El fiscal general de Nebraska está trabajando con otros fiscales generales para impugnar las nuevas órdenes de vacunación contra COVID-19 del presidente Joe Biden, dijo el gobernador de Nebraska este domingo.
«Él está coordinando con los otros fiscales generales de todo el país que comparten puntos de vista similares sobre la extralimitación», dijo el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, en el programa Fox News Sunday.
«Se trata de una flagrante extralimitación de la autoridad federal y cuando veamos cuáles son estas reglas podremos saber exactamente cómo podremos impugnarlas en los tribunales. También estoy hablando con mis colegas de todo el país, los otros gobernadores que piensan como yo, y trabajaremos en otras estrategias», añadió.
A través de una orden ejecutiva publicada la semana pasada, Biden obliga a los trabajadores federales a vacunarse contra el COVID-19 a menos que se les apruebe una exención religiosa o médica. También ordena a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que elabore una orden que obligue a las empresas privadas con 100 o más empleados a vacunarse.
Ricketts, un republicano, y otros 18 gobernadores condenaron de inmediato las órdenes, argumentando que ese era un enfoque que no favorece el aumento de la aceptación de las vacunas contra el COVID-19. Algunos gobernadores y fiscales generales indicaron que recurrirán a los tribunales.
«Haré uso de todas las opciones legales disponibles en el estado de Georgia para detener esta extralimitación manifiestamente ilegal de la administración Biden», dijo el gobernador republicano Brian Kemp, en las redes sociales tras el anuncio de Biden.
Cuando se le preguntó a Ricketts sobre cuándo acudiría a los tribunales, el gobernador de Nebraska dijo que eso ocurrirá cuando se establezcan las reglas exactas.
«Cuando tengamos una idea de cuáles serán exactamente esas reglas, sabremos cómo poder atacarlas en los tribunales», añadió.
Los funcionarios de la administración Biden defendieron las órdenes de vacunación, asegurando que son legales y que soportarán el escrutinio.
«La ley básicamente requiere que el Departamento de Trabajo tome medidas cuando encuentre un riesgo grave para los trabajadores», dijo el viernes a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, «y, ciertamente, una pandemia que mató a más de 600,000 personas califica como un grave riesgo para los trabajadores».
«Los requisitos que él anuncia no son requisitos generales para toda la nación. Se centran en las áreas en las que el gobierno federal tiene autoridad legal para actuar», añadió el domingo el director nacional de Salud Pública, Vivik Murthy, en el programa This Week de la cadena ABC.
Otros no están tan seguros.
Las órdenes del tipo que anunció Biden están «generalmente relegadas al poder legislativo en nuestro sistema de gobierno, por lo que creo que los tribunales se centrarán primero en esa cuestión y dirán que el presidente puede no tener autoridad para hacer esto sin la autorización del Congreso», dijo el fin de semana Alan Dershowitz, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard.
Eso es lo que ocurrió con la moratoria de desahucios ordenada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La Corte Suprema bloqueó la última moratoria el mes pasado, dictaminando que la agencia carecía de autoridad para imponer dicha prohibición y que el Congreso no la había autorizado.
«Esperamos que el Congreso se exprese con claridad cuando autoriza a una agencia a ejercer poderes de ‘gran importancia económica y política'», escribió la mayoría de la Corte.
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