El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) está estudiando la forma de impugnar una nueva ley en Texas que convierte en ilegales los abortos realizados después de que se detecte el latido del corazón del feto, según el fiscal general Merrick Garland.
Garland reveló el esfuerzo mientras enfatizaba que las autoridades federales tomarán medidas enérgicas contra cualquiera que intente usar la violencia o la intimidación para impedir que se realicen abortos en Texas.
«Mientras el Departamento de Justicia explora urgentemente todas las opciones para impugnar la ley SB8 de Texas con el fin de proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el acceso a un aborto, seguiremos protegiendo a quienes intenten obtener o prestar servicios de salud reproductiva de acuerdo con nuestra aplicación penal y civil de la Ley FACE», dijo Garland en un comunicado el lunes.
La Ley 8 del Senado de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre, prohíbe que se realicen abortos sin que se intente detectar el latido del corazón del feto.
Si se detecta un latido, el aborto no puede realizarse a menos que un médico diga que existe una emergencia médica. Una emergencia médica se define en el estado como una amenaza grave para la vida de la madre embarazada.
Todavía no se ha presentado ninguna demanda en virtud de la nueva ley porque no han surgido relatos creíbles de violaciones, según Texas Right to Life.
Rebecca Parma, asociada legislativa senior del grupo provida, dijo a The Epoch Times que la retórica de la Administración Biden desde el fallo de la Corte Suprema indica que los funcionarios están tratando de maniobrar alrededor del fallo «y hacer cumplir una ideología fuera del sistema judicial y en Texas».
«Veremos lo que deciden hacer, pero es decepcionante que no permitan que esto pase por la corte», dijo.
Los portavoces del gobernador de Texas, Greg Abbott, del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y del senador de Texas, Bryan Hughes, autor del proyecto de ley, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La Ley FACE prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza y la intimidación física para dañar, intimidar o interferir con una persona que intenta obtener o prestar servicios de aborto.
El Departamento de Justicia se compromete a prestar apoyo cuando una clínica o centro de salud de aborto sea atacado y se ha puesto en contacto con las Fiscalías de Estados Unidos y las oficinas de campo del FBI en Texas y en todo el país «para discutir nuestras autoridades de aplicación», dijo Garland, añadiendo que el departamento «no tolerará la violencia» contra las personas que tratan de obtener o realizar abortos.
Los proveedores de servicios de aborto y muchos demócratas han denunciado la nueva ley, argumentando que hasta nueve de cada diez abortos se verán impedidos por ella y que viola el caso Roe vs Wade, la sentencia de la Corte Suprema que determinó que el acceso al aborto es un derecho constitucional.
Los republicanos y los activistas provida afirman que la ley protege los derechos de los niños no nacidos y señalan que los funcionarios estatales no pueden hacerla cumplir. En cambio, la ley otorga a los ciudadanos privados la capacidad de demandar a los médicos u otras personas acusadas de realizar abortos ilegales o de ayudarlos.
La Corte Suprema ratificó la nueva ley la semana pasada, fallando en contra de una moción de emergencia para su aplicación inmediata. Sin embargo, la estrecha mayoría de 5 a 4 reconoció que existen problemas constitucionales y dejó abierta la posibilidad de fallar finalmente en contra de la ley.
El presidente Joe Biden, tras el fallo, ordenó a su Consejo de Política de Género y a la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca que estudiaran cómo podría el gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, «garantizar que las mujeres de Texas tengan acceso a abortos seguros y legales, tal y como protege Roe». Más tarde dijo que no estaba seguro de que el gobierno pudiera hacer algo.
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