no cumplen con el requisito de la vacuna, la Administración Biden «está tratando de desarmar al Estado de Oklahoma para que se proteja a sí mismo, a su territorio y a sus ciudadanos».
La orden de vacunación «garantiza que muchos miembros de la Guardia Nacional de Oklahoma simplemente renunciarán en lugar de vacunarse, una situación que perjudicará irremediablemente la seguridad de los habitantes de Oklahoma», argumentaron los funcionarios estatales.
Los funcionarios del estado de Oklahoma piden al tribunal que bloquee la orden para todos los empleados federales, no solo para la Guardia Nacional.
En un comunicado publicado el jueves, el gobernador Stitt, un republicano, afirmó que, según el Título 32 del Código de los Estados Unidos, él tiene autoridad sobre los miembros de la Guardia del estado a menos que sean movilizados por el presidente.
«Por lo tanto, a menos que sea movilizado por el presidente de Estados Unidos en virtud del Título 10 del Código de Estados Unidos, mantengo la autoridad para todo el entrenamiento y la gestión de la Guardia Nacional de Oklahoma, incluyendo la determinación de si y cómo se implementarán las directrices de entrenamiento emitidas por el presidente», escribió Stitt.
El gobernador dijo que la orden de vacunación equivalía a un «castigo inconstitucional que apunta individualmente a los soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Oklahoma, incluyendo la retención de su salario».
«Es inconcebible que el presidente Biden y su administración decidan jugar a la política con los salarios de los militares, especialmente en medio de la tasa de inflación más alta de los últimos 30 años y tan cerca de la temporada de fiestas», dijo Stitt. «Amenazar la paga de los miembros de la Guardia Nacional es manifiestamente ilegal e injusto, ya que al personal en activo no vacunado no se le retiene la paga».
Stitt añadió que «seguirá luchando para proteger a Oklahoma contra este alarmante patrón de extralimitación federal inconstitucional procedente de la Administración Biden».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Administración Biden para pedirle comentarios.
El mes pasado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que tiene autoridad para exigir a los miembros de la Guardia Nacional que se vacunen contra el COVID-19 después de que el recién nombrado comandante de la Guardia Nacional de Oklahoma se negara a exigir la vacunación ordenada por el Departamento de Defensa.
Stitt también había solicitado que se suspendiera la orden para la Guardia Nacional. Esa petición fue denegada a principios de esta semana por el secretario de Defensa Lloyd Austin.
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