El Dr. Anthony Fauci dijo que no podía recordar detalles clave sobre sus acciones durante la pandemia de COVID-19, según uno de los funcionarios que lo interrogó el 23 de noviembre.
Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde 1984 y principal asesor médico del presidente Joe Biden, fue interrogado por el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, y el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, ambos republicanos.
“Fue increíble, literalmente, que pasamos siete horas con el Dr. Fauci—este es un hombre arruinó la economía de Estados Unidos basándose en ‘la ciencia, sigue la ciencia’—y en el transcurso de siete horas, descubrimos que no puede recordar prácticamente nada relacionado con su respuesta al COVID”, dijo Landry a The Epoch Times después de salir de la declaración. “Simplemente dijo: ‘No recuerdo, no he visto eso. Y creo que debemos poner estos documentos en contexto’”, agregó Landry.
«Fue extremadamente preocupante darse cuenta de que se trata de un hombre que asesora a los presidentes de Estados Unidos y que, sin embargo, no podía recordar la información que publicó, la información que discutió, las conferencias de prensa que dio en relación con la respuesta al COVID-19», agregó Landry posteriormente.
Fauci y el NIAID no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Landry se negó a proporcionar detalles específicos sobre la declaración hasta que se haga pública, lo que sucederá en una fecha futura. Pero dijo que los funcionarios podrían aprovechar parte de lo aprendido para avanzar en su caso.
Landry y Schmitt demandaron al gobierno de EE. UU. en mayo, alegando que violó los derechos de la Primera Enmienda de las personas al presionar a las grandes empresas tecnológicas para que censuraran el discurso. Los documentos presentados por el gobierno en respuesta reforzaron las afirmaciones. El juez federal de distrito Terry Doughty, designado por Trump para supervisar el caso, ordenó recientemente a Fauci y a otros siete funcionarios que testificaran bajo juramento acerca de su conocimiento de la censura.
Doughty concluyó que los demandantes demostraron que Fauci “tiene conocimiento personal sobre el tema de la censura en las redes sociales en lo que respecta al COVID-19 y los problemas auxiliares del COVID-19”.
Si bien Fauci está calificado como funcionario de alto rango, la importancia de su declaración fue superada por la necesidad de la corte de obtener información antes de resolver una moción de orden judicial preliminar, dijo Doughty.
El miércoles fue la primera vez que Fauci testificó bajo juramento sobre sus interacciones con grandes empresas tecnológicas, incluido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.
Antes de la declaración, Landry dijo en un comunicado: “Todos merecemos saber qué implicación tuvo el Dr. Fauci en la censura del pueblo estadounidense durante la pandemia de COVID; mañana espero averiguarlo».
«Vamos a rastrear las pruebas por todas partes para llegar exactamente a lo que ha sucedido, para llegar al hecho de que nuestro gobierno utilizó entidades privadas para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses», dijo Landry a The Epoch Times.
Otras declaraciones
El gobierno se movió para bloquear algunas de las declaraciones, pero no la de Fauci. Acaba de obtener una orden que bloquea las declaraciones del directo general de salud, Vivek Murthy, la directora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Jen Easterly, y Rob Flaherty, asistente adjunto de Biden.
Esfuerzos similares para bloquear las declaraciones de la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y del oficial del FBI, Elvis Chan, no han tenido éxito.
Se tiene previsto que Chan responda a las preguntas la próxima semana. Se prevé que Psaki declare el 8 de diciembre.
Chan participó en la comunicación con Facebook, LinkedIn y otras grandes empresas tecnológicas sobre la moderación de contenido, según la evidencia desarrollada en el caso y las declaraciones públicas que hizo. Psaki dijo públicamente mientras aún estaba en la Casa Blanca que las plataformas deberían dar un paso adelante contra la supuesta información falsa y desinformación.
Los demandantes ya han hecho declarar a varios funcionarios, entre ellos Daniel Kimmage, funcionario del Global Engagement Center del Departamento de Estado.
Ese centro trabajó con la agencia de Easterly para crear una coalición de organizaciones sin fines de lucro llamada Asociación de Integridad Electoral, que presionó a las empresas de redes sociales a censurar el discurso.
Kimmage también fue responsable de las reuniones durante las cuales se discutió la censura, con el funcionario del Departamento de Estado Samaruddin Stewart actuando bajo sus órdenes, según documentos presentados por LinkedIn.
Moción de desestimación
El miércoles temprano, el gobierno pidió a Doughty que desestimara el caso, afirmando que los demandantes no han demostrado que el gobierno haya ejercido coerción contra las empresas.
Incluso si los funcionarios del gobierno «instaron a las empresas de redes sociales a hacer más para contener la información errónea, cualquier decisión de moderación de contenido tomada por las empresas de redes sociales en última instancia ‘recae’ en esas empresas», dijeron los abogados de EE. UU.
“Incluso las solicitudes enfáticas o las incitaciones enérgicas, como… (el presidente Biden dice que no tomar medidas contra la desinformación resulta en ‘matar personas’), plausiblemente no equivalen a coerción”, agregaron los abogados.
Los demandantes están elaborando una respuesta a la moción.
Ambas partes también están preparando escritos sobre la decisión del Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de EE. UU. que bloqueó las declaraciones de Murthy, Easterly y Flaherty.
La corte de apelaciones dijo que Doughty no había considerado adecuadamente si existen medios alternativos para obtener la información solicitada, como interrogar a funcionarios de nivel inferior o buscar respuestas por escrito de los funcionarios de nivel superior.
Doughty ordenó a los demandantes que presenten un escrito antes del 29 de noviembre. El gobierno tiene hasta el 2 de diciembre para responder. Los demandantes pueden responder a esa respuesta antes del 5 de diciembre.
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