En la primera parte de este informe, se presentaron los inicios de Nayib Bukele en la política de El Salvador y quién lo respaldó para convertirse en presidente en el 2019.
Bukele, fue reelegido como presidente de El Salvador el pasado 3 de febrero y tomó posesión formal del cargo el 1 de junio, tras obtener el 85% de los votos. Continuará los siguientes 5 años en el mandato del país centroamericano.
A pesar de la amplia popularidad de la que cuenta en su país natal, el gobierno del presidente Bukele también ha llamado la atención mediática y de organismos internacionales por las particularidades de su gestión.
El «Bukelazo»
A inicios de 2020, el cambio más notable del gobierno de Bukele fue la reducción de homicidios, que bajó de 53 por cada 100,000 habitantes registrado en 2018, a 38 en 2019. Pero la cifra aún era muy alta y Bukele continuó sus esfuerzos para reducir los homicidios.
Las dos primeras fases de su «Plan Control Territorial» fueron financiadas con recursos propios del gobierno, según lo aseguró el mandatario salvadoreño. Por lo que, para la tercera fase, solicitó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares al Congreso.
El 6 de febrero de 2020, debido a la falta de aprobación del crédito, el Consejo de Ministros del presidente de Bukele citó a la Asamblea Legislativa, integrada por 84 diputados, a una sesión plenaria extraordinaria para el 9 de febrero bajo el artículo constitucional 167 numeral 7, que abrió una situación ampliamente conocida como el «Bukelazo».
El domingo 9 de febrero, Bukle ingresó inesperadamente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa acompañado de decenas de militares y policías armados con fusiles y chalecos antibalas, quienes rodearon el salón, mientras un grupo de francotiradores esperaba afuera.
Bukele se sentó en frente de todos, abrió la sesión plenaria extraordinaria y dijo: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.
Luego, Bukele oró por dos minutos y, sin despedirse de nadie, se retiró.
Al salir del lugar se dirigió a un grupo de seguidores que lo esperaba afuera y aseguró que daría una semana a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprobaran su petición, de lo contrario «habría una insurrección», y continuó:
“Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo: ‘Paciencia’. Paciencia, paciencia. ¡Paciencia! ¡El 28 de febrero [de 2021], todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente!”, dijo Bukele.
“¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué, si en unos meses vamos a tener esa Asamblea, por qué la vamos a tomar por la fuerza aunque la Constitución les dé el derecho y yo no se los voy a impedir?”, añadió.
Luego, el 18 de febrero, Bukele anunció la incorporación 1400 militares salvadoreños a las Fuerzas Armadas del país, para tareas de seguridad, con el fin de apoyar a los agentes de la Policía Nacional.
“Son días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño, en los que sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a delincuentes. Días difíciles en los que sabemos que diputados y exministros financiaban a los criminales que ustedes van a tener que perseguir y capturar”, dijo el mandatario durante el acto oficial celebrado en la Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador.
El 6 de junio, la Asamblea Legislativa finalmente anunció la aprobación del crédito de 109 millones de dólares, en una votación con 64 votos a favor, para la tercera fase del Plan Control Territorial correspondiente a un «Programa de Modernización de las Instalaciones de Seguridad Ciudadana» y otras acciones para mejorar las condiciones de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
«Con los fondos aprobados se comprará equipo táctico para la Policía y el Ejército; se invertirá en infraestructura, equipo de videovigilancia e insumos para la movilidad estratégica, entre ellos patrullas, drones, chalecos antibalas, un helicóptero y un buque», dice el comunicado de prensa emitido por la Asamblea Legislativa.
Llegada de la pandemia
El 11 de marzo de 2020, ante la alerta mundial de la pandemia, Bukele declaró Estado de Emergencia. El 18 de marzo se reportó la primera persona infectada por COVID-19. Se trató de un salvadoreño que había regresado de Italia y había ingresado por un punto ciego del país.
Tras el hallazgo, Bukele impuso una rígida cuarentena domiciliaria que inició el 21 de marzo y que le valió las críticas de organismos de derechos humanos internacionales, por las continuas detenciones a las personas que incumplían las exigencias del gobierno.
“Las autoridades han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de detención que, muchas veces, no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico», dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. «Con esta estrategia, el gobierno solo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad».
«Además, la detención de personas que salen a buscar agua, comida o medicinas afecta desproporcionalmente a quienes viven en la pobreza. El Salvador necesita soluciones integrales que atiendan la desigualdad y las causas que provocan que muchas personas necesiten salir para satisfacer sus necesidades básicas», se añadió.
Durante la pandemia, El Salvador registró un total de 4230 personas fallecidas por COVID-19, un país con 6,336,000 de habitantes, dando una taza de 0.06% de letalidad, una de las más bajas del mundo, según un estudio de la Universidad de Hopkins.
Uso de «fuerza letal» contra las pandillas
La pandemia no fue un impedimento para que el presidente Nayib Bukele cumpliera el compromiso que hizo a los salvadoreños durante su campaña, de erradicar por completo a las pandillas que durante años ejercieron una fuerte presión en todo el territorio de El Salvador.
El 26 de abril de 2020, en medio de la pandemia, después de presentarse casi 40 homicidios durante los tres días anteriores, Bukele decretó estado de emergencia y autorizó a los policías el uso de la «fuerza letal» contra los pandilleros e hizo un llamado a los funcionarios del gobierno de los otros partidos políticos a dejar de cooperar con la delincuencia.
«El uso de la ‘fuerza letal’ está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo», escribió Bukele en un posteo en X.
El mandatario además ordenó un trato más riguroso en las cárceles, las cuales, durante dos décadas, habían estado bajo el control de las maras, como resultado de los intentos fallidos de pacificación por los gobiernos anteriores.
«Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos. La Policía Nacional de El Salvador y las Fuerzas Armadas deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados», escribió Bukele en otro posteo en X.
Además, ese mismo día, el jefe de prisiones del gobierno de Bukele, Osiris Luna, anunció que se había eliminado cualquier privilegio a los casi 13,000 criminales que en ese momento había en las cárceles, y se los había mezclado sin importar la pandilla o grupo terrorista al que pertenecían.
«Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los Centros Penales de Seguridad», escribió Luna en una publicación en X.
Un año de gobierno
En junio de 2019, Bukele cumplió un año de gobierno con un marcado apoyo de la población salvadoreña, pero con una fuerte desaprobación de organizamos internacionales de derechos humanos y otros gobiernos, quienes durante los últimos meses se pronunciaron en contra por su enfrentamiento al Congreso, el manejo autoritario de la pandemia y las imágenes que empezaron a circular a nivel mundial del duro trato a los criminales dentro de las cárceles.
Una de las organizaciones que más criticó las acciones del mandatario fue Human Rights Watch (HRW), especialmente a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, quien calificó las medidas de Bukele como crueles e inhumanas.
«Si no hay una reacción internacional fuerte esto puede realmente terminar con la democracia de El Salvador. Bukele entiende que por su popularidad es invencible y El Salvador va camino de convertirse en otra dictadura latinoamericana», dijo Vivanco en una entrevista a la BBC.
Sin embargo, Bukele consideró las reacciones negativas a su gobierno como un contundente apoyo a los criminales, considerando en varias ocasiones que solo con «mano dura» se podría eliminar la elevada delincuencia en el país.
«Es increíble el apoyo internacional que tienen las maras. Organizaciones que callan al ver como descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios. No nos equivocamos, cuando dijimos que eran una organización criminal internacional», respondió el mandatario en X.
«Guardan total silencio ante actos de barbarie; pero desatan toda su furia si se intenta poner orden en centros penales, que fueron controlados por las maras durante décadas. Está claro para quien trabajan y cuáles son los intereses de sus financistas», añadió.
Los ciudadanos salvadoreños, por su parte, han manifestado un cambio considerable en su vida diaria, tanto en las comunidades como en los centros de las ciudades.
«Estamos libres todos y salimos a donde nosotros queremos, disfrutamos de la libertad, que esta libertad gracias a nuestro presidente andamos felices en las calles, sin dudar que vamos a perder nuestras pertenencias, en ningún momento va a pasar eso», dijo una salvadoreña en entrevista a Noticias de El Salvador.
Destitución a magistrados
El 28 de febrero de 2021, El Salvador realizó las elecciones a nivel nacional de magistrados de la Asamblea Legislativa, que resultó en un rotundo triunfo del partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele.
El partido Nuevas Ideas obtuvo 55 diputados, y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido aliado del presidente, obtuvo 6 escaños, sumando a su favor 61 de los 84 diputados de la Asamblea General, lo que supuso para el mandatario un amplio control en la aprobación de leyes, nombramientos y propuestas
El 1 de mayo de 2021, lo que se esperaba que fuera una ceremonia de inicio de mandato de la Asamblea Legislativa, se convirtió en la destitución de los 5 Jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El salvador y sus suplentes, por parte de los nuevos legisladores.
Los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa se ampararon en el Artículo 186 de la Constitución que contempla que la Asamblea Legislativa puede destituir a los magistrados por causas específicas, previamente establecidas por la ley, con la aprobación de al menos dos tercios de los diputados.
Los nuevos legisladores argumentaron que los magistrados destituidos habían obstaculizado el trabajo del Ministerio de Salud durante la pandemia y habían emitido veredictos contrarios a decretos ejecutivos aprobados.
También se destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, presuntamente por falta de imparcialidad debido a supuestos vínculos con el partido opositor Arena.
La destituciones generaron amplias reacciones, dentro y fuera de El Salvador.
Estados Unidos y la OEA se mostraron especialmente preocupados por la situación y expresaron que la decisión podría repercutir en la democracia del país.
El secretario de Estado, Antony J. Blinken, habló por teléfono con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, manifestando la grave preocupación del gobierno de Estados Unidos por la votación de la Asamblea Legislativa para destituir a los cinco magistrados de la Cámara Constitucional de El Salvador y el Fiscal General Raúl Melara, y señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática, según un comunicado de prensa del Departamento de Estado de EE.UU.
«En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, aseguró por su parte la Secretaría General de la OEA en un comunicado de prensa.
Bukele no prestó mayor atención a la reacciones internacionales, y compartió un mensaje en X.
«En lo personal, estoy sumamente satisfecho con la primera plenaria y el debut de la Bancada Cyan. Falta mucho por cambiar en nuestro país, pero está claro que no pueden hacerlo todo en un día. Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria», expresó Bukele.
El 5 de mayo, cuatro días después de la destitución, se nombraron a los nuevos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El salvador, tomando así el presidente el control de los tres poderes.
Aprobación de la reelección
La Constitución de El Salvador, en el Artículo 152, prohíbe la reelección presidencial, considerando que no puede ser candidato a la Presidencia de la República una persona que se haya desempeñado en el cargo «por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediatamente anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial».
El 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, haciendo una interpretación del Artículo 152, emitió un fallo en el que habilitó a los presidentes del país a optar por la reelección.
Los jueces ordenaron al Tribunal Supremo Electoral permitir «que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión».
Los funcionarios sostuvieron que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano pueda ser presidente por un máximo de 10 años y señalaron que «ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos».
La decisión de los jueces supuso un fuerte debilitamiento de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Como resultado, Estados Unidos incluyó a los recién nombrados magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Elsy Dueñas De Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, dentro de la lista de «Actores Corruptos y Antidemocráticos de los Estados Unidos».
La tensión ente los dos países se agudizó aún más con la renuncia de la principal diplomática de EE. UU. en El Salvador, Jean Manes, en noviembre de 2021.
Además de las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre del mismo año a la viceministra de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Osiris Luna Meza, y al presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín Chica, los cuales tienen estrechos vínculos personales con Bukele, acusándolos de corrupción de la Ley Magnitsky debido a reportes de reuniones con sindicatos del crimen salvadoreños.
Con información de AP
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No se pierda la tercera parte de este informe especial: ¿Quién es Nayib Bukele y cómo logró mantenerse en el poder? — Parte 3
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