Los republicanos de Pensilvania pidieron el viernes a la Corte Suprema de EE.UU. que revisara su demanda sobre la violación de la Constitución por parte de Pensilvania, al permitir que cualquier persona votara por correo.
El representante Mike Kelly (R-Pa.) y otros miembros del partido, incluyendo el candidato al congreso Sean Parnell, presentaron la demanda el mes pasado, sobre una ley estatal promulgada el año pasado.
«La Ley 77 es el cambio más expansivo y fundamental del código de votación de Pensilvania, implementado ilegalmente, hasta la fecha», declaró la demanda, describiendo la ley como «otro intento ilegal de anular las limitaciones al voto ausente prescritas en la Constitución de Pensilvania, sin antes seguir el procedimiento necesario para enmendar la constitución para permitir la expansión».
Un juez de Pensilvania dijo que los demandantes probablemente tendrían éxito y bloqueó al estado para que no certificara los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, pero la Corte Suprema de Pensilvania anuló la orden judicial días después. La Corte Suprema de EE.UU. a principios de esta semana negó una solicitud de medidas cautelares.
Los demandantes respondieron presentando una solicitud de emergencia para una orden judicial, o una suspensión inmediata, en espera de la presentación y disposición de una petición para una orden judicial de certiorari, o una revisión de la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania.
«El marco básico de nuestra democracia prohíbe la dilución de votos y la devaluación de los inquilinos constitucionales básicos. Dejando a un lado la cuestión de procedimiento, el tema central de este caso es que la Ley 77 es inconstitucional bajo la Constitución de Pensilvania y, por lo tanto, una violación de la Constitución de EE.UU.», dijo el abogado Gregory Teufel, abogado principal de los solicitantes, en una declaración.
Teufel acusó a la Corte Suprema de Pensilvania de haber «eludido su responsabilidad más básica» de determinar si una ley estatal viola la Constitución del Estado.
Si no se aborda, la cuestión central presentada en la petición «seguirá afectando a esta y a futuras elecciones nacionales», dijo, y añadió: «Por lo tanto, los solicitantes instan respetuosamente a la Corte Suprema de nuestra nación a aceptar este caso con prontitud».
Los solicitantes pidieron a la corte bloquear la certificación de los resultados de las elecciones de Pensilvania. Al rechazar esa petición, la Corte Suprema de EE.UU. no proporcionó ningún fundamento, y no hubo disidencias notorias.
El rechazo de la petición no impide que la corte acepte la petición.
«Todo lo que pasó es que no se nos concedió una orden judicial temporal», dijo Kelly esta semana. «El caso sigue vigente y en buen estado».
En una aparición en «The Situation Room» de CNN el 8 de diciembre, el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que se esperaba el rechazo de la solicitud de medidas cautelares.
«Esto envía un mensaje muy claro», dijo Shapiro. «Es hora de que sigamos adelante».
La nueva solicitud llegó el mismo día en que el máximo tribunal de la nación negó una demanda presentada por el estado de Texas contra Pensilvania y otros tres estados.
«Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la forma en que otro estado lleva a cabo sus elecciones», decía la breve orden.
El juez Samuel Alito, nombrado por George W. Bush, emitió una declaración por separado para decir que habría aceptado la petición de Texas de demandar. Se le unió el juez Clarence Thomas, nombrado por George H. W. Bush.
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