MISSION, Texas—El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, dijo que está iniciando más demandas contra la administración Biden por no hacer cumplir la ley de inmigración.
Con cinco demandas ya presentadas, Paxton dijo que espera obligar a la administración a seguir las leyes que el Congreso ha establecido.
«Hay una razón por la que hemos demandado a la administración de Biden cinco veces sobre inmigración–se está haciendo un daño tremendo a este estado, se está haciendo un daño tremendo a esta nación», dijo Paxton durante una conferencia de prensa en la frontera entre Estados Unidos y México el 28 de abril. “Haremos todo lo posible para obligar al gobierno federal a seguir las mismas leyes que ellos aprobaron”.
Paxton criticó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por no viajar a la frontera para ver de primera mano los efectos de sus políticas.
“Parece que están tratando de ocultar mucho de lo que está pasando. Ellos son muy, muy reservados. No nos están dejando saber quién entra, quién se va”, dijo Paxton.
«Si ellos van a tener esta política de fronteras abiertas, nos veremos afectados todos los días».
Harris, quien ha sido encargada de resolver la crisis fronteriza, dijo que se está enfocando en las «causas fundamentales» de la inmigración desde los países centroamericanos, más que en los problemas inmediatos.
El 25 de abril, cuando un periodista le preguntó a Harris por qué no había visitado la frontera sur, ella respondió: «No voy a jugar juegos políticos».
La administración ha sido criticada por su rápido desmantelamiento de muchas de las medidas sobre seguridad fronteriza del expresidente Donald Trump.
El número de menores extranjeros no acompañados que cruzaron ilegalmente la frontera alcanzó un récord en marzo, con 18,663 niños detenidos por la Patrulla Fronteriza, más del doble que en febrero.
En marzo, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 168,000 extranjeros ilegales, abrumando las instalaciones y sacando a la Patrulla Fronteriza de la frontera para abordar los problemas humanitarios.
«Este es solo un punto de arranque» para los cárteles, dijo Paxton. “Ellos cruzan el río con sus drogas o (…) lo que sea que estén traficando, y eso está dando la vuelta al país».
“Entonces, los estadounidenses pueden pensar que este es un problema fronterizo, y ciertamente es más intenso aquí, y tal vez nos afecta más a nosotros–pero en última instancia, afecta a todo el país”.
Demandas presentadas anteriormente
Paxton se apresuró a demandar a la administración Biden el 22 de enero por su memorando del primer día que suspendía la deportación de la mayoría de los extranjeros ilegales. Un tribunal federal falló a favor de Paxton y bloqueó la suspensión, diciendo que el estado de la estrella solitaria se vería perjudicado por la moratoria.
El 6 de abril, Texas y Louisiana demandaron a la administración de Biden por su presunta negativa a tomar la custodia de inmigrantes ilegales condenados por delitos graves luego de que la administración estableció reglas que redujeron sus prioridades de fuerzas del orden en inmigración.
Los dos fiscales generales argumentan que los memorandos no dieron prioridad a la detención de extranjeros criminales con órdenes finales de expulsión, extranjeros criminales condenados por delitos de drogas, o extranjeros criminales condenados por delitos de vileza moral.
Una semana después, Missouri se unió al fiscal general de Texas en una demanda que buscaba restablecer el programa del Protocolo de Protección al Migrante (MPP) de Trump para frenar el aumento de inmigrantes ilegales en la frontera. La administración de Biden dejó de agregar individuos al MPP un día después de la investidura de Biden.
El MPP, también conocido como Permanecer en México, requería que los extranjeros ilegales esperaran en México mientras duraban sus procedimientos de inmigración. Antes del MPP, miles de inmigrantes ilegales fueron liberados dentro de Estados Unidos para esperar sus casos, y a menudo desaparecían en el país y no se presentaban a sus citas en la corte.
El 22 de abril, Paxton demandó a la administración de Biden por ignorar sus propias reglas contra el COVID-19 mientras manejaban el aumento de inmigrantes ilegales. Paxton alegó que el gobierno de Estados Unidos renunció a sus propias reglas «sin ninguna justificación o explicación significativa», lo cual resultó en la liberación de decenas de miles de inmigrantes ilegales a Estados Unidos sin realizarles pruebas de coronavirus.
Trece estados se unieron a Texas para presentar una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el 30 de marzo pidiendo que se les permitiera defender la llamada regla de carga pública en los procedimientos judiciales luego de que la administración de Biden decidiera no defenderla.
La regla de carga pública, que requiere que los inmigrantes potenciales puedan mantenerse económicamente, ha sido fuertemente litigada en los tribunales federales. La Corte Suprema suspendió la orden judicial de un tribunal inferior contra la regla en enero de 2020, lo cual permitió que se hiciera cumplir, a la espera que se disponga de la apelación del gobierno en la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito.
Paxton dijo que los contribuyentes en su estado están desembolsando más de USD 850 millones cada año para pagar varios costos asociados con la vivienda y el cuidado de los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Texas.
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