Los legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley que autorizaría sanciones y otras restricciones a los científicos afiliados al Partido Comunista Chino (PCCh) a menos que Beijing permita una investigación transparente e internacional sobre los orígenes de COVID-19 en laboratorios sospechosos en China.
El congresista Mike Gallagher (R-Wis.) presentó el martes una versión en la Cámara de Representantes de la Ley COVID-19 de 2021 (pdf), mientras que el senador Marco Rubio (R-Fla.) presentó el lunes una versión en el Senado (pdf) del proyecto de ley, que da a los líderes comunistas de China 90 días a partir de la promulgación para permitir una investigación creíble y completa sobre los orígenes del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) o enfrentarse a una serie de medidas punitivas.
«El PCCh ha mentido repetidamente sobre los orígenes de esta pandemia, ha bloqueado el acceso a importantes registros del Instituto de Virología de Wuhan y ha corrompido a la Organización Mundial de la Salud. Esto es inaceptable», dijo Gallagher en un comunicado.
A medida que han ido surgiendo preguntas sobre los orígenes del virus del PCCh, el Instituto de Virología de Wuhan, que estudiaba los coronavirus y donde los científicos llevaban a cabo investigaciones que implicaban potenciar la virulencia de algunos virus, se ha negado a compartir sus datos brutos, registros de seguridad y registros de laboratorio sobre su trabajo con los coronavirus en los murciélagos.
Y aunque un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en marzo concluía que el virus del PCCh probablemente se propagó a las personas a través de un animal desconocido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo entonces que la misión para estudiar el origen del virus no analizaba adecuadamente otras teorías.
Más de una docena de países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, expresaron su preocupación por la primera fase del estudio de la OMS sobre el origen del virus, señalando el importante retraso del informe y la negativa de China a compartir datos brutos cruciales. En mayo, Estados Unidos instó a la OMS a iniciar una nueva investigación sobre los orígenes del virus, subrayando la necesidad de transparencia.
Al mismo tiempo, un par de científicos afirmaron en un artículo de opinión publicado el 6 de junio en The Wall Street Journal que existen pruebas científicas «irrefutables» que apoyan la teoría de que el virus del PCCh no dio un salto natural de los animales a los humanos, sino que fue creado en un laboratorio chino.
El PCCh ha negado cualquier conexión entre el origen del virus y el laboratorio de Wuhan, y ha impulsado la hipótesis—de la «zoonosis natural», es decir, que el virus se transmitió a los humanos desde un huésped animal. El régimen chino también afirmó que el virus se originó fuera de China. En una rueda de prensa celebrada el 24 de mayo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, acusó a Estados Unidos de liberar el virus desde la base militar de Fort Detrick, en Maryland.
Rubio dijo en un comunicado: «El Partido Comunista Chino no quiere una investigación completa y forense sobre los orígenes de COVID-19. Si así fuera, se habría realizado en algún punto durante los últimos 18 meses. En lugar de esperar que las autoridades chinas cooperen repentinamente, Estados Unidos tiene que obligarlas a cooperar».
El proyecto de ley de Rubio y Gallagher exige el acceso de una investigación forense internacional transparente al Instituto de Virología de Wuhan en un plazo de 90 días desde la promulgación del proyecto. Si no se permite dicha investigación, se autorizarían sanciones a los dirigentes de la Academia China de Ciencias (CAS), incluidos sus más de 100 institutos y laboratorios afiliados, 13 sucursales locales y dos universidades.
El proyecto de ley también prohíbe que los dólares de investigación federales estadounidenses financien instituciones afiliadas a la CAS y más de 430 empresas de ciencia y tecnología creadas por la CAS o fundadas con inversión de la CAS.
También prohíbe a cualquier persona o institución estadounidense que reciba financiación federal, cooperar con cualquier persona o institución china en la investigación de ganancia de función, que implica la manipulación del genoma de un virus para aumentar su virulencia o transmisibilidad.
Las sanciones enumeradas en el proyecto de ley incluyen el bloqueo de activos y la denegación de visados.
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