El exdirector general de Overstock, Patrick Byrne, una figura crucial de una reunión en la Casa Blanca en diciembre de 2020, en la que trató de alentar al entonces presidente Donald Trump a investigar las acusaciones de fraude electoral, presentó una moción ante la investigación del Departamento de Justicia sobre Trump, en la que pide la publicación del documento clave que justificó la redada del FBI a Mar-a-Lago.
El 8 de agosto, los agentes incautaron más de dos docenas de cajas de archivos del complejo turístico de Trump en Florida, que contenían 11 conjuntos de documentos con marcas clasificadas, según un recibo de los bienes de parte del FBI, hecho público el 12 de agosto.
Trump dijo que había desclasificado todos los archivos confiscados antes de dejar el cargo y exigió la publicación inmediata y sin tachar de la declaración jurada que respalda la orden del FBI.
Byrne, que recientemente testificó ante el Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, argumentó en su moción del 18 de agosto que Trump tenía esos poderes para desclasificar como presidente, citando una reunión en el Despacho Oval en diciembre de 2020 en la que, según él, el expresidente ejerció dos veces la misma autoridad presidencial.
La declaración jurada debe ser desclasificada junto con otros registros que arrojan luz sobre la incursión para promover la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, argumentó Byrne en la presentación judicial.
«La posición de Trump era esa (…) si esto no fue sólo una redada de la policía estatal, sino que había una buena razón para esta redada, entonces, vamos a verlo», dijo Byrne a The Epoch Times.
«Si Trump estaba diciendo la verdad» y de hecho desclasificó todos los documentos y el FBI presentó una declaración jurada acusando a Trump de manejar mal los documentos clasificados, eso significa que ellos estaban mintiendo a la corte», dijo a continuación.
«Trump sólo estaría manejando mal los documentos clasificados si esos documentos eran de hecho, clasificados, pero si los desclasificó entonces no estaría manejando mal los documentos clasificados».
Durante una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca el 18 de diciembre de 2020, Byrne instó al expresidente a lanzar una investigación sobre las acusaciones de fraude electoral.
El entonces abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, supuestamente reclamó a Trump, frustrado por la sugerencia de que su exabogada, Sidney Powell, fuera nombrada abogada especial para encabezar una investigación limitada sobre el supuesto fraude: «Hey, si lo quiere hacer no necesita mi permiso. Ni siquiera necesita un bolígrafo o un papel. Sólo tiene que decir: ‘Yo contrato a Sidney Powell como abogada especial de la Casa Blanca’, y ya está hecho», escribió Byrne en la presentación.
Más tarde, respondiendo a las preguntas sobre la falta de acreditación de seguridad de Powell, el general Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump, que estaba presente en la reunión, supuestamente le dijo a Trump que podía » hacer lo mismo con una acreditación».
«Usted puede conceder la acreditación que quiera, en el acto, verbalmente», según una declaración jurada de Byrne presentada ante la corte.
Según él, Trump actuó de acuerdo con las sugerencias, nombrando verbalmente a Powell abogada especial de la Casa Blanca y concediéndole una acreditación de seguridad altamente secreta. Después de eso los abogados de la Casa Blanca abandonaron airadamente la sala pero no discutieron las acciones de Trump.
Al final, Trump anuló la decisión por la persuasión de su entonces abogado personal, Rudy Giuliani, según Byrne.
«Él no tiene que firmar nada si él da una orden, eso lo hace legalmente efectivo», dijo Byrne al tribunal, describiendo aquello como «el procedimiento operativo estándar de la Casa Blanca de Trump».
Respaldo a las afirmaciones de Trump
Mike Davis, exsecretario del juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch, también respaldó las afirmaciones de Trump.
Trump «tiene la autoridad constitucional para desclasificar lo que quiera», dijo Davis a NTD, un medio de comunicación socio de The Epoch Times, en una entrevista reciente. «Por eso cuando envió cajas fuera de la Casa Blanca, las fue desclasificando».
Según Davis el Departamento de Justicia debió haber hecho pública la declaración jurada, pero que probablemente intentará «ocultarla todo lo que pueda».
El viernes, un juez federal se mostró dispuesto a publicar una versión tachada de la declaración jurada a pesar de la oposición de los abogados del gobierno, quienes argumentaron que hacerlo podría socavar las investigaciones en curso y poner en peligro la seguridad de los testigos implicados.
Byrne consideró la medida del juez como una «decisión juiciosa».
«El FBI no debería tener que revelar quiénes fueron sus fuentes, debería proteger a sus fuentes», añadió Byrne. “Pero más allá de eso (…) creo que el país necesita saber qué dijo el FBI que hizo que el fiscal general firmase esta solicitud extraordinaria. Sin precedentes».
Debido a la redada y a las actividades relacionadas, el FBI quedó «ahora tan deslegitimado a los ojos de gran parte del público», indicó Byrne. «Esto está creando un terrible miedo y opresión en la mente del público estadounidense».
«Yo he hablado con muchos no republicanos y todos empiezan a sonar como republicanos. Ellos ven esto como tácticas de un estado policial».
El director del FBI, Christopher Wray, salió en defensa de su agencia y dijo que los agentes han recibido amenazas en línea «deplorables y peligrosas» a raíz de la redada.
«A mi me gusta Christopher Wray», indicó Byrne. «Pero creo que tiene un margen muy estrecho para salvar su organización y espero que lo haga».
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