La Corte Suprema inició el 4 de octubre un nuevo año judicial que está lleno de casos cruciales, como cuánto se puede restringir el acceso al aborto y si el estado de Nueva York infringió la Segunda Enmienda.
El magistrado presidente John Roberts abrió el año señalando que el magistrado Brett Kavanaugh participaba a distancia. Kavanaugh dio positivo en el test de COVID-19 la semana pasada, aunque una portavoz del tribunal dijo que todos los miembros de su familia habían dado negativo y que no mostraba síntomas.
El lunes fue la primera vez que los magistrados se reunieron en persona desde que los argumentos se hicieron a distancia debido a la pandemia de COVID-19.
Estaba previsto que se escucharan dos casos antes de que los magistrados se dirigieran a sus casas por la noche.
Uno trata de una impugnación presentada contra Tennessee por Misisipi en relación con que el primero presuntamente bombea agua subterránea de un acuífero situado bajo el territorio del segundo. Misisipi reclama más de 600 millones de dólares por daños y perjuicios.
El otro se refiere a la entrada en un domicilio de un agente de las fuerzas de seguridad que no se identificó. Los abogados del hombre dicen que la entrada violó los derechos constitucionales del hombre.
Más adelante, los magistrados escucharán a las partes argumentar si la prohibición del aborto de 15 semanas en Misisipi es legal. Los opositores dicen que no está bajo el precedente establecido por el caso Roe contra Wade, mientras que los partidarios dicen que esa decisión fue errónea y esperan que la Corte Suprema la anule.
«Roe» ha estado en terreno movedizo desde el día en que se decidió. Incluso eminentes estudiosos liberales a favor del aborto han dicho que Roe no tiene base en la propia Constitución», dijo John Malcolm, vicepresidente del Instituto para el Gobierno Constitucional de la Fundación Heritage, en el programa «Washington Journal» de C-SPAN.
Otro caso de gran repercusión es el relativo a la ley del estado de Nueva York según la cual los solicitantes de permisos de pistola deben demostrar una «causa adecuada» para llevar un arma, un requisito que, según algunos opositores, viola la Segunda Enmienda.
«Si alguna vez el término ‘blockbuster’ fue apropiado, este término va a ser definitivamente un término enorme cuando se trata de casos de gran importancia para el país. Tenemos el derecho al aborto, las leyes sobre armas, cuestiones relacionadas con la instrucción religiosa en las escuelas», Elizabeth Wydra, presidenta del Constitutional Accountability Center.
El tribunal rechaza algunos casos antes de que se abra el plazo
Los magistrados se reunieron en una conferencia privada la semana pasada para decidir sobre la audiencia o el rechazo directo de una serie de casos.
Justo antes de que se abriera el nuevo mandato, se publicó un documento de 66 páginas (pdf) en el que se describen sus decisiones. Denegaron muchos de los recursos.
Una denegación notable: un caso en el que los residentes del Distrito de Columbia intentaban conseguir un miembro con derecho a voto en el Congreso. Ahora mismo, Washington solo tiene un delegado sin voto.
Los demandantes, un grupo de 11 residentes, fueron rechazados por un panel de la corte de apelaciones el año pasado que señaló que la Constitución dice que los miembros de la Cámara de Representantes deben ser elegidos por la gente de los estados. El distrito no es un estado, señalaron los jueces.
Otro rechazo se refiere a una ley del estado de Nueva York que grava a los fabricantes de opioides y a las empresas que los distribuyen. Dos grupos comerciales intentaron impugnar la ley, pero finalmente fracasaron.
Los magistrados también denegaron las peticiones de criminales condenados a muerte.
Las únicas opiniones escritas se referían a dos de las denegaciones.
El magistrado Stephen Breyer escribió que sigue creyendo que el «retraso excesivo» en la realización de una ejecución socava el fundamento penitenciario de la pena de muerte. El recluso en cuestión, Carl Wayne Buntion, fue condenado por asesinato en Texas y sentenciado a muerte en 1991 y vuelto a sentenciar en 2012. Al parecer, ha pasado los últimos 20 años en régimen de aislamiento.
«Su prolongado confinamiento, y el de otros como él, pone en duda la constitucionalidad de la pena de muerte y refuerza la necesidad de que este tribunal, u otros tribunales, consideren esa cuestión en un caso apropiado», escribió Breyer.
La magistrada Sonia Sotomayor discrepó con otra denegación, la de una petición del asesino Mickey Thomas. Ella dijo que Thomas, quien argumentó que tenía un abogado ineficaz, debía haber recibido ayuda de un tribunal inferior. Sin embargo, dijo que la denegación de la Corte Suprema fue apropiada.
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