La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, debe presentarse a declarar, según dictaminó un juez estadounidense el 21 de noviembre.
Psaki, que ahora trabaja para MSNBC, no se enfrenta a una «carga indebida», dijo el juez de distrito de Estados Unidos Terry Doughty, nominado por Trump, en un fallo de 7 páginas.
Doughty ordenó en octubre que Psaki y otros funcionarios anteriores y actuales de la Administración Biden respondieran a preguntas bajo juramento porque se han presentado pruebas que indican que se confabularon con grandes empresas tecnológicas para censurar a los usuarios.
Los demandantes en el caso dijeron que las declaraciones públicas de Psaki sobre la presión que ejercía la administración sobre Facebook y otras empresas para que tomaran medidas contra la supuesta información errónea y la desinformación, y para que suspendieran a los usuarios, demostraban que tenía conocimiento personal de las comunicaciones entre los funcionarios y los grandes ejecutivos tecnológicos. Doughty se mostró de acuerdo y consideró que los demandantes «han demostrado que Jennifer Psaki tiene conocimiento personal sobre el tema de la censura en las redes sociales en relación con el COVID-19 y cuestiones accesorias del COVID-19».
También dijo que «cualquier carga para Psaki se ve compensada por la necesidad de determinar si se ha suprimido la libertad de expresión».
Psaki solicitó la anulación de la citación, alegando que le supondría una carga excesiva porque tendría que pasar varios días preparando y participando en las declaraciones
Psaki presentó la moción en el tribunal federal de Virginia, donde vive. Doughty reside en Luisiana.
El juez federal Ivan Davis de Virginia rechazó la petición de Psaki durante una audiencia celebrada el 18 de noviembre y transfirió la moción a Doughty.
Los abogados del Gobierno pidieron entonces a Doughty que se pronunciara rápidamente sobre la moción y, en caso de que fallara en contra, que suspendiera el fallo mientras ellos apelaban la sentencia.
En la nueva orden, Doughty rechazó la moción y el intento de suspenderla.
Doughty señaló que ya había reconocido que la asistencia a las declaraciones sería una carga para los funcionarios, pero señaló las normas federales que dicen que las personas que luchan contra las citaciones deben demostrar una «carga indebida», no solo una carga.
«Tener que prepararse para la declaración y prestarla son ejemplos de ‘cargas’, no de ‘cargas indebidas’. Si el Tribunal considerara que Psaki tiene una carga indebida en este caso, toda persona sujeta a una citación para declarar tendría motivos para anularla», dijo Doughty.
«La preparación y la prestación de declaraciones forman parte del proceso normal de toda persona citada a declarar. No es una carga excesiva», añadió.
Psaki había dicho en una declaración: «Prestar declaración en este asunto me resultaría extremadamente gravoso. Entre otras cosas, entiendo que tendría que dedicar varios días a la preparación de la deposición, así como a asistir a la deposición en sí, y eso sería altamente disruptivo tanto para mi trabajo como para mi familia».
Los demandantes, entre los que se encuentran el fiscal general republicano de Misuri, Eric Schmitt, y el fiscal general republicano de Luisiana, Jeff Landry, habían dicho que la moción de Psaki debía ser rechazada porque sus declaraciones «solo expresan el firme deseo de todos los declarantes de que preferirían estar en otro lugar». Los demandantes dijeron que ya habían cambiado las declaraciones dos veces en un intento de acomodar a Psaki, minimizando cualquier «carga logística».
Moción de suspensión
La moción de suspensión, por su parte, afirmaba que si Doughty rechazaba los esfuerzos de Psaki, debería suspender la orden hasta que un tribunal de apelación se pronunciara sobre el asunto.
«Someter a un funcionario de alto rango a una declaración, que no puede ser revocada en una etapa posterior del litigio, establece un daño irreparable», dijeron los abogados del gobierno en una moción que fue apoyada por Psaki.
La suspensión en espera de la apelación tiene cuatro factores, entre ellos si el solicitante sufrirá un daño irreparable sin la suspensión.
Doughty dijo que ni Psaki ni el gobierno han demostrado que probablemente tendrán éxito en su lucha contra la citación. También dijo que, dado que no hay una carga indebida para Psaki, tampoco hay un daño irreparable. El tercer factor no se aplica porque no hay otras partes en cuestión.
«En cuarto lugar, el interés público radica en determinar si se han suprimido los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda. Por lo tanto, se DENIEGA la moción de Psaki y de los demandados federales para suspender la declaración», dijo Doughty.
El fallo es la última pérdida para el gobierno, que ha estado tratando de proteger a varios funcionarios y exfuncionarios de responder a preguntas bajo juramento.
Recientemente, Doughty denegó una moción para anular la citación de Elvin Chan, un agente del FBI con sede en California que ha sido descrito como involucrado en las comunicaciones que llevaron a Facebook a suprimir la historia original de la laptop de Hunter Biden.
Doughty también rechazó una solicitud de suspensión de las declaraciones del director de Salud Pública Vivek Murthy, nombrado por Biden, de la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, Jen Easterly, nominada por Biden, y de Rob Flaherty, ayudante adjunto del presidente.
El gobierno ha dicho que los tres son funcionarios de alto rango y que es probable que un tribunal de apelación se ponga del lado de los acusados. Doughty dijo que suponía que los tres eran de alto rango, pero reiteró su conclusión original, que era que las cargas de asistir a las deposiciones eran superadas «por la necesidad de determinar si se están suprimiendo los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda».
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