La Administración Biden amplió el lunes la política de «permanecer en México» de la era Trump a San Diego (California), cumpliendo con una orden de un tribunal federal, incluso mientras continúa con los planes para poner fin a la política, dijeron funcionarios de la administración a varios periodistas en una llamada.
Implementada en 2019, la política, oficialmente llamada Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), requiere que los solicitantes de asilo esperen en México hasta que su caso sea escuchado, en lugar de que se les permita esperar sus audiencias en Estados Unidos.
San Diego es la segunda ciudad fronteriza de EE. UU. en la que se está reimplantando el MPP. Es probable que las primeras devoluciones de San Diego a México se produzcan el martes o el miércoles, informó el San Diego Union Tribune.
La Administración Biden reinició el programa MPP en El Paso (Texas) a principios de diciembre de 2021, tras una orden judicial. El lunes, un total de 36 personas fueron llevadas a la corte de inmigración de El Paso, las primeras en tener sus audiencias bajo la política restablecida, dijeron también funcionarios federales a varios reporteros en la llamada.
La semana pasada, la Administración Biden pidió a la Corte Suprema de EE. UU. que escuchara un caso relacionado con el MPP, instando a la corte a considerar un fallo para terminar el programa.
El presidente demócrata Joe Biden había suspendido el MPP en enero de 2021 y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo canceló oficialmente en junio.
La medida provocó una demanda de Texas y Misuri, y a raíz de dicho recurso el juez de distrito de EE. UU. Matthew Kacsmaryk dictaminó el 14 de agosto que la Administración Biden tenía que reactivar el programa. Kacsmaryk, nombrado por Trump, suspendió su fallo hasta el 21 de agosto para dar tiempo a la Administración a apelar.
El magistrado Samuel Alito bloqueó temporalmente el restablecimiento del MPP el 20 de agosto, apenas unas horas antes de que se reanudara, para permitir que la Administración Biden presentara documentos y para que el pleno de la Corte Suprema de EE. UU. considerara la solicitud.
El gobierno federal presentó una moción de emergencia ante la Corte Suprema de EE. UU. para solicitar una suspensión en relación con el fallo, pero el pleno de la Corte finalmente se negó a intervenir el 24 de agosto, permitiendo así que la orden de Kacsmaryk siguiera adelante.
A pesar de la orden del tribunal, Mayorkas intentó poner fin al programa de nuevo en octubre mediante un nuevo memorando. Dijo que el programa de la era Trump probablemente contribuyó a una disminución de los cruces fronterizos en 2019, pero lo hizo «imponiendo costos humanos sustanciales e injustificables a los individuos que se expusieron a daños mientras esperaban en México».
La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, pidió a principios de diciembre de 2021 que se pusiera fin al programa, diciendo que pone en riesgo a los solicitantes de asilo y perjudica sus derechos a las garantías procesales.
Pero un tribunal de apelación confirmó el fallo del juez a mediados de diciembre, al considerar que la administración se equivocó al poner fin al programa. El tribunal también afirmó que el memorando de Mayorkas no afectaba al caso en curso porque «simplemente reafirmaba la decisión de cancelación que los Estados habían impugnado todo el tiempo».
Con información de Reuters.
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