El martes se iniciará una batalla legal en un tribunal federal de apelaciones. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas) está listo para argumentar contra una orden de septiembre que nombra a un perito especial externo para revisar los documentos incautados de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. Tal nombramiento mantiene esos registros fuera de las manos de los investigadores a medida que avanzan en una investigación criminal contra Trump.
La audiencia acelerada está programada para comenzar a las 2 p.m. EST el 22 de noviembre en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta, Georgia, según los documentos judiciales (pdf).
El Departamento de Justicia dijo en un escrito legal presentado antes de la audiencia que a Trump se le debería haber negado el nombramiento del perito especial.
Un juez aceptó el 5 de septiembre insertar al perito especial—-un tipo de árbitro independiente que ayuda en casos delicados— en el proceso de revisión de los registros que el FBI incautó en la casa de Trump en Florida en agosto.
Pero los abogados del DOJ argumentaron en el escrito que la jueza, Aileen Cannon, emitió «una orden sin precedentes (…) que restringe una investigación criminal en curso al prohibir al Poder Ejecutivo la revisión y el uso de pruebas» que fueron tomadas durante el registro del FBI.
El Departamento de Justicia está investigando si Trump violó alguna ley en relación con la retirada de registros de la Casa Blanca y por una posible obstrucción a la justicia.
Trump ha negado cualquier delito y ha calificado la redada del FBI como una «mala praxis de la fiscalía, la utilización del sistema de justicia y un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que [él] se presente a la presidencia en 2024».
Los abogados de Trump han hecho valer el privilegio ejecutivo sobre algunos de los documentos, al mismo tiempo que han argumentado que otros eran papeles personales y no documentos gubernamentales, y que él tenía el poder como presidente saliente de declararlos como tales.
El perito especial está revisando el material incautado para determinar si está protegido por el privilegio abogado-cliente o por el privilegio ejecutivo.
Pero el Departamento de Justicia quiere cancelar la revisión del perito especial, que entonces pondría los materiales a disposición de los investigadores que investigan a Trump sobre el manejo de los documentos.
Por otra parte, el Departamento de Justicia también argumentó en el escrito que el tribunal debería levantar una orden judicial que impide a los investigadores examinar los documentos que están bajo la revisión del perito especial.
«Horrible abuso de poder»
El DOJ ya ha logrado extraer de la revisión del perito especial aquellos documentos marcados como clasificados, pero los fiscales están ahora tratando de obtener acceso a todo el material que el FBI tomó cuando realizó una redada en la casa de Trump.
Días después de que Trump declarara que se postula a la presidencia en 2024, el fiscal general Merrick Garland nombró un abogado especial para dirigir la investigación sobre el manejo de los documentos incautados en Mar-a-Lago.
Trump ha calificado la medida de Garland como un «horrible abuso de poder» y el «último de la larga serie de cacería de brujas».
Garland ha calificado su decisión de nombrar un abogado especial como parte del «compromiso del Departamento de Justicia tanto con la independencia como con la responsabilidad en asuntos especialmente delicados».
La Casa Blanca ha negado la politización del Departamento de Justicia después de que Trump alegara que el nombramiento del abogado especial equivalía a «usar como un arma» al DOJ y una estrategia destinada a impedir su candidatura a la presidencia.
Con información de Jack Phillips.
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