Una jueza estadounidense desestimó el 12 de diciembre un caso del expresidente Donald Trump sobre los registros incautados en agosto en su casa de Florida por agentes del FBI.
«Este caso se desestima por falta de jurisdicción», escribió en una orden de una página la jueza federal de distrito Aileen Cannon, nominada por Trump.
La desestimación significa que todas las audiencias programadas se cancelan, todas las mociones pendientes —incluida una moción para obtener una copia desclasificada de la orden de registro que el FBI ejecutó— se deniegan por ser discutibles, y todos los plazos se dan por terminados, señaló Cannon.
Ordenó al secretario judicial que cerrara el caso.
Un abogado que representa a Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Trump presentó el caso el 22 de agosto, varias semanas después de que los agentes realizaran una redada en su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach y retiraran miles de documentos y otros objetos mientras investigaban si había violado varias leyes, incluida una que regula el manejo de los archivos presidenciales.
Trump alegó que la ejecución de la orden de registro violó sus derechos constitucionales, describiéndola como una «redada sin precedentes e innecesaria».
Los abogados del gobierno señalaron que la orden fue aprobada por un juez y dijeron que se llevó a cabo correctamente.
Perito especial
Cannon, la jueza asignada para supervisar el caso, más tarde accedió a la solicitud de Trump de colocar un perito especial, o un tercero independiente, para adjudicar las disputas sobre los registros incautados, encontrando que el expresidente estaba «siendo privado de documentos personales potencialmente significativos» y enfrentando «un daño potencial incuantificable por medio de la divulgación indebida de información sensible al público».
También ordenó al gobierno que dejara de utilizar los documentos clasificados incautados.
En septiembre, un tribunal de apelaciones dio la razón al gobierno y permitió a los funcionarios utilizar los documentos clasificados en su investigación sobre Trump. El tribunal dijo que «no había pruebas» de que Trump hubiera desclasificado los documentos, como ha afirmado.
El mismo panel dictaminó el 1 de diciembre que Cannon no tenía jurisdicción para insertar un perito especial.
El panel ordenó que se detuviera la revisión del perito especial, pero mantuvo la orden durante siete días para dar tiempo a Trump a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Trump no ha presentado recurso, según los registros judiciales.
El tribunal de apelaciones dictó la orden el 8 de diciembre.
Cannon citó la orden al desestimar el caso.
Su orden también pone fin a la revisión del perito especial.
Estaba previsto que el juez de distrito Raymond Dearie, el perito especial, presentara un informe final a Cannon antes del 16 de diciembre. Cannon habría revisado el informe y emitido órdenes sobre cualquier disputa pendiente que las partes no hubieran resuelto.
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