Un grupo de senadores republicanos instó al gobierno federal a detener la financiación de todas las investigaciones de ganancia de función en curso y nuevas, que según ellos pueden haber contribuido al brote de la pandemia de COVID-19.
«Estos experimentos suponen amenazas extremas para la salud pública si los patógenos alterados se liberan accidental o deliberadamente», escribieron los senadores en una carta (pdf) con fecha del 22 de noviembre y dirigida a la Dra. Arati Prabhakar, directora de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca.
«Pedimos que la moratoria incluya los estudios que mejoran la virulencia o transmisibilidad de cualquier patógeno para producir un PPP [patógenos pandémicos potenciales mejorados] y los estudios que confieren una transmisibilidad humana eficiente a un patógeno incluso de virulencia modesta», escribieron los cinco senadores republicanos.
En 2014, la administración del presidente Barack Obama emitió una moratoria sobre la investigación de ganancia de función. «Estos estudios, sin embargo, también implican riesgos de bioseguridad y seguridad biológica, que deben ser mejor comprendidos», dijo Francis Collins, el director de los Institutos Nacionales de Salud, en una declaración en ese momento.
Sin embargo, en 2017, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) levantaron la pausa de financiación de los experimentos de ganancia de función con los virus de la gripe, el SARS y el MERS.
Una nueva pausa de la investigación de ganancia de función (GOF, por sus siglas en inglés) sobre los virus y la investigación de doble uso de la preocupación (DURC, por sus siglas en inglés) es necesaria debido a la «actual falta de supervisión de la investigación, directrices claras y los riesgos potenciales de brotes de accidentes de laboratorio», dice la carta, de la que primero reportó por Fox News.
«Cientos de accidentes de laboratorio comunicados a los NIH, antes ocultos al público, han sido revelados en miles de documentos obtenidos a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información», escribieron.
«Es plausible la amenaza intrínseca de que poderosos virus PPP puedan escapar de laboratorios de alta contención y alta seguridad y desencadenar un brote con una letalidad mucho mayor que la que el mundo acaba de experimentar durante la pandemia de COVID-19».
Entre los firmantes de la carta se encuentran el senador Roger Marshall (R-Kan.), el senador Chuck Grassley (R-Iowa), la senadora Joni Ernst (R-Iowa), la senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.),y el senador Marco Rubio (R-Fla.).
Investigación de la Universidad de Boston
En la carta, los senadores pedían a los NIH que aplicaran adecuadamente la Enmienda Stevens, una ley federal que exige que los proyectos de investigación financiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. revelen públicamente los costes específicos de las subvenciones.
Citaron los experimentos de la Universidad de Boston que están siendo examinados por el riesgo potencial. La edición preliminar de un documento publicada el mes pasado mostraba que los investigadores de la universidad habían creado una nueva variante de COVID-19 combinando la proteína espicular de la variante ómicron y la variante original de Wuhan. Bautizado como ómicron-S, el híbrido creado en el laboratorio mató al 80% de los ratones infectados con él.
Aunque los investigadores reconocieron cuatro subvenciones de los NIH y de su suborganismo, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), el proyecto pareció sorprender a los funcionarios de las agencias. Los NIH dijeron a los medios de comunicación que ahora están examinando si los científicos violaron los términos de la política de subvenciones o si la subvención requería una revisión bajo el marco de la Investigación Propuesta que Involucra Patógenos Pandémicos Potenciales Mejorados (P3CO), que está destinado a guiar las decisiones de financiación sobre la investigación de riesgo.
La Universidad de Boston, sin embargo, dijo que no tenía la obligación de revelar esta investigación, dado que «cumplió con todas las obligaciones reglamentarias y protocolos» y que «no hubo ganancia de función con esta investigación», según una declaración del 18 de octubre. Añadió que los fondos de la subvención «se utilizaron para ayudar a desarrollar las herramientas y plataformas que se utilizaron en esta investigación», no este estudio directamente.
«La especulación y la preocupación sobre el cumplimiento de la Universidad de Boston con las directrices P3CO podría haberse frustrado si la Universidad de Boston hubiera cumplido con los requisitos de la Enmienda Stevens para revelar el porcentaje y las cantidades de dólares de los costes del proyecto financiados directamente por las subvenciones de los NIH», escribieron los senadores en la carta.
Los legisladores republicanos afirmaron que «es de vital importancia que la OSTP instituya inmediatamente mayores protecciones para el público contra estos patógenos potencialmente letales».
«La OSTP puede implementar hoy mismo salvaguardas para prevenir la posibilidad de un brote viral originado en Estados Unidos, emitiendo una nueva moratoria en todo el gobierno sobre los estudios GOF/DURC que involucren patógenos pandémicos potenciales mejorados».
Polémica por la financiación del laboratorio de Wuhan
Los senadores también cuestionaron los millones de dólares federales que fluyeron hacia un laboratorio de alto nivel en China para investigaciones riesgosas a través de una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York.
«También estamos profundamente preocupados por la incapacidad de los NIH para responder plenamente a las investigaciones de supervisión del Congreso sobre la investigación del coronavirus del murciélago que se trasladó antes de la pandemia de COVID-19 a través de una organización sin fines de lucro, EcoHealth Alliance (EcoHealth), al Instituto de Virología de Wuhan (WIV) en China cuando dicha investigación estaba restringida por la moratoria de la OSTP», se lee en la carta.
A partir de 2014, la Alianza EcoHealth recibió 3.7 millones de dólares para estudiar los coronavirus relacionados con los murciélagos. Dirigió parte del dinero al Instituto de Virología de Wuhan, situado cerca de donde se registraron los primeros casos de COVID-19 a finales de 2019.
Los expertos creían que los experimentos realizados en la subvención cumplían la definición de ganancia de función. Pero el Dr. Anthony Fauci, jefe del NIAID, negó repetidamente esa caracterización.
El NIH suspendió las subdonaciones en 2020 ante la preocupación de que los beneficiarios no estuvieran cumpliendo con los términos de la subvención, aunque permitió que la agencia siguiera recibiendo fondos a través de otras adjudicaciones.
«El pueblo estadounidense todavía no conoce los orígenes de COVID-19 y el gobierno federal ha utilizado el dinero de los contribuyentes para financiar y patrocinar una actividad de investigación de alto riesgo», dijo el senador Grassley en una declaración que acompaña a la carta. «Los contribuyentes tienen derecho a saber exactamente qué se está haciendo con su dinero y que el gobierno ha puesto en marcha sólidos mecanismos de supervisión. Hasta ese momento, debería haber una moratoria sobre este tipo de investigación».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la OSTP, los NIH y la EcoHealth Alliance para solicitar sus comentarios.
Con información de Eva Fu.
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