Una jueza federal emitió un bloqueo a nivel nacional contra otra política de inmigración de la administración Trump, esta vez sobre una política que cambia la forma en que los funcionarios de inmigración calculan cuándo se considera que un extranjero está ilegalmente presente en Estados Unidos.
La jueza de la Corte de Distrito de EE.UU. Loretta Biggs concedió el jueves una orden judicial permanente a nivel nacional para bloquear una política de 2018 que cambió la forma en que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) calcula la presencia ilegal de visitantes y estudiantes de intercambio. La política se titula «Acumulación de presencia ilegal y no inmigrantes F, J y M».
Biggs, nombrada por el presidente Barack Obama, concedió previamente un mandato judicial preliminar (pdf) en mayo de 2019 para bloquear la entrada en vigor de la política.
En 1996, el Congreso introdujo el concepto de «presencia ilegal» en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Se consideraría que un no inmigrante está «ilegalmente presente» si el individuo está «presente en Estados Unidos después de la expiración del período de estancia autorizado por el Fiscal General». Los extranjeros que permanezcan más allá de la fecha de vencimiento durante un período de tiempo acumulado podrían ser objeto de sanciones como la prohibición de volver a entrar al país durante tres años si estuvieran «ilegalmente presentes» durante más de 180 días.
La fecha de inicio del período en que se considera que un extranjero está «ilegalmente presente» suele ser la fecha de vencimiento de su visado, pero a algunos titulares de visados de no inmigrantes no se les dan fechas precisas y, en cambio, se considera que sus visados son válidos durante la «duración del estatuto», como un estudiante internacional que estudia en una universidad estadounidense. En tal caso, el estudiante puede ser admitido por el tiempo que esté estudiando a tiempo completo.
En 2018, el USCIS anunció que había cambiado su política sobre «presencia ilegal», emitida en un memorando de política, en el que se establecía que los extranjeros comienzan a acumular tiempo de presencia ilegal desde el momento en que el Departamento de Seguridad Nacional rechaza una solicitud de beneficio de inmigración porque el individuo ha violado su condición de no inmigrante, el día después de que un visado I-94 ha expirado o el día en que un juez de inmigración ordena que el extranjero sea «excluido, deportado o expulsado».
Varias universidades estadounidenses y dos individuos entablaron la demanda contra la administración Trump con el fin de detener la aplicación de la política.
En su opinión (pdf), Biggs dictaminó que la política de 2018 fue «promulgada en violación» de un procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo porque no pasó por el proceso de notificación y observación, requerido en las políticas que tienen «fuerza y efecto de ley». Además, dijo que la política de 2018 también se interpone a la ley federal porque «entra en conflicto de manera inadmisible con el texto del INA, según el cual un no inmigrante no se ‘considera ilegalmente presente’ hasta ‘después de la expiración del período de estancia autorizado por el fiscal general'».
«El USCIS deja de lado la definición particularizada del INA en favor de su regla preferida. Bajo la [política 2018], un no-inmigrante ‘comienza a acumular presencia ilegal(…)el día después de que se involucra en una actividad no autorizada’. De esta manera, el memorando disuelve indebidamente la distinción entre la ‘expiración del período de estancia autorizado’ y la violación de la condición jurídica», escribió Biggs.
Biggs también comentó el tema de los mandatos judiciales a nivel nacional, argumentando que era un alivio apropiado para este caso. Dijo que las personas que demandan buscan remedios que se apliquen no solo en cualquier lugar sino a cualquiera que esté sujeto a la política de 2018.
«De acuerdo con las circunstancias de este caso, el único método practicable para proporcionar a los demandantes la reparación a la que tienen derecho es dejar sin efecto la [política de 2018] y prohibir permanentemente su aplicación», dijo.
Dijo que esto se debía a que la falta de un mandato judicial a nivel nacional podría dar lugar a la aplicación desigual de la política de inmigración, podría alterar los «relojes de presencia ilegal» de miles de titulares actuales de visados de no inmigrantes, y que los diversos demandantes en el caso están «dispersos por todo Estados Unidos».
«Por lo tanto, un mandato geográficamente fragmentado sería insuficiente para remediar sus lesiones», escribió.
Los mandatos judiciales a nivel nacional han sido motivo de preocupación para la administración de Trump y varios altos miembros de la judicatura.
El juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch se pronunció sobre el tema en una opinión concurrente en otro caso de inmigración, diciendo que la práctica cada vez más común de los jueces de las cortes federales de dictar mandatos judiciales de alcance «nacional», «universal» o «cósmico» era preocupante, al tiempo que añadía que esos mandatos plantean «serias cuestiones sobre el alcance de los poderes equitativos de los tribunales en virtud del artículo III» de la Constitución.
Dijo que tales mandatos judiciales han hecho que los jueces tomen «decisiones apresuradas, de alto riesgo y con poca información» porque esta práctica obliga a las partes a «apresurarse a partir de una audiencia de mandato preliminar» en lugar de «emplear su tiempo en desarrollar metódicamente argumentos y pruebas en casos limitados a las partes en cuestión».
«Los costos de los mandatos judiciales a nivel nacional tampoco terminan ahí», escribió Gorsuch, añadiendo que alienta a los demandantes afectados por la decisión adversa del gobierno a «buscar un foro amistoso para asegurar una victoria a nivel nacional».
«Si un solo desafío exitoso es suficiente para mantener la regla desafiante en todo el país, la esperanza del gobierno de implementar cualquier nueva política podría enfrentar las grandes probabilidades de un éxito rotundo, convirtiendo una victoria de 94 a 0 en las cortes de distrito en una victoria de 12 a 0 en las cortes de apelación», escribió. «Una sola pérdida y la política se congelará—posiblemente para siempre, o también por un período de tiempo indeterminado hasta que otra corte conceda un aplazamiento».
Dijo que esta práctica puede repetirse, una y otra vez, hasta que una de las partes se rinda o la Corte Suprema acepte revisar el caso.
«¿De qué en este juego y caos podemos estar orgullosos?» preguntó.
El Departamento de Justicia confirmó previamente a The Epoch Times el lunes que la administración Trump ha enfrentado más de 50 requerimientos judiciales en todo el país desde que Trump asumió el cargo en 2017. Esto es más del doble de las órdenes judiciales a nivel nacional que la administración anterior había enfrentado durante sus ocho años.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la solicitud de The Epoch Times para comentar este caso.
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