Un tribunal de Hong Kong ordenó encarcelar el 16 de octubre a siete activistas prodemocracia por un periodo de hasta 12 meses por su participación en una protesta antigubernamental el año pasado.
La protesta, aunque fue prohibida por la policía alegando restricciones del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), tuvo lugar el 1 de julio de 2020, horas después de que entrara en vigor una amplia ley de seguridad nacional impuesta por Beijing. Ese día, miles de manifestantes salieron a la calle, a pesar de que la policía disparó gas pimienta, gas lacrimógeno y cañones de agua.
La ley de seguridad nacional a la que se opusieron los siete se está utilizando ahora contra ellos.
Los activistas, entre los que se encuentran tres exlegisladores y un exconcejal de distrito, se declararon culpables de cargos como organizar o incitar a otros a unirse a la asamblea no autorizada. Figo Chan, antiguo convocante del ahora disuelto Civil Human Rights Front (FCDH), fue condenado a una pena de cárcel de un año, mientras que a los demás se les impusieron penas de entre 6 y 10 meses.
La protesta prodemocracia atrajo a una multitud de cerca de 2 millones de personas en 2019 que expresaron su oposición a un proyecto de ley de extradición que se descartó posteriormente.
«Solo podíamos elegir la desobediencia civil (…) una forma pacífica, racional y no violenta de expresar nuestra demanda contra la ley de seguridad nacional», dijo Figo Chan, según informó Reuters.
«Para mantener la creencia en la desobediencia civil, decidí declararme culpable, admitiendo que había violado la ‘malvada ley de orden público'», dijo Chan.
Chan y otros dos ya estaban entre rejas por cargos anteriores.
Las protestas que conmovieron a la ciudad comenzaron en junio de 2019, cuando el gobierno de Hong Kong intentó introducir un plan muy controvertido que permitiría las extradiciones a la China continental. El proyecto de ley —considerado una nueva erosión de la independencia judicial de la ciudad— fue retirado oficialmente meses después.
Sin embargo, la decisión no consiguió frenar las críticas generalizadas de la sociedad civil, ya que los manifestantes también querían unas elecciones más justas y una investigación sobre la brutalidad policial.
En respuesta, Beijing aprobó entonces una ley de seguridad nacional el 30 de junio del año pasado, que castiga con hasta la cadena perpetua lo que China considera subversión, secesionismo, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.
El 1 de julio, grandes multitudes se agolparon en la zona de Causeway Bay donde debía comenzar la marcha. Sin embargo, al menos 370 personas fueron detenidas ese día por reunión ilegal y otros delitos, 10 de ellas por violación de la ley de seguridad, según la policía.
El día también coincidió con el 23º aniversario de la entrega de la ciudad de Gran Bretaña a China.
Según la Oficina de Seguridad, más de 150 personas han sido detenidas en virtud de la ley de seguridad nacional. Entre ellas, 100 personas han sido acusadas formalmente.
Tong Ying-kit, la primera persona condenada en virtud de la ley de seguridad nacional, condujo ese día su motocicleta hacia la policía mientras llevaba una bandera con el lema de protesta, ahora prohibido, «Liberemos Hong Kong. Revolución de nuestro tiempo». Tong fue condenado en julio a nueve años de prisión.
La sentencia del sábado supone también el último golpe al movimiento de la oposición. El CHRF de Hong Kong se disolvió en agosto alegando presiones políticas tras haber operado durante casi dos décadas.
El 15 de octubre, una de las pocas librerías independientes en lengua inglesa de la ciudad también cerró sus puertas, después de que el propietario decidiera abandonar la ciudad con su familia.
Con información de Reuters.
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