El presidente Donald Trump está tratando de prevenir con urgencia que el fiscal de distrito de Manhattan tenga acceso a sus declaraciones de impuestos, y solicitó a una corte federal de apelaciones que bloquee temporalmente la decisión de una corte inferior de desestimar el caso.
El equipo legal de Trump presentó el viernes una moción de emergencia a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, horas después de que un juez de la corte de distrito negara su petición de poner en pausa la decisión del juez mientras que se lleva a cabo la apelación en los tribunales.
Más temprano el viernes, el juez federal de distrito Victor Marrero rechazó la solicitud de Trump de poner en espera la decisión de Marrero hasta la apelación. El día anterior, Marrero rechazó el último intento de Trump para impedir la citación del fiscal de distrito de Nueva York, Cyrus R. Vance Jr. sobre sus ochos años de declaraciones de impuestos y otros documentos financieros del contador del presidente.
Marrero describió la nueva impugnación de Trump como una forma rebuscada del presidente para acogerse a la inmunidad de los procesos judiciales. Dijo que la acción del presidente encarna «una nueva aplicación de la inmunidad presidencial para proteger al poder ejecutivo de los procesos judiciales».
“En esencia, eso equivale a la inmunidad absoluta de modo deshonesto, un punto de partida a través del cual no solo un presidente, sino también potencialmente otras personas y entidades, públicas y privadas, podrían realmente protegerse del proceso judicial”, escribió el juez.
Al rechazar la solicitud de poner en espera la decisión, Marrero dijo (pdf) que el presidente «no desmostró que sufrirá un daño irreparable».
El equipo legal de Trump argumentó en su solicitud a la Corte del Segundo Circuito que la ejecución de la citación de Vance es, de hecho, un «daño irreparable por excelencia», si la corte no concede su solicitud.
«El presidente debe recibir un recurso de apelación de la decisión de 103 páginas de la corte de distrito que desestima su queja», escribieron.
Los abogados también argumentaron que la calificación de Marrero sobre los alegatos de Trump en su última impugnación fue «injusta».
“La corte de distrito puede estar en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema en remitir este caso para otros procedimientos. Pero esa insatisfacción no debería haber sido contra el presidente”, escribieron.
El presidente ha estado luchando contra la citación de Vance desde el 2019. El caso llegó a la Corte Suprema luego de que las cortes inferiores denegaron la solicitud de Trump de que se eximiera la citación.
El abogado de Trump argumentó ante la Corte Suprema que un presidente en funciones tiene inmunidad absoluta frente a citaciones penales estatales porque de cumplirse afectaría el desempeño de sus funciones presidenciales. El gobierno federal, que también estuvo involucrado en el caso, argumentó que una citación del gran jurado estatal para declarar los registros personales de un presidente en ejercicio debe cumplir con un estándar de necesidad más alto.
En julio, la Corte Suprema rechazó (pdf) ambos argumentos y afirmó que «ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal». Sin embargo, la corte superior dejó la posibilidad abierta para que el presidente busque un recurso, y sugirió que Trump aún podía impugnar la citación alegando otros motivos.
El equipo legal de Trump presentó una segunda impugnación contra la citación a fines de julio. Ellos argumentaron que la citación fue excesivamente genérica y, por lo tanto, se emitió de mala fe.
Los abogados del presidente también le dijeron a la corte que sus nuevos alegatos son «serios» y que el «balance de perjuicios se inclina fuertemente a su favor».
“La idea de que el fiscal de distrito necesita estos registros con tanta urgencia que no hay tiempo para un recurso de apelación—luego de que él voluntariamente aplazó la ejecución por casi un año—es inverosímil”, dijeron.
Ellos también solicitaron a la Corte del Segundo Circuito que se dictamine antes del 28 de agosto, ya que las partes acordaron mantener el fallo de la corte de distrito durante siete días a partir desde la fecha del fallo de Marrero.
Vance está solicitando la documentación financiera de Trump como parte de una investigación criminal del gran jurado.
A modo general, se creía que la investigación de Vance se basaba en el pago de sobornos realizados a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016: la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, y la exmodelo de Playboy, Karen McDougal. Pero unos recientes expedientes judiciales del equipo de Vance sugieren que el alcance de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan podría ser más amplio de lo que se conocía anteriormente.
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