Una corte de apelaciones de Nueva York confirmó la orden de mordaza impuesta al expresidente Donald Trump por el juez Arthur Engoron, rechazando el intento del exmandatario de evitar restricciones a la libertad de hablar sobre su juicio, al que ha denunciado como motivado políticamente.
En una orden emitida el 30 de noviembre, un panel de cuatro jueces de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, División de Apelaciones, anuló una suspensión temporal de la orden de silencio, impuesta inicialmente por el juez Engeron el 3 de octubre.
La nueva orden prohibió al presidente Trump hacer declaraciones públicas sobre el personal del juez Engoron después de que los documentos presentados ante la corte de apelaciones mostraran que el juez y su personal supuestamente habían recibido cientos de mensajes amenazantes.
El juez Engoron, que preside el juicio por fraude civil contra el presidente Trump en Nueva York, impuso inicialmente la orden de silencio a principios de octubre, después de que el presidente Trump acusara a la principal secretaria del juez de parcialidad política en un posteo en las redes sociales.
El 16 de noviembre, mientras el expresidente apelaba la orden, un juez de apelaciones la suspendió temporalmente.
El presidente Trump no se ha pronunciado públicamente sobre los últimos acontecimientos y su campaña no respondió inmediatamente a una consulta de The Epoch Times.
Sin embargo, los abogados del presidente Trump criticaron anteriormente la orden de silencio como una violación de su libertad de expresión.
Antecedentes
Un día después de que comenzara el juicio del presidente Trump en un caso de fraude civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el expresidente hizo un posteo en Truth Social sobre Allison Greenfield, la principal asistente jurídica del juez Engoron.
El posteo incluía una captura de pantalla de una foto de ella posando con el senador Chuck Schumer (D-N.Y.) en un evento político, con el presidente Trump etiquetando a la Sra. Greenfield como leal al Partido Demócrata.
«La amiga de Schumer, Allison R. Greenfield, está llevando este caso contra mí. ¡Qué vergüenza! Este caso debería ser desestimado inmediatamente», escribió el presidente Trump en el posteo, que posteriormente borró después de que el juez Engoron se enterara del posteo y emitiera una orden verbal de mordaza en la corte ese mismo día.
Sin embargo, el presidente Trump recibió una multa de 5000 dólares después de que se informara al juez Engoron que uno de los sitios web de la campaña del expresidente conservaba una página que archivaba el posteo original de Truth Social. El expresidente fue luego multado con otros 10,000 dólares por mencionar en declaraciones a la prensa a una persona «partidista» sentada «al lado» del juez, aunque no identificó a la persona por su nombre.
Más tarde, el juez Engoron amplió la orden de silencio para incluir a los abogados del presidente Trump, prohibiéndoles hacer declaraciones sobre el personal del juez o sobre las comunicaciones entre él y los miembros de su personal.
Pausa de la orden de silencio
Después de que los abogados del presidente Trump presentaran una apelación para que se levantara la orden de silencio, la corte de apelaciones de Nueva York suspendió temporalmente la orden el 16 de noviembre.
«Teniendo en cuenta los derechos constitucionales y estatutarios en cuestión, se concede una suspensión provisional», escribió el juez asociado de la División de Apelaciones de Nueva York, David Friedman, en su decisión.
El juez Friedman cuestionó la autoridad del juez Engoron para restringir el discurso del presidente Trump fuera de la sala del tribunal, señalando que las órdenes de silencio normalmente se emiten en casos penales donde las declaraciones públicas del acusado podrían influir en el jurado.
Después de que se levantó temporalmente la orden de silencio, el presidente Trump reaccionó rápidamente criticando al juez Engoron y a su secretaria.
«Su ridícula e inconstitucional orden de silencio, no permitiéndome defenderme contra él y su secretaria políticamente parcial y fuera de control, que odia a Trump, que lo está hundiendo a él y a su Corte a nuevos niveles de BAJEZA, es una vergüenza», escribió el presidente Trump en un posteo en Truth Social el 17 de noviembre.
El juez Engoron, un demócrata, argumentó que su orden de silencio contra el presidente Trump era necesaria debido a los presuntos ataques y amenazas contra su personal.
Las amenazas se hicieron a la oficina del juez Engoron, según una declaración jurada adjunta a un expediente judicial del 22 de noviembre, que afirma que ha habido una «inundación» de mensajes amenazantes al teléfono de la sala de la corte y al teléfono celular personal, al correo electrónico y a cuentas de redes sociales de la Sra. Greenfield.
Amenazas
Charles Hollon, funcionario judicial del Departamento de Seguridad Pública de Nueva York, escribió en la declaración jurada que la información personal de la Sra. Greenfield, incluido su número de teléfono celular personal y sus direcciones de correo electrónico personales, se habían visto comprometidos, «lo que resultó en un doxing diario».
«Ella ha sido sometida diariamente a acoso, comentarios despectivos y a tópicos antisemitas», añadió el Sr. Hollon.
Si bien la declaración jurada no incluye los mensajes amenazantes supuestamente dirigidos contra la Sra. Greenfield, sí incluye transcripciones de mensajes de voz amenazantes dejados en el teléfono de la sala del juez Engoron.
«Usted debería ser asesinado. Usted debería ser asesinado», se lee en un mensaje.
«Arthur, usted es un nazi corrupto y una de las personas más feas que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, y su empleada, que también es [una] nazi corrupta, es una gorda [improperio] que [improperio] Chuck Schumer y todo el mundo lo sabe”, dice otro. «Usted es un delincuente.»
El Sr. Hollon escribió que las amenazas contra el juez Engoron y la Sra. Greenfield podrían considerarse «serias y creíbles y no hipotéticas ni especulativas», y que los mensajes recibidos por el juez y su personal «crearon un riesgo continuo de seguridad para el juez, su personal y su familia.»
También indicó que la avalancha de mensajes amenazantes había provocado que la unidad de evaluación de amenazas judiciales tuviera que reevaluar constantemente qué protecciones de seguridad deberían implementarse para garantizar la seguridad del juez y de las personas que lo rodean.
En el caso de fraude civil contra el presidente Trump, la Sra. James, una demócrata, alegó que él y su empresa, la Organización Trump, defraudaron a los bancos, aseguradoras y a otros, al supuestamente sobrevalorar sus activos y exagerar su patrimonio neto en documentos que se utilizaron en negocios y para asegurar préstamos.
El presidente Trump se declaró inocente y acusó a la Sra. James de emprender un proceso por motivos políticos destinado a descarrilar su campaña presidencial de 2024. Actualmente, el Sr. Trump es, con gran diferencia, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024.
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