La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden el 12 de marzo que prorroga por al menos otra semana su suspensión temporal en la aplicación de la ley de inmigración de Texas, que habría permitido a la policía estatal arrestar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez Samuel Alito, que supervisa el circuito federal que maneja el caso, emitió una suspensión administrativa el martes (pdf), posponiendo la implementación del Proyecto de Ley 4 del Senado de Texas hasta el 18 de marzo.
La medida sucede a una decisión similar del 4 de marzo que impuso una suspensión temporal de la SB4, que fue promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre de 2023 y debía entrar en vigor el 5 de marzo.
La orden del juez Alito del 4 de marzo pospuso la implementación de la SB4 hasta el 13 de marzo, una medida que le dio a la Corte Suprema más tiempo para revisar el caso pero que, al igual que la orden del 12 de marzo que prorrogaba la suspensión una semana más, no da ninguna indicación de la postura definitiva de la corte sobre el asunto.
Los legisladores de Texas aprobaron la ley SB4 en un intento de dar más poder a las fuerzas del orden estatales y locales para frenar el flujo de inmigrantes ilegales en el estado de la Estrella Solitaria. El proyecto de ley tipifica como delito el ingreso a Estados Unidos de cualquier persona que no sea ciudadano o nacional estadounidense en cualquier lugar que no sea un punto de entrada legal. También prevé un mecanismo para la deportación de los infractores, al tiempo que otorga inmunidad civil a las fuerzas del orden y otros funcionarios que hagan cumplir sus disposiciones.
«Hace cuatro años, Estados Unidos registró el menor número de cruces fronterizos ilegales en décadas», declaró el republicano Abbott durante la ceremonia de promulgación de la ley el 18 de diciembre en Austin. «Fue debido a cuatro políticas puestas en marcha por la Administración Trump que llevaron a un número tan bajo de cruces ilegales».
«El presidente Biden ha eliminado todas esas políticas y no ha hecho nada para detener la inmigración ilegal», agregó el Sr. Abbott, culpando al presidente Joe Biden de revertir las políticas de la era Trump que ayudaron a detener el flujo de inmigrantes ilegales a través de la frontera, como la política de «permanecer en México» que requería que los solicitantes de asilo esperaran fuera de Estados Unidos hasta que sus solicitudes fueran procesadas.
El presidente Biden y los miembros de su administración han reconocido el problema de la inmigración ilegal, pero niegan su responsabilidad, culpando del problema a un sistema de inmigración «fallido», al crimen y a la corrupción en países de los que la gente huye en busca de mejores oportunidades, e incluso al cambio climático.
Impugnaciones legales
Varios grupos de defensa de la inmigración se han opuesto a la SB4, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas (ACLU) y el Foro Nacional de Inmigración.
Poco después de que Abbott promulgó la SB4, grupos de defensa de la inmigración y el condado de El Paso demandaron al Departamento de Seguridad Pública de Texas, argumentando que la ley es inconstitucional y acusando al gobernador de Texas de intentar eludir la autoridad federal para la aplicación de las leyes de inmigración.
«Los intentos del gobernador Abbott para eludir el sistema federal de inmigración y negar a las personas el derecho al debido proceso no solo son inconstitucionales, sino que también son peligrosamente propensos a errores, y perjudicarán desproporcionadamente a las personas de raza negra y de color, independientemente de su estatus migratorio», dijo Anand Balakrishnan, abogado senior del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en una declaración.
El 29 de febrero, un juez federal bloqueó
temporalmente la entrada en vigor de la SB4, pues el juez de la Corte de Distrito de EE.UU. David Ezra dictaminó que violaba la cláusula de supremacía de la Constitución de EE.UU. que otorga al gobierno federal la autoridad exclusiva para resolver asuntos relacionados con la inmigración.
El juez Ezra, designado por el presidente Ronald Reagan, rechazó el argumento del estado de Lone Star de que tiene la autoridad para tomar medidas para hacer cumplir la seguridad fronteriza ante una «invasión» de inmigrantes ilegales.
«Los aumentos repentinos de la inmigración no constituyen una ‘invasión’ en el sentido de la Constitución, ni Texas está participando en una guerra al hacer cumplir la SB4», escribió el juez Ezra en su orden (pdf).
«Permitir que Texas reemplace permanentemente las directivas federales sobre la base de una invasión equivaldría a la anulación de la ley y la autoridad federal— una noción que es antitética a la Constitución y ha sido inequívocamente rechazada por las cortes federales desde la Guerra Civil», agregó.
El 1 de marzo, una corte de apelaciones suspendió el fallo del juez Ezra que suspendía temporalmente la ley de inmigración, abriendo un camino para que entrara en vigor según lo previsto.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, suspendió su decisión durante siete días para dar al gobierno federal la oportunidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema, lo que hizo el Departamento de Justicia (DOJ) presentara una solicitud para anular la suspensión de la corte de apelaciones (pdf).
El juez Alito, en respuesta a la petición del DOJ, suspendió la orden de la corte de apelaciones hasta el 13 de marzo, dando a Texas más tiempo para presentar su caso. Con su orden del 12 de marzo, el juez Alito prorrogó esa pausa hasta el 18 de marzo.
Si la Corte Suprema finalmente da la razón a Texas, la SB4 podría entrar en vigor el 18 de marzo a las 5 p.m. hora del Este.
Trump califica la frontera abierta como una toma de poder
Las tensiones han sido altas entre Texas y la administración Biden debido a la seguridad fronteriza, en un momento en el que el número de inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos alcanza cifras récord.
Algunas estimaciones sitúan en unos 10 millones el número de inmigrantes ilegales que ingresaron al país desde que el presidente Biden asumió el cargo.
La inmigración ilegal se ha convertido en una preocupación clave entre los votantes en este ciclo electoral, y una encuesta reciente de la Universidad de Monmouth reveló que alrededor de seis de cada 10 estadounidenses consideran que la inmigración ilegal es un «problema muy grave».
Eso es un fuerte aumento con respecto a 2015 y 2019, cuando encuestas anteriores de Monmouth revelaron que el 43 por ciento y el 49 por ciento, respectivamente, mantenían esa opinión.
La encuesta también mostró que, por primera vez en la historia de la encuesta, la mayoría de los estadounidenses apoya la construcción de un muro al estilo de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México.
El expresidente Donald Trump acusó al presidente Biden de impulsar políticas de fronteras abiertas como parte de un cínico intento de ampliar la base de votantes demócratas y permanecer en el poder durante décadas.
«Biden y sus cómplices quieren derrumbar el sistema estadounidense, anular la voluntad de los votantes estadounidenses reales y establecer una nueva base de poder que les dé control durante generaciones», dijo el presidente Trump durante un mitin el 2 de marzo en Greensboro, Carolina del Norte.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la afirmación del presidente Trump.
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