La oficina de la secretaria de estado de Michigan les ha dicho a dos secretarios de condado que legalmente no tienen que proporcionar acceso al equipo de votación, mantenido por sus oficinas, si así lo ordenan las juntas del condado.
«La Junta no tiene autoridad para exigirle a usted ni a ningún secretario municipal que proporcione acceso externo al equipo de votación mantenido por sus oficinas, y ni usted ni los secretarios municipales del condado de Cheboygan deben proporcionar este acceso», le dijo Jonathan Brater, director de la Oficina de Elecciones de Michigan, a la secretaria del condado de Cheboygan, Karen Brewster, en una carta del 20 de mayo obtenida por The Epoch Times.
Otro funcionario de la oficina de la secretaria de Estado, Jocelyn Benson, demócrata, envió una carta similar el mismo día al secretario del condado de Antrim, transmitiendo la opinión de que la junta de comisionados no tiene autoridad para exigir una auditoría u obligar a proporcionar los registros electorales.
Los comisionados pueden buscar dichos registros a través de una solicitud de ley de libertad de información, escribió Lori Bourbonais, directora de la División de Administración de Elecciones de la oficina. “Sin embargo, no tienen autoridad para ordenar a los secretarios locales o del condado que proporcionen esta información, ni las opiniones que tengan sobre la forma en que los secretarios locales realizan las transacciones de votación y registro son vinculantes para los secretarios locales de ninguna manera”, agregó.
También se recomendó a los secretarios de los condados de Brewster y Antrim que no permitieran el acceso al equipo de votación a empresas no acreditadas por la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU.
Los críticos de una auditoría en curso de boletas y máquinas de votación, en el condado más grande de Arizona, han notado que la empresa que lidera la auditoría, Cyber Ninjas, carece de la acreditación de la comisión.
En una reunión de la junta, realizada el 6 de mayo, se pidió a la Junta de Comisionados del condado de Antrim y al secretario del condado que analizaran si, y cómo, se podría requerir o solicitar una auditoría a las elecciones del 3 de noviembre de 2020. La junta trabajó con Guy para pedir respuestas a la Oficina de Elecciones.
Guy les dijo a los comisionados durante la reunión que las listas de votantes pertenecen a los municipios y alegó que la junta no podía exigir una auditoría porque carecía de jurisdicción sobre los municipios.
La comisionada Dawn LaVanway, republicana, actuó dos semanas después para que la junta completara una auditoría forense a las elecciones. La moción fracasó.
El condado, inmediatamente después de las elecciones del año pasado, informó que el demócrata Joe Biden recibió 3000 votos más en el condado que el entonces presidente Donald Trump. Sin embargo, el condado actualizó dos veces los resultados, y Trump finalmente se mostró por delante de Biden por casi 4000 votos.
Guy inicialmente atribuyó el problema a una combinación de un error de software y un error humano. Más tarde, ella y Benson culparon de lo sucedido únicamente a un error humano, específicamente a la falta de actualización de la programación de la máquina electoral. Posteriormente, un recuento manual encontró otra diferencia de unos 10 votos.
William Bailey, un votante, demandó más tarde al condado, alegando que el conteo de votos fue manipulado. Los auditores forenses que examinaron las máquinas de Dominion Voting Systems en nombre de Bailey dijeron que el software de la compañía fue «diseñado a propósito con errores inherentes para crear fraude sistémico e influir en los resultados de las elecciones». Los resultados de la auditoría fueron cuestionados por los funcionarios de Michigan y Dominion.
La semana pasada, un juez desestimó el caso de Bailey.
En el condado de Cheboygan, la Junta de Comisionados encargó a un subcomité que averiguara las razones de algunos residentes para pedir una auditoría a las elecciones presidenciales de 2020. El subcomité ha estado realizando diferentes análisis y tratando de recopilar más datos, dijo el vicepresidente de la junta, Sangster, en una reunión a fines del mes pasado.
Un equipo que incluía a Matthew DePerno, que representó a Bailey, se ofreció a realizar una auditoría gratuita en el condado. Sangster dijo que su opinión es que no hay nada gratis.
El presidente de la junta, John Wallace, dijo que el subcomité hará una recomendación a la junta después de completar su exploración.
Varios vecinos hablaron durante la reunión, unos a favor de ordenar una auditoría y otros en contra de la idea.
Wallace y Sangster no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la carta de la oficina de Benson. Dominion no respondió una pregunta. Guy no respondió a un mensaje de voz ni a un correo electrónico. Brewster se negó a proporcionar una copia de la carta y le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico: «¡Solicite cualquier información con una Solicitud FOIA!» Cuando se le informó que se había obtenido la carta y se le pidió un comentario, no respondió.
La ley estatal indica que las juntas del condado alquilan, compran o adquieren sistemas de votación electrónica, incluidas las máquinas. Eso significa que las juntas pueden ordenar una auditoría, le dijo a The Epoch Times, Beth Bridgman, líder de un grupo llamado Cheboygan Freedom Fighters que aboga por una auditoría.
“Nuestro condado pagó por esas máquinas, ¿verdad? En nombre del pueblo, nuestros comisionados lo hicieron. Y esas máquinas son nuestra propiedad física”, dijo.
El financiamiento para la auditoría, si se ordenara, provendría del dinero donado al caso legal de Bailey y de la recaudación de fondos, agregó. Podría ser realizado por Cyber Ninjas, la firma que realiza la auditoría en el condado de Maricopa.
DePerno no respondió a las solicitudes de comentarios.
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