Un comité de una de las instituciones de aprendizaje más prestigiosas del mundo, la Universidad de Yale, inició una investigación sobre la inversión de fondos de la dotación de 42,300 millones de dólares de la universidad en empresas activas en China que pueden ser cómplices de la represión y los abusos de los derechos humanos allí, informó Yale Daily News el 26 de enero.
Según un informe de 2020 de la oficina de inversiones de la universidad, el 6.5 % de la cartera de inversiones de la escuela se destina a los mercados emergentes, y China entra en esa categoría. No se sabe exactamente cuánto de esta cantidad va destinada a las empresas chinas.
Un informe del New York Times indica que la cartera de mercados emergentes de la universidad en 2015 comenzó a incluir inversiones en JD.Com y Tencent, que a su vez han sido objeto de recientes medidas regulatorias por parte del Partido Comunista Chino (PCCh).
El presidente de la universidad, Peter Salovey, dijo al periódico estudiantil que la desinversión está justificada cuando una empresa está activamente involucrada en causar daños sociales.
La evaluación se produce en torno a un mayor escrutinio respecto a las inversiones de EE. UU. en empresas chinas que ayudan al ejército del régimen comunista o apoyan las violaciones de derechos en Xinjiang y otras regiones de China. La administración estadounidense ya ha prohibido la inversión americana en docenas de empresas chinas que colaboran con la modernización militar del régimen.
En agosto de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. envió una carta a las universidades instándolas a desinvertir en participaciones chinas debido a la preocupación por el aumento del autoritarismo del régimen del PCCh, que, advierte la carta, tiene un efecto indirecto en el entorno de libertad intelectual en los campus de EE. UU.
«Los consejos de la administración de fondos de dotación de su institución tienen la obligación moral, y quizás incluso fiduciaria, de garantizar que su institución tenga inversiones y fondos de dotación limpios», decía la carta.
La Universidad de Yale, en el pasado, ha tomado posturas firmes contra el apoyo a empresas activas en países con problemas en materia de derechos humanos. En respuesta a las fervientes protestas estudiantiles y la construcción de barracas en el campus a inicios de la década de 1990, Yale se desvinculó de Sudáfrica debido a las políticas de apartheid de ese país. De manera más reciente, la universidad interrumpió sus inversiones en una empresa petrolera activa en Sudán por el genocidio en Darfur.
Y tampoco ha tenido reparos en retirar fondos de empresas cuyas prácticas no concuerdan con las posturas sociales y políticas apoyadas por la administración. En abril de 2021, la universidad, nuevamente en respuesta a la fuerte presión de los estudiantes, anunció un nuevo conjunto de pautas que excluyen la inversión en compañías de combustibles fósiles que dañan el medio ambiente y agudizan la crisis climática.
La investigación realizada por el comité de desinversión este mes surge en parte por un artículo anónimo publicado en el Yale Daily News sobre el destino de la estrella del tenis Peng Shuai, quien desapareció de la vista del público a fines del año pasado luego de sus acusaciones sobre abuso sexual contra el exviceprimer ministro chino Zhang Gaoli. Las preocupaciones constantes por el bienestar de Shuai, incluso luego de que volviera a estar a la vista del público, provocaron que la Asociación Femenina de Tenis cancelara los torneos que se iban a celebrar en China este año, perdiendo unos USD 1000 millones en ingresos.
El Yale Daily News publicó la carta del estudiante de manera anónima—una desviación de su política editorial habitual—con el argumento de que el estudiante tiene familia en China que podría sufrir algún castigo a manos del régimen si se conociera su identidad.
El autor del artículo critica a la Oficina de Inversiones de Yale por no revisar las implicaciones morales de sus inversiones en China y por no hacer pública una política de inversión ética específica para China. Sin sopesar la verdad o la falsedad de las acusaciones de Peng Shuai, el autor defiende el uso de la desinversión como palanca para presionar al PCCh por sus abusos contra los derechos humanos.
«Sin una presión internacional fuerte y constante, nunca volveremos a escuchar lo que ella [Peng Shuai] tiene que decir, porque solo hay un idioma que el PCCh entiende: el idioma del poder», afirma el autor.
«La fundación de Yale necesita desinvertir en China. El antecedente del PCCh ha dejado más que claro que cada dólar de inversión en China no es ético, hasta que el PCCh esté dispuesto a responder positivamente, y a actuar en consecuencia, a las acusaciones de Peng Shuai y muchos otros», agrega el autor.
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