El Parlamento Europeo pide a los regímenes dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua no aprovecharse de las medidas de control ante la pandemia de la COVID-19 para aumentar la represión y las violaciones de derechos humanos, señaló el eurodiputado Leopoldo López Gil.
Los eurodiputados abogaron por que «las medidas de emergencia adoptadas por países terceros en respuesta a la crisis relacionada con el COVID-19 no vulneren los derechos humanos ni el derecho internacional, se limiten a lo estrictamente necesario y proporcionado y sean limitadas en el tiempo y sujetas a un control periódico”, en una enmienda incluida en la resolución sobre la respuesta de la Unión Europea al coronavirus aprobada hoy por el Parlamento Europeo.
“Se trata en definitiva de una petición a determinados regímenes para que cesen en su falta de respeto a los derechos humanos y para que no cedan a la tentación de aprovechar las especiales circunstancias que vivimos a causa del virus para continuar con la represión que lamentablemente vienen aplicando”, señaló López Gil, portavoz para los asuntos de derechos humanos del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo.
En la resolución también se condena la censura, las detenciones y la intimidación de periodistas, opositores políticos, profesionales sanitarios, y otras personas por criticar a los gobiernos y su gestión de la crisis.
Además, pide a la UE que apoye una campaña a nivel mundial para liberar a los presos políticos y a los defensores de los derechos humanos que se encuentran encarcelados.
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Presos políticos
Varios organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han abogado por la liberación de los presos políticos debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus del PCCh, conocido comúnmente como nuevo coronavirus, principalmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Cifras de la disidencia en Nicaragua indican que hasta el 9 de abril más de 70 personas permanecen encarceladas por no simpatizar con el régimen de Ortega. En Venezuela de acuerdo con la ONG Foro Penal hasta el 13 de abril había 335 presos políticos, mientras que en Cuba, Prisoners Defenders señala que hasta el 1 de abril son 128 los «condenados y presos políticos por oposición al régimen».
En un reporte sobre la represión en Venezuela de marzo, Foro Penal señaló que «las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena es común en diversas zonas del país».
«Llama la atención que desde el 13 de marzo de 2020, cuando fue decretado el estado de alarma en todo el territorio nacional debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), hasta el 7 de abril, fecha de cierre de este reporte, un total de 33 personas fueron detenidas arbitrariamente».
Personal sanitario y reporteros en Venezuela
En un comunicado de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) advirtieron que entre las violaciones de derechos humanos como efecto de la pandemia del virus del PCCh en Venezuela se encuentran la detención de periodistas acusados de informar o cuestionar datos oficiales. Además de «la persecución, intimidación y acoso a profesionales de la salud que denuncian la falta de equipamiento y el mal manejo epidemiológico de la crisis».
La organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en su informe del 4 de abril dijo que el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a personal de salud por exigir derechos y perseguido a reporteros.
De acuerdo con el informe, entre algunos casos de personal sanitario detenido se encuentran el del enfermero Rubén Duarte y del médico Julio Molinos, ambos detenidos el 17 de marzo por exigir en redes sociales mejores condiciones de trabajo. A Molinos, de 72 años, el tribunal le dictó medida privativa de libertad y «le impuso casa por cárcel».
Por su parte, la ONG Médicos Unidos Venezuela denunció «el secuestro político del colega Luis Araya, médico obstetra, por parte de la policía política DGCIM del régimen», quien fue liberado cerca de 18 horas después. PROVEA señaló que su detención estaba relacionada con un estado de WhatsApp donde criticaba a una funcionaria de régimen.
Asimismo, el informe denuncia que el régimen venezolano «se ha empeñado en imponer una verdad oficial» por lo que aquellos que den cifras, desmientan los medios oficiales o simplemente informen algún caso son amenazados o detenidos y citó tres casos.
El primero es el del periodista Darvison Rojas quien fue detenido el 21 de marzo por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por publicar unas estadísticas sobre el virus del PCCh correspondientes al estado Miranda que no fueron desmentidas por las autoridades. El segundo, de la periodista Beatriz Rodríguez quien fue citada a declarar por publicar información sobre el coronavirus correspondiente al estado La Guaira. Y el tercero, de la periodista de Caraota Digital, Rosalí Hernández, detenida el 24 de marzo por oficiales de las FAES cuando realizaba un recorrido por las calles de Catia, municipio Libertador, haciendo cobertura a las jornadas de esterilización que se hacían de las calles. De acuerdo con PROVEA fue detenida durante 40 minutos aproximadamente y le borraron la información que había recopilado.
«El COVID-19 plantea un grave desafío al conjunto de la sociedad, ya que los gobiernos adoptan medidas para cumplir con el distanciamiento físico. Estas medidas son indispensables, pero me preocupa sobremanera que algunos países amenacen con penas de prisión a quienes desobedezcan esas normas», advirtió la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
«El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, en particular durante esta crisis”, añadió.
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