La líder de Hong Kong, Carrie Lam, ha intentado calmar las preocupaciones por los riesgos que corren las libertades de la ciudad en relación con la propuesta que hizo la semana pasada Beijing para una ley de «seguridad nacional».
A Lam, en su conferencia de prensa semanal del 26 de mayo, le preguntaron si podía garantizar que los hongkoneses podrían seguir protestando en las calles, expresando su oposición a sus políticas y al Partido Comunista Chino (PCCh) si se promulgaba la ley propuesta por Beijing.
No respondió directamente a la pregunta. En cambio, pidió a la gente que no se preocupara y dio una respuesta ominosa, diciendo que las protestas «legales» no estarían en el punto de mira de la ley de seguridad nacional.
«La protesta en sí misma es una expresión de libertades, derechos y opiniones si se hace de manera legal. Hay que respetar la ley», dijo Lam. «Tiene que depender de las circunstancias y de si se ha hecho de forma legal».
La policía de Hong Kong se ha negado en muchas ocasiones a aprobar las solicitudes de protesta, alegando problemas de seguridad. Durante las protestas provocadas por el proyecto de ley de extradición del gobierno de Lam, a pesar de no contar con la aprobación oficial, los manifestantes de Hong Kong siguieron tomando las calles, expresando sus demandas de sufragio universal y de una investigación independiente de los casos de violencia policial.
El domingo, miles de personas salieron a las calles de la isla de Hong Kong para protestar contra la ley de seguridad nacional del PCCh que podría ser aprobada en Hong Kong sin el escrutinio del consejo legislativo. En respuesta, la policía local disparó gas lacrimógeno, gas pimienta y un cañón de agua en un esfuerzo por dispersar a los manifestantes, y detuvo a 193 personas —la más joven de ellas de 12 años— por cargos como «reunión ilegal».
Lam explicó que desde la perspectiva del gobierno, tiene que tener en cuenta la «seguridad» de los 1400 millones de habitantes de China.
«Como resultado, damos por sentada la legislación propuesta por el gobierno central a nivel nacional. Si hay alguna objeción, nos ocuparemos de los actos ilegales de la oposición de acuerdo con la ley y no nos echaremos atrás», dijo Lam.
Lam también defendió la ley de seguridad del PCCh, argumentando que su intención era apuntar a «un pequeño número de delincuentes, salvaguardando no obstante a la mayoría de los ciudadanos legales».
Sus palabras se hicieron eco de los recientes comentarios hechos por la prensa estatal de China, diciendo que la ley de seguridad solo se dirigía a «un pequeño grupo de personas que ponen en grave peligro la seguridad nacional», o a un pequeño grupo de «secesionistas» en Hong Kong.
Desde junio del año pasado, la prensa estatal de China ha retratado repetidamente a los manifestantes de Hong Kong como un «pequeño número de personas», entre los que se encuentran «alborotadores» y «radicales», argumentando que la «mayoría» de los hongkoneses apoyan las esperanzas de Beijing de que las protestas lleguen a su fin.
Actualmente, Hong Kong tiene una población de unos 7.4 millones de personas. En 2003, medio millón salió a la calle para protestar contra el artículo 23, un proyecto de ley antisubversivo impulsado por Beijing. Luego, en junio del año pasado, dos protestas diferentes sacaron a la calle a un millón y a dos millones de hongkoneses.
Lam le dijo a Hong Kong que la ley de seguridad nacional no era un reemplazo para el artículo 23 y expresó su esperanza de que el proceso de legislación del proyecto de ley fuera impulsado. Dijo que su gobierno «tomaría una postura firme para apoyar y colaborar plenamente con Beijing».
Al igual que el proyecto de ley de extradición más reciente, el Artículo 23 tuvo que ser desechado después de que medio millón de hongkoneses salieran a las calles a protestar, con la idea de que una ley de este tipo amenazaría la autonomía de la ciudad y sus libertades básicas.
Clamor internacional
Lam también acusó a los políticos extranjeros de hacer «declaraciones erróneas» y de aplicar un «doble rasero» con sus comentarios sobre la legalidad de la aplicación de la ley de seguridad nacional.
Después de que la asamblea legislativa de Beijing, la Asamblea Popular Nacional, anunciara el proyecto de ley el pasado 21 de mayo, dicho proyecto fue inmediatamente condenado por múltiples países y regiones, incluidos los Estados Unidos, Taiwán y Australia.
El 25 de mayo, el representante estadounidense Chris Smith (R-N.J.) emitió una declaración en la que condenaba los esfuerzos de Beijing por destruir las libertades de prensa, de expresión y de reunión de Hong Kong.
«Si la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, continúa siguiendo los dictados del secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, y no protege los derechos del pueblo de Hong Kong, habrá presidido la muerte de ‘Un país, dos sistemas'», dijo Smith.
«Y Estados Unidos se verá obligado, por ley, a reevaluar el estatus de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y nuestra relación con ella».
También el 25 de mayo, el Colegio de Abogados de Hong Kong emitió una declaración expresando múltiples preocupaciones sobre la ley propuesta por Beijing.
La asociación declaró que no había ninguna garantía de que la ley «cumpliera o se le exigiera cumplir con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se encuentra recogido en [la mini constitución de Hong Kong] la Ley Fundamental».
También expresó su preocupación por el probable escenario de que los organismos de seguridad de Beijing reciban una justificación sobre los asuntos en Hong Kong.
Se cuestionó si estas agencias «tendrían el poder de hacer cumplir la ley y si tales poderes, tal y como se ejercen, estarán limitados por las leyes actualmente en vigor en la RAEHK».
Reuters contribuyó a la elaboración de este artículo.
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