Un juez federal dictaminó el 7 de diciembre que tres funcionarios de alto rango dentro de la administración Biden no tendrán que declarar bajo juramento por las órdenes de deposición de la demanda que alega colusión entre el gobierno federal y las grandes empresas de tecnología para censurar a los usuarios.
El juez de distrito, Terry Doughty, ordenó en octubre que declarasen por deposición el director de salud, Vivek Murthy, la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), Jen Easterly, y Rob Flaherty, ayudante adjunto del presidente Joe Biden, en el marco de una demanda presentada en mayo por los fiscales generales republicanos Eric Schmitt, de Missouri, y Jeff Landry, de Luisiana.
Los fiscales generales afirman que miembros de alto rango del gobierno actuaron en connivencia y coaccionaron a empresas de redes sociales para «suprimir a oradores, puntos de vista y contenidos desfavorables» o lo que, según ellos, era «información errónea» en relación con COVID-19.
En noviembre, el juez Doughty, designado por Trump, dijo que Jen Psaki, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca que ahora trabaja para MSNBC, también debe sentarse a declarar como parte del caso.
Sin embargo, el jueves, el juez dictaminó que tres de las personas depuestas —Murthy, Easterly y Flaherty— ya no tendrán que comparecer para declarar ya que la corte federal de apelaciones bloqueó la medida el mes pasado, afirmando que el juez no había considerado si se podrían utilizar medios alternativos y menos «intrusivos» para obtener la información que se busca.
Funcionarios de Biden no tendrán que declarar
Como resultado, el juez Doughty dijo el jueves que Murthy ya no tendrá que presentarse a declarar.
La decisión se produjo después de que los abogados del director de salud, que según los fiscales generales dirigió una «campaña pública para censurar a las personas que difundían ‘información errónea’ sobre COVID-19», declararan que no era necesaria su declaración.
En su lugar, los abogados dijeron que los materiales escritos proporcionados por Murthy en respuesta a las solicitudes de evidencias servirían como una alternativa adecuada. El juez Doughty, sin embargo, dictaminó que el jefe de personal de Murthy, Eric Waldo, podría prestar declaraciones como alternativa.
Las declaraciones por deposición estaban previstas para principios de diciembre, pero el juez señaló el jueves que se amplió el plazo hasta el 13 de enero de 2023.
La directora de ciberseguridad, Easterly, por su parte, tampoco tendrá que prestar declaraciones después de que los fiscales generales alegaran que supervisa el «centro neurálgico» de la censura dirigida por el gobierno federal.
Aunque la corte consideró que Easterly tiene conocimiento personal para ser depuesta y declarar, el juez Doughty dijo el jueves que los demandantes pueden en su lugar deponer a un sustituto que fue sugerido, Brian Scully, un funcionario de CISA.
«Scully es la alternativa más adecuada para Easterly, basándose tanto en los argumentos de los demandados federales como en los de los demandantes», escribió el juez.
El juez también dijo que Flaherty, el ayudante del presidente, no tendrá que hacer una declaración y en su lugar puede presentar pruebas por escrito y responder «cuestionarios».
El fiscal Schmitt, que recientemente ganó su candidatura al Senado de Estados Unidos, y el fiscal Landry, que recientemente anunció que se postulará para gobernador en 2023, afirman que Flaherty «supuestamente mantiene reuniones continuas sobre censura y modulación de contenido con representantes de compañías de redes sociales».
Respuestas de Flaherty no pueden ser «vagas y evasivas»
«Después de considerar los argumentos de los Demandantes y los Demandados Federales, esta Corte considera que no existe una alternativa adecuada para Flaherty», escribió el juez Doughty. «Sin embargo, debido a que la presentación de evidencias por escrito sería menos intrusivo que una deposición, se autoriza que le sea notificado a Flaherty la prestación de evidencias, como en respuesta a cuestionarios y solicitudes de producción de documentos, en lugar de una deposición».
Los demandantes pueden notificar a Flaherty los cuestionarios y las solicitudes de producción de documentos en un plazo de cinco días a partir de la orden de Doughty y el ayudante adjunto de Biden debe proporcionarles sus respuestas a más tardar el 5 de enero de 2023.
El juez señaló, sin embargo, que si las respuestas de Flaherty son «vagas, evasivas o no responden», Schmitt y Landry podrán volver a presentar una solicitud para su declaración oral.
Por último, el magistrado señaló que la corte consideró que Psaki había indicado que tenía «conocimiento personal de funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca que presionaban a las empresas de medios sociales y de declaraciones que reforzaban las amenazas de consecuencias legales adversas para las plataformas de medios sociales si no aumentaban la censura de las opiniones desfavorecidas por los funcionarios federales».
Psaki ha intentado anular su declaración, alegando que no debería sentirse «indebidamente» agobiada tener que sentarse a declarar, lo que sus abogados calificaron de «expedición de pesca para tratar de identificar a miembros adicionales de una conspiración que en particular los demandantes han alegado que existe».
Sin embargo, el juez Doughty dictaminó el jueves que el testimonio de Psaki es «crucial para que los demandantes identifiquen a los funcionarios federales que hicieron lo que Psaki declaró públicamente que hicieron» y que ella debe comparecer para una declaración dentro del período ampliado de presentación de evidencias relacionado con la medida cautelar urgente.
La Casa Blanca niega las afirmaciones de que actuó en connivencia con las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión en múltiples temas, incluido COVID-19.
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