La senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.) pidió al Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) que incluya en la lista negra a varias empresas chinas que presuntamente ayudan a Beijing en su vigilancia y represión contra los uigures en Xinjiang.
Blackburn, instó en una carta del 15 de diciembre a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, a que se agreguen a la «lista de entidades» a empresas en China relacionadas con el Instituto de Automatización de la Academia China de Ciencias. La lista está compuesta por empresas cuyas prácticas son incompatibles con una postura prodemocrática, y a favor de los derechos humanos, o con la salvaguarda de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Según Blackburn y sus compañeros signatarios, las empresas vinculadas a la academia están ayudando activamente a Beijing en el desarrollo de la tecnología y equipos de vigilancia que mejoran la capacidad del Partido Comunista Chino (PCCh) para perseguir a sus minorías étnicas musulmanas en la región occidental de Xinjiang.
Uniéndose a la senadora Blackburn en su apelación al Departamento de Comercio estaban los senadores Mike Braun (R-Ind.), Tom Cotton (R-Ark.), John Cornyn (R-TX), Ted Cruz (R-TX), Bill Hagerty (R-Tenn.), Marco Rubio (R-Fl.), Rick Scott (R-Fl.), Tom Tillis (R-NC), Roger Wicker (R.-Miss.) y Todd Young (R-Ind.).
“El Departamento de Comercio juega un papel fundamental en la preservación de los valores estadounidenses y la promoción de la seguridad nacional, especialmente cuando se protege a Estados Unidos de la interferencia maligna del PCCh”, dice la carta. «El PCCh es conocido por difuminar los hechos de las actividades dentro de las instituciones de investigación controladas por el Estado, por promover transferencias no oficiales de propiedad intelectual y por participar en actividades que perjudican el marco moral que rodea a los derechos humanos y a la investigación científica».
En la carta se critican especialmente los graves abusos contra derechos humanos que se cometen en Xinjiang. El gobierno de Estados Unidos, varios parlamentos occidentales y un tribunal independiente con sede en Londres han clasificado las acciones de Beijing como genocidio. La carta de Blackburn cita, entre otros abusos, la elaboración de perfiles pre-delictivos, la selección coactiva de datos genéticos, las violaciones y esterilizaciones forzadas y el internamiento masivo sin el debido proceso, y señala que el teatro de las violaciones de derechos humanos de Beijing no se limita a Xinjiang.
«Los elementos de las tácticas de vigilancia y control utilizadas en Xinjiang son también evidentes en las regiones del Tíbet y Mongolia Interior, e incluso contra disidentes en grandes ciudades metropolitanas como Beijing y Shanghai», afirma la carta.
Dadas la realidad de la vigilancia y su cada vez mayor uso como herramienta de opresión política, los signatarios instan al Departamento de Comercio a restringir el comercio con las empresas de China cuya tecnología y trabajo contribuyen a las capacidades de vigilancia de Beijing.
«Si bien el gobierno de EE. UU. ha avanzado hacia la restricción de negocios con algunas entidades de la PRC [República Popular China], los esfuerzos aún son insuficientes con respecto a las instituciones de investigación de la PRC y sus filiales, a la luz de sus contribuciones a la militarización masiva de las funciones de vigilancia», afirma la carta. «Los socios potenciales deben ser investigados minuciosamente para mantener nuestra propia seguridad nacional y para enfatizar externamente que no aprobamos el comportamiento inmoral del PCCh».
La semana pasada, el gobierno de Biden impuso restricciones comerciales y de inversión a decenas de entidades chinas por su papel de ayudar a las fuerzas armadas del PCCh o en la promoción de abusos de derechos en Xinjiang.
El Departamento de Comercio no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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