Quince fiscales generales republicanos instaron a un juez federal que preside el caso del teniente general Michael Flynn a que desestimara una causa penal contra el general retirado, argumentando que si no lo hacía se extralimitaría la autoridad del juez en virtud de la Constitución.
En un escrito presentado el lunes por un amicus curiae, el grupo de fiscales de alto nivel afirmó que la separación de poderes impide que el juez obligue al Departamento de Justicia, que forma parte del poder ejecutivo, a procesar un caso.
«Los jueces no tienen participación en el poder ejecutivo, y por lo tanto no tienen voz en la decisión de procesar o no», escribieron los fiscales generales (pdf).
Esto se produce después de que el juez de distrito de los Estados Unidos Emmet Sullivan nombrara a John Gleeson (pdf), un exjuez federal de Nueva York, como amicus curiae o amigo del tribunal para «presentar argumentos en oposición a la moción de desestimación del gobierno» en la causa penal contra Flynn. Sullivan también ordenó a Gleeson que «abordara si el Tribunal debería emitir una Orden para Mostrar Causa por la que el Sr. Flynn no debería ser acusado de desacato penal por perjurio».
Sullivan también abrió el caso para permitir que partes externas se pronuncien sobre el mismo con sus opiniones en escritos de amicus curiae.
Las órdenes siguen una moción del Departamento de Justicia en la cual se pedía a Sullivan que desestimara el caso contra Flynn. El DOJ dijo el 7 de mayo que abandonaba su caso contra el general retirado porque creen que el FBI no tenía una «investigación justificada» cuando los agentes del FBI fueron a entrevistar a Flynn el 24 de enero de 2017.
El fiscal que escribió la presentación en la corte argumentó que el gobierno no estaba «persuadido» de que el FBI había entrevistado a Flynn con «una base de investigación legítima» y que la declaración de culpabilidad de Flynn era irrelevante. Dijo que para ser un crimen, una mentira tiene que ser «evidente», lo que significa que tiene que tener «peso probatorio» en el asunto investigado.
En su presentación, los fiscales generales pidieron al tribunal que concediera la moción del Departamento de Justicia y que lo hiciera «sin comentar la decisión de acusar o no acusar». Dicen que al comentar, el tribunal «desnudaría a la judicatura de su manto de imparcialidad».
«Con demasiada frecuencia, ese comentario se hace en términos grandiosos más apropiados para un dictamen de opinión que para un dictamen judicial. Estas opiniones dejan al público la impresión de que los tribunales aplican ‘normas específicas de la administración’ al decidir lo que este presidente puede hacer y lo que se puede decir permisiblemente sobre las políticas de este presidente», escribieron los fiscales.
Los fiscales también argumentaron que la medida del tribunal de retrasar el caso nombrando a un abogado de tercera parte y aceptando los amicus curiae no era necesaria porque «no tenía nada que decir en la decisión del gobierno federal de no procesar».
«En pocas palabras, la decisión de no perseguir una condena penal recae únicamente en el poder ejecutivo, y ni el poder legislativo ni el judicial tienen ningún papel en la toma de esa decisión por parte del ejecutivo», escribieron.
El escrito fue firmado por los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Ohio, Carolina del Sur, Texas, Utah y Virginia Occidental. El fiscal general de Ohio, Dave Yost, redactó el escrito.
El caso de Flynn atrajo una atención renovada después de que los documentos recientemente publicados por el DOJ incluyeran notas escritas a mano que revelaban que altos funcionarios de la agencia habían cuestionado si el objetivo del interrogatorio de Flynn era «conseguir que mintiera, para poder procesarlo o hacer que lo despidieran».
Los documentos también revelaron que Peter Strzok, el entonces subdirector adjunto del FBI para operaciones de contrainteligencia, se dirigió urgentemente a los agentes encargados del caso Flynn para aconsejarles que no cerraran el caso una vez que los agentes determinaron que no había más pistas que seguir en la trama de Flynn.
En diciembre de 2017, Flynn se declaró culpable de mentir en la entrevista del FBI sobre su llamada al embajador ruso Sergey Kislyak, pero después trató de retirar esa declaración. Los abogados de Flynn argumentaron que el FBI le había tendido una trampa en la entrevista.
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