Viendo que el régimen chino intensifica sus ataques a los manifestantes prodemocracia en Hong Kong en el período previo a una reunión política clave en Beijing, el Departamento de Estado de EE.UU. ha decidido retrasar un informe al Congreso que evalúa la autonomía de la antigua colonia británica.
El retraso tenía por objeto permitir que el informe «dé cuenta de cualquier acción adicional que Beijing pueda estar contemplando en el período previo» a la próxima sesión de la legislatura que sirve al Partido Comunista como fachada, incluyendo las decisiones «que socavarían aún más la autonomía del pueblo de Hong Kong», dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en una conferencia de prensa el miércoles.
La reunión anual del Partido para discutir las políticas futuras se celebrará el 21 y 22 de mayo de este año, después de un aplazamiento inicial debido a la pandemia.
El informe de EE.UU., que evalúa el nivel de autonomía y los derechos humanos del territorio, es un requisito de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, que fue firmada por el presidente Donald Trump el año pasado.
La soberanía de Hong Kong se transfirió de Gran Bretaña a China en 1997, y Beijing prometió mantener la autonomía y las libertades esenciales del territorio. Pero la preocupación internacional por la autonomía de Hong Kong aumentó, ya que en junio pasado estallaron protestas masivas por un proyecto de ley de extradición que permitía que las personas fueran juzgadas en los tribunales de China continental.
La ley estadounidense exige que el Departamento de Estado certifique al menos una vez al año si Hong Kong conserva suficiente autonomía para justificar su estatus comercial especial con los Estados Unidos, lo que le ha ayudado a mantener su posición como centro financiero internacional.
Estipula que las sanciones, incluidas las prohibiciones de visado y la congelación de activos, deben imponerse a los funcionarios chinos y de Hong Kong que hayan suprimido las libertades en la ciudad.
La intensificación de la represión
Desde entonces, las protestas en Hong Kong se han convertido en llamamientos que piden una mayor democracia, así como en muestras de oposición a la violencia policial contra los manifestantes.
El 15 de abril, Luo Huining, alto funcionario de Beijing en Hong Kong, pidió que se aprobara urgentemente el «Artículo 23», una controvertida legislación de seguridad nacional archivada en 2003 tras protestas masivas.
Días después, en la mayor represión del movimiento prodemocracia de la ciudad desde las protestas del año pasado, la policía de Hong Kong detuvo a 15 activistas prodemocracia el 18 de abril por supuestamente «organizar o participar en asambleas no autorizadas».
En una conferencia de prensa del 22 de abril, Pompeo dijo que el régimen chino estaba explotando el enfoque del mundo sobre la pandemia con un «comportamiento provocativo» para erosionar la autonomía de Hong Kong, ejercer presión militar sobre Taiwán y coaccionar a los vecinos del Mar del Sur de China.
Abordó la situación en Hong Kong de nuevo el 29 de abril, diciendo: «Cualquier esfuerzo para imponer una legislación draconiana de seguridad nacional en Hong Kong sería inconsistente con las promesas de Beijing e impactaría los intereses americanos allí».
Pero Beijing ha seguido presionando a los manifestantes. Poco antes de que Pompeo anunciara el retraso del informe el 6 de mayo, la oficina de asuntos de Hong Kong de China advirtió que la ciudad «nunca estará en calma» a menos que todos los manifestantes fueran eliminados.
La oficina dijo que Beijing «tiene la mayor responsabilidad de mantener el orden y salvaguardar la seguridad nacional», y que «no se quedará de brazos cruzados».
La declaración, redactada en términos muy contundentes, avivó aún más las preocupaciones de que el régimen utilizara la pandemia como una oportunidad para reforzar su control sobre Hong Kong.
Frank Fang y Reuters contribuyeron a la elaboración de este artículo.
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