Un científico estadounidense que presentó una denuncia alegando que su descenso en su trabajo fue motivado por represalias políticas, testificó ante el Congreso el jueves. Al mismo tiempo el departamento donde trabajaba protestó enérgicamente por sus afirmaciones.
El Dr. Rick Bright declaró ante los legisladores que el gobierno de Donald Trump carece de un plan adecuado para responder a la pandemia de COVID-19, afirmando que los estadounidenses están «paralizados por el miedo, debido a la falta de una respuesta coordinada y la escasez de una comunicación precisa y clara sobre el camino a seguir».
«Sin una planificación adecuada, el 2020 podría ser el invierno más oscuro de la historia moderna», dijo al Subcomité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en Washington, pidiendo a los funcionarios que dejen a los científicos liderar la respuesta.
Bright recientemente dirigió la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, una oficina dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). En su declaración alegó represalias políticas por oponerse a la expansión de la hidroxicloroquina y la cloroquina, dos drogas aprobadas para el uso en varias enfermedades, contra el COVID-19.
La hidroxicloroquina utilizada incorrectamente puede provocar ritmos cardíacos irregulares e incluso la muerte, dijo Bright a los legisladores.
«Queremos asegurarnos de que las drogas que consideramos sean seguras y efectivas. Muchos de estos informes que tuvimos son pruebas anecdóticas», dijo, refiriéndose a la prescripción generalizada en el uso de estos medicamentos de parte de médicos, entre los cuales varios especialistas han afirmado que son eficaces.
Algunos estudios han demostrado que la hidroxicloroquina y la cloroquina -también usados contra la malaria- tienen efectos secundarios, incluyendo problemas cardíacos. No se ha confirmado que los medicamentos causen la muerte. Nuevas pruebas a su vez indican que la hidroxicloroquina funciona mejor cuando se combina con un antibiótico y zinc.
Bright también presionó al gobierno en febrero para que adquiriera reservas del fármaco remdesivir, un tratamiento experimental que carece de pruebas de eficacia contra COVID-19, fuera de los estudios de China, y además que se obtuviera equipo de protección personal y otros artículos que, en su opinión, no tenían una reserva adecuada en la Reserva Estratégica Nacional.
Una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo a The Epoch Times que la agencia «está fuertemente en desacuerdo con las alegaciones y tipificaciones de la queja del Dr. Bright».
En un largo comunicado de prensa emitido alrededor de la hora en que Bright comenzó a testificar el jueves por la mañana, el Departamento de Salud dijo que el médico, quien gana 285,010 dólares al año, todavía no se ha presentado a trabajar en su nuevo puesto.
Bright sigue cobrando su salario «mientras utiliza su licencia médica financiada por los contribuyentes para trabajar con abogados partidarios, que están politizando la respuesta al COVID-19», según el comunicado.
«Su queja de denunciante está llena de desinformación y argumentos unilaterales», añadió.
Por su parte Bright señaló que el Departamento de Salud presionó a los funcionarios para que aseguraran las dosis de cloroquina e hidroxicloroquina y pidió autorización de uso de emergencia para que las dosis pudieran ser distribuidas para su uso. En su alegato a los legisladores afirmó que en ese momento había «pocos datos disponibles» y que sólo quería que se aprobaran los posibles tratamientos para que se utilizaran en ensayos clínicos.
Cuando la administración propuso un uso más amplio de lo que él quería, expresó sus objeciones, lo cual cree que lo llevó a su destitución.
La hidroxicloroquina, la forma menos tóxica de la cloroquina, se ha convertido en una piedra angular en la política, para muchos, después de que el presidente Donald Trump dijera que los pacientes de COVID-19 deberían tomarla. Debido a que el fármaco está aprobado por los reguladores para su uso contra la malaria, el lupus y otras dolencias, los pacientes no tenían «nada que perder», dijo Trump en una conferencia de prensa.
Los críticos rápidamente rechazaron la recomendación, citando la falta de ensayos rigurosos que probaran la droga contra el COVID-19.
No hay tratamientos probados contra el COVID-19. Varios están siendo examinados en estudios y ensayos.
Bright habló de las luchas para advertir a los funcionarios del gobierno sobre la escasez y los métodos inadecuados en la respuesta a la pandemia, a lo cual el HHS refirió que el papel de Bright es limitado, por lo que no pudo ver el trabajo que están haciendo los superiores, incluyendo el Secretario de Salud, Alex Azar.
«Incluso hoy en día, Rick Bright sigue sin tener una visión global», dijo el departamento, señalando medidas como la Operación Velocidad Warp, un proyecto destinado a acortar el tiempo que llevará desarrollar una vacuna contra el virus del PCCh.
La audiencia contó con la participación de Bright, testificando como empleado del gobierno que fue transferido a los Institutos Nacionales de Salud para trabajar en los tests, hablando sobre su capacidad personal, un punto destacado por los republicanos, quienes expresaron confusión sobre la naturaleza inusual de la audiencia y se preguntaron por qué no se estaban juzgando asuntos más urgentes.
La audiencia de la subcomisión había sido ostentada sobre la preservación de la integridad científica en la respuesta a COVID-19, pero solo se presentó el testimonio de Bright y de nadie más.
La presidenta demócrata de California, Anna Eshoo, minimizó las preguntas de los últimos días sobre sus vínculos con Bright y la agencia que dirigía, después de que los críticos señalaran que ella ayudó a crear la legislación en 2006 para formar su oficina, la que desde entonces ha concedido contratos por valor de cientos de millones de dólares a empresas de su distrito.
El miembro de rango, el republicano Michael Burgess, también de California, en una carta esta semana pidió a Eshoo detalles sobre la audiencia, que fue programada ante los legisladores con menos antelación de lo habitual. Eshoo respondió que la audiencia ayudaría a los legisladores a «entender mejor» lo que sucedió en los primeros días de los programas de respuesta contra el nuevo virus. «Con las lecciones aprendidas, podemos avanzar para salvar vidas», escribió.
Después que Bright testificó, una de sus abogadas, Debra Katz, se sentó a su lado y habló en algunas ocasiones. Katz estuvo en el Capitolio hace dos años ayudando a representar a Christine Blasey Ford, una de las mujeres que acusó al juez Brett Kavanaugh de agresión sexual sin pruebas. Kavanaugh fue confirmado por poco en el Tribunal Supremo después de que Ford cambiara su historia durante su testimonio ante el Congreso.
La oficina de vigilancia que recibió la queja de Bright la semana pasada dijo que debería ser reincorporado durante la investigación, según sus abogados. La oficina se negó a hacer comentarios cuando llegó a The Epoch Times.
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