El lunes concluyó en Londres la última ronda de un «tribunal popular» creado para evaluar si los abusos del régimen chino contra los uigures y otras minorías étnicas de Xinjiang constituyen un genocidio, y se espera un veredicto no vinculante en diciembre.
El Tribunal Uigur, que se celebró del 10 al 13 de septiembre en Londres, estuvo presidido por el destacado abogado británico Geoffrey Nice y se realizó tras una primera serie de audiencias en junio, en las que los testigos relataron sus experiencias de tortura y abusos en la extensa red de campos de detención de la región.
El tribunal de nueve miembros, compuesto por académicos, empresarios y abogados, no cuenta con el respaldo del gobierno del Reino Unido ni tiene poder para procesar, pero los organizadores esperan que la evaluación independiente empuje a la comunidad internacional a tomar medidas contra el Partido Comunista Chino (PCCh) por su trato a los uigures, que en su mayoría practican el Islam.
«La decisión del tribunal no tendrá peso jurídico, sino moral», dijo el 13 de septiembre el perito judicial Andrew Khoo.
Nueve testigos y 28 expertos declararon en las audiencias de este mes, entre ellos la exdetenida Erbakit Otarbay, que afirma que ella y otros reclusos sufrieron abusos físicos durante sus 98 días en un campo de detención de Xinjiang.
Su relato coincide con el de muchos exdetenidos uigures. Los relatos de primera mano que ha recibido The Epoch Times revelan los intentos de las autoridades de despojar a los prisioneros uigures de su cultura y su lengua —como hizo el Partido con los chinos y los tibetanos durante la Revolución Cultural— obligándoles a renunciar a su fe y a jurar lealtad al PCCh y a su líder. Si los detenidos no cumplen las órdenes, pueden ser sometidos a varias formas de tortura como castigo.
Los funcionarios del PCCh afirman que las detenciones masivas entre la población uigur forman parte de las medidas para reprimir el terrorismo, el extremismo religioso y el separatismo en el país. El PCCh se ha referido a posibles «amenazas extremistas» para justificar su estricta vigilancia y represión de los uigures y otros grupos étnicos minoritarios en la región de Xinjiang.
Los uigures de la región están siendo detenidos por razones como contactar con amigos o familiares en el extranjero, viajar a un país extranjero, dejarse la barba y asistir a reuniones religiosas, según explicaron a The Epoch Times uigures que tienen familiares en los campos.
Se calcula que al menos un millón de uigures están recluidos en la red de campos de detención masiva de la región.
La kazaja Gulzire Alwuqanqizi también testificó este mes, relatando cómo la obligaron a tomar pastillas, a someterse a controles médicos, a que le tomaran muestras de sangre y a que le inyectaran sustancias desconocidas. Desde entonces ha quedado estéril, dijo al tribunal.
«Cada vez que iba a un campo [nuevo] me sacaban sangre. No tenía ninguna lógica. A veces me sacaban sangre a mí, o no, o a un grupo de estudiantes. No tenía sentido», dijo al tribunal. «Cómo se atreven a romper nuestra humanidad y nuestra dignidad».
El tribunal de Londres, financiado por el Congreso Mundial Uigur y por donaciones particulares, es el último intento de pedir cuentas al PCCh por el trato que da a los uigures y a otras minorías étnicas de la región de Xinjiang.
Estados Unidos ha declarado que las políticas de Beijing contra los uigures y otras minorías equivalen a un genocidio y a crímenes contra la humanidad. China niega las acusaciones de genocidio y trabajos forzados en la región.
Se espera que el Tribunal Uigur anuncie en diciembre si China está cometiendo genocidio o crímenes contra la humanidad, informó Radio Free Asia.
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