Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses ha introducido una legislación en ambas cámaras del Congreso para poner fin a la práctica, autorizada por el Estado chino, de sustraer órganos a prisioneros de conciencia.
«Hay cada vez más pruebas de que el Partido Comunista Chino ha sustraído y sigue sustrayendo órganos de prisioneros y miembros de grupos religiosos chinos», dijo el senador Tom Cotton (R-Ark.) en una declaración de su oficina.
La legislación, denominada «Ley para Poner Fin a la Sustracción Forzada de Órganos de 2020», propone sanciones para las personas involucradas en la sustracción forzada de órganos y el tráfico de órganos.
Fue presentada en el Senado por Cotton el 15 de diciembre (S.5016) y en la Cámara de Representantes (H.R.8972) por los representantes Chris Smith (R-N.J.) y Tom Suozzi (D-N.Y.).
«Ya es hora de hacer responsable a Beijing de estos actos atroces», añadió Cotton.
China ha sido uno de los principales destinos del turismo de trasplantes, mientras que Beijing ha promovido su discurso en los periódicos de EE. UU. de que los órganos se obtienen de donaciones voluntarias. En 2015, el régimen chino anunció que dejaría de obtener órganos de prisioneros ejecutados y afirmó que se basaría en un nuevo sistema de donación voluntaria.
La afirmación de Beijing fue refutada por un informe de junio de 2019 publicado por un tribunal popular con sede en Londres. El informe concluía, tras una investigación de un año de duración, que la práctica, autorizada por el Estado, de la sustracción forzada de órganos se estaba produciendo a «escala significativa» en China, siendo los practicantes de Falun Gong la principal fuente de órganos. Los practicantes de Falun Gong, una práctica de meditación también conocida como Falun Dafa, han sido objeto de persecución en Beijing desde 1999.
Desde entonces, millones de practicantes de Falun Gong han sido enviados a prisiones, campos de trabajo, pabellones psiquiátricos y otras instalaciones. Cientos de miles han sufrido torturas, de acuerdo con estimaciones de Falun Dafa Information Center.
Las acusaciones de la sustracción forzada de órganos de los practicantes de Falun Gong detenidos surgieron alrededor de 2006.
El representante Smith dijo en una declaración: «La sustracción de órganos es un acto bárbaro, inhumano y atroz de importancia mundial ya que las pandillas transnacionales de tráfico de personas, las organizaciones terroristas, los especuladores e incluso los gobiernos —en particular el régimen comunista de China— matan a personas inocentes y venden sus órganos con fines de lucro».
Si se promulga, el proyecto de ley facultaría al secretario de Estado para denegar o revocar los pasaportes de las personas condenadas en virtud del artículo 301 de la Ley nacional de Trasplante de Órganos, que prohíbe el comercio y la venta privada de órganos humanos.
Además, el proyecto de ley ordenaría que el Departamento de Estado añadiera información sobre la sustracción forzada de órganos y el tráfico de órganos en países extranjeros en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.
Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de los informes de los países, el subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo tendría que presentar un informe a las comisiones de asuntos exteriores tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, en el que se identificaran los funcionarios extranjeros y las entidades responsables de la sustracción forzada de órganos.
En un informe separado, el secretario de Estado, en consulta con el secretario de Salud y Servicios Humanos, necesitarían identificar las instituciones médicas y educativas de Estados Unidos que capacitan a los cirujanos de trasplante de órganos afiliados a estas entidades extranjeras.
El proyecto de ley también prohibiría la exportación por parte de Estados Unidos de dispositivos de cirugía de trasplante de órganos a esas entidades extranjeras.
Por último, el proyecto de ley también facultaría al presidente para imponer sanciones a los funcionarios y entidades extranjeras que se dediquen a la sustracción forzada de órganos o la apoyen. Según el texto del proyecto de ley, entre las posibles sanciones figuran el bloqueo de las transacciones de propiedad en los Estados Unidos, la revocación de los visados existentes y la denegación de la entrada a los Estados Unidos.
Un informe de investigación de The Epoch Times en 2016 arrojó luz sobre un hospital chino en particular conocido por realizar cirugías de trasplante de órganos, Tianjin First Central. En el informe se llegó a la conclusión de que decenas de miles de personas podrían haber sido asesinadas, ya que el hospital realizaba más trasplantes de los que podría aportar un suministro de órganos de los prisioneros ejecutados.
En noviembre de 2019, un estudio publicado en la revista científica BMC Medical Ethics llegó a la conclusión de que era probable que Beijing estuviera falsificando sistemáticamente sus datos de donación de órganos, ya que las cifras se ajustaban muy estrechamente a una función cuadrática. El estudio también cuestionaba la afirmación de China de que estaba obteniendo órganos únicamente de donantes voluntarios.
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